Antes de convertirse en fiscal de la Corte Penal Internacional en 2012, Fatou Bom Bensouda se desempeñó como fiscal general y ministra de Justicia en Gambia. Bensouda dirige al único tribunal que ha sido capaz de procesar a líderes mundiales que han cometido crímenes atroces contra su propia gente.
Bensouda sorprendió el 8 de febrero al gobierno de Caracas por anunciar una investigación a la ola de protestas opositoras que dejó más de 130 muertos entre abril y julio del año pasado. Las pesquisas atienden a las denuncias contra militares, policías, grupos parapoliciales (colectivos) y altos funcionarios del chavismo involucrados a múltiples violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas.
Esta investigación se refuerza con la demanda introducida por Argentina, Colombia, Canadá, Chile, Paraguay y Perú de entablar ante la CPI contra el presidente Nicolás Maduro por «violación sistemática de derechos humanos».
«Desde 2016 he seguido de cerca la situación en Filipinas (otro país que será investigado por su política antidrogas) y en Venezuela. Presuntos crímenes podrían ser de competencia de la CPI, así que he decidido abrir un examen preliminar en cada una de estas situaciones», anunció la fiscal.
Bensouda se crió entre injusticias sociales, en una familia musulmana, y era hija de un padre polígamo, reseña el diario El Confidencial que hizo en 2016 una entrevista a la funcionaria: «después de estudiar en la Universidad de Ife, en Nigeria, empezó una carrera sin frenos ejerciendo como asistente de la ONU en Derecho Marítimo, y escalando puestos durante veinte años en la justicia pública de Gambia».
Antes de mudarse a La Haya, Bensouda fue asesora internacional en el Tribunal Penal para Ruanda que procesa el genocidio cometido en ese país en 1994. Durante 1998 y 2000, asumió un cargo que le ha valido muchas críticas. Fue parte de la cartera ministerial de Yahya Jammeh el actual presidente que está acusado por violaciones de derechos humanos.
Al mando del CPI, la fiscal tiene en el blanco a unos objetivos ajenos a las querencias de la revolución bolivariana. El presidente George W. Bush y los soldados estadounidenses que operaron en la guerra en Afganistán figuran entre sus investigaciones.
En enero, la abogada se reunió en La Haya con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, con el objeto de seguir fortaleciendo el reconocimiento del poder judicial venezolano en el ámbito internacional», reseñó una nota oficial. El encuentro, que se efectuó días antes que Moreno fuera sancionado por la Unión Europea, se encontraba Haifa Aissami, la embajadora de Venezuela ante la CPI y hermana del también sancionado vicepresidente Tareck el Aisami.
El anuncio del CPI sobre la represión en Venezuela supone un largo camino de investigaciones, pruebas a recabar y testimonios por tomar. Las palabras de Bensouda no significan un juicio a los responsables directos de la represión pero muestra interés de la justicia internacional a las múltiples violaciones cometidas en las calles.
