Condenado por corrupción el exministro español José Luis Ábalos

Histórica sentencia del Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal condena a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas en el primer golpe judicial al sanchismo. Los magistrados han impuesto 24 años y tres meses de prisión al exministro y 19 años y ocho meses a su asesor en el Ministerio de Transportes, ambos en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre. Las penas coinciden con la petición de la Fiscalía: 24 años para el ex secretario de Organización del PSOE y 19 años y medio para su mano derecha. Las acusaciones populares elevaron la cifra a 30 años.

El empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero el Alto tribunal suspende la ejecución de la pena. Evitará la cárcel gracias a su aportación al descubrimiento de los delitos.

Los magistrados han hecho público este lunes la sentencia de un juicio que comenzó el pasado 7 de abril. La resolución, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, ha sido adoptada por unanimidad y concluye que Ábalos, Koldo García y Aldama formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. Estaban acusados de cobrar comisiones ilegales con la adjudicación de mascarillas al inicio de la pandemia. Se le imputaban siete delitos: integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada.

La Sala de lo Penal del Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. También le impone una multa de 3,7 millones de euros por el uso de información privilegiada. Los magistrados también sancionan con cuatro años y medio a Aldama, al que se le aplica la atenuante analógica de colaboración muy cualificada. Eso supone la suspensión de la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos a condición de no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Los delitos de Ábalos

La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha asumido el relato del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que durante el proceso sostuvo que los tres acusados formaron una «organización criminal» cuyo objetivo era obtener un beneficio al socaire del cargo que ostentaba Ábalos. El Supremo considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama.

También considera probado la remuneración mensual de 10.000 euros para gastos fijos de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas (por las que el exministro y su asesor tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500 euros respectivamente), el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre el comisionista y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de las viviendas de Marbella y La Alcaidesa por sus gestiones a favor de la publicación de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

El Supremo considera que Ábalos cometió un delito de cohecho pasivo por «solicitar y aceptar el ofrecimiento» de dos millones de euros que hizo Aldama «a cambio de encauzar» la adjudicación de las mascarillas. Los magistrados enmarcan en «prácticas de enchufismo» la contratación de su expareja Jésica Rodríguez, a la que se le facilitó el cobro de 43.950 euros sin ir a trabajar. En cuanto al cumplimiento efectivo de las penas, el tribunal fija en 16 años la de Ábalos y en 15 la de Koldo García.

La empresa beneficiada por la adjudicación de las mascarillas,Soluciones de Gestión, registró una facturación récord de 53,1 millones de euros en 2020tras haber permanecido prácticamente inactiva y sin ingresos los dos años anteriores.Unpelotazoque logró gracias a los contratos de dos entes vinculados a Transportes, el Ministerio del Interior y los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares,todos controlados por el PSOE.

Atenuante para Aldama

LaFiscalíadefiende que Ábalos acordó la adquisición de mascarillas a cambio de «una indebida compensación económica»a cuenta de Aldama, que reconoció haber obtenido 6,6 millones y que una parte fue para el exministro y su asesor. El Ministerio Público sostiene queel comisionista les habría entregado 10.000 euros mensuales en efectivo. También hubo otras retribuciones, como las estancias en chalés (Marbella y Sotogrande) yun contrato de alquiler con opción a compra de una vivienda en una de las zonas más exclusivas de Madrid que no llegó a materializarse.

Aldama también habría pagado, a través de su socio Alberto Escolano,la renta mensual del piso de Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos. En total, más de 80.000 euros en casi tres años. El exministro también estaba acusado de «promover la contratación»de la joven en dos entes públicos, Ineco y Tragsatec, pese a que nunca«desempeñó tarea alguna»entre 2019 y 2024, periodo en el que cobró casi 44.000 euros. Lo mismo que pasó con el fichaje deClaudia Montes en la empresa pública Logirail.

Los magistrados también han condenado Aldama, que regateará la cárcel. La Fiscalía solicitaba siete años de prisión para él, lo mismo que la acusación popular dirigida por el PP. Sin embargo, esta última decidió en la última jornada del juicio reclamar una rebaja de dos grados. La misma intención que tenía el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al que frenó su superior, Teresa Peramato. La fiscal general no compartía ese criterio, que podía irritar al Gobierno.

Luzón valoró el papel del comisionista para desentrañar los hechos alabando el valor de los arrepentidos para combatir la corrupción. Durante su declaración, Aldama llegó a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «el número 1» de la trama, algo que el fiscal jefe de Anticorrupción atribuyó a «un desahogo». El comisionista también afirmó que el PSOE se había financiado ilegalmente con comisiones de constructoras y con cupos de petróleo en Venezuela. Incluso apuntó a Begoña Gómez sugiriendo que había intervenido a favor del Instituto de Empresa (IE) en la compra de unos terrenos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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