Estados Unidos revocó el visado de la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, de nacionalidad gambiana, según anunció este viernes su oficina, debido a una posible investigación sobre operaciones de soldados estadounidenses en Afganistán
Chile Eboe-Osuji, presidente de la Corte Penal Internacional, institución fuertemente atacada por Estados Unidos, pidió que Washington apoye a este tribunal y se adhieran a su tratado, el Estatuto de Roma.
Estados Unidos anunció el viernes sus primeras sanciones contra la Corte Penal Internacional, y negará visas a cualquier persona involucrada en una posible investigación de militares estadounidenses en Afganistán o en otro lugar.
La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció este miércoles en la Corte Penal Internacional (CPI) la muerte del concejal Fernando Albán y aseguró tener evidencias que vinculan su fallecimiento con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.
La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, recordó que el 15 de enero de 2019 se cumplió un año de la masacre del expiloto del Cicpc, Óscar Pérez, junto a su grupo en El Junquito por parte de un contingente de efectivos de seguridad en la llamada "Operación Gedeón".
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseveró que es importante continuar fortaleciendo la acción de la Corte Penal Internacional para que se logre investigar en Venezuela la crisis por la que atraviesa el país.
Parlamentarios latinoamericanos (Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay), se sumarán a la denuncia que presentará ante la presidencia de la Corte Penal Internacional, (CPI) el diputado jubilado del Congreso de la República y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, en contra de la Fiscal de dicho organismo, Fatou Bom Bensouda, a quien señalan como “cómplice del régimen venezolano”.
El Ejecutivo español no se ha planteado "en ningún momento" reducir la presión sobre el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, este miércoles.
La vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell, anunció que se suma al proceso que varios países llevaron a la Corte Penal Internacional para iniciar una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno que preside Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), que controla la oposición, apostó el 16 de octubre por pedir a los países del mundo que ejerzan una mayor presión sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que calificaron como "régimen dictatorial".
El expresidente del Gobierno español José María Aznar afirmó este martes en Bogotá que la crisis de Venezuela no se resuelve con diálogo y que espera que su país apoye la demanda presentada contra el mandatario Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violaciones a los derechos humanos
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, pidió este martes al mundo que respalde la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.
El ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, adelantó el 10 de octubre que su país no se adicionará a la demanda que al menos seis naciones impulsan ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro por haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves que recibió la petición hecha por Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
Dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la crisis que se vive dentro de Venezuela es un tema imposible de esquivar por los representantes de Estados que toman el podio. Culpar a Nicolás Maduro de la crisis y clamar por una movida conjunta para lograr la “estabilización” del país petrolero es la constante. Y pese a una presunta intervención extranjera comandada por Estados Unidos, como lo afirma el canciller Jorge Arreaza, hay algo que sí queda claro: Venezuela está, más que nunca, en la lupa internacional
Es una abogada gambiana, de 57 años de edad, y con una trayectoria judicial conocida por buscar a criminales de guerra en el mundo. Fatou Bensouda es la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que quiere juzgar, entre otros casos, a Estados Unidos crímenes en Afganistán. En febrero puso en la mira a la represión en Venezuela de 2017 y este miércoles recibe una demanda formal de 6 países contra el presidente Nicolás Maduro por violación de derechos humanos.
Si el río suena es porque piedras trae, reza un refrán popular. Dentro de la Corte Penal Internacional el caso de Venezuela tiene tiempo sonando, desde el 8 de febrero de este año para ser más exactos, pero los pasos a seguir para determinar la culpabilidad del Estado venezolano en crímenes de lesa humanidad no son tan expeditos. Seis países de la región que conforman el Grupo de Lima entablaron este miércoles una demanda inéditda en contra del gobierno que preside Nicolás Maduro. Y con eso, se acortaría el tiempo del proceso
El gobierno de Canadá se unirá este miércoles a la iniciativa de cinco países latinoamericanos donde solicitarán abrir una investigación al presidente venezolano Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda.
Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pospusieron para el miércoles 26 de septiembre la firma de una petición para que la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que inicie una investigación sobre el gobierno de Nicolás Maduro, prevista originalmente para hoy.
A Maduro lo van a denunciar este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violación sistemática de derechos humanos en el país. Los denunciantes, cinco países de la región latinoamericana, no vacilaron en echar sus cartas al aire y ya de por sí, el hecho se convirtió en un hito histórico no solo por quiénes denuncian sino también porque el acusado se mantiene en el poder. Organizaciones en defensa de los derechos humanos están dispuestas a entregar informaciones que ayuden a las investigaciones contra el mandatario