Cada año el gobierno nacional establece el porcentaje de la cartera de crédito bruta anual que la banca debe destinar con recursos propios al financiamiento hipotecario. Si bien para este año se mantiene el 20%, la novedad está en que se redujo de tres a un salario mínimo los ingresos mensuales necesarios de una familia para aspirar un crédito para adquisición de vivienda.
La voraz inflación y las distorsiones en los precios por escasez de materiales y excesivas regulaciones impiden que los venezolanos tengan acceso a una vivienda. Comprar resulta imposible tomando en cuenta los altos costos y la poca oferta, pero alquilar también se ha hecho cuesta arriba para el erosionado poder adquisitivo de la población.
El Ministerio de Hábitat y Vivienda hizo oficial la orden del presidente Nicolás Maduro de ampliar de 15 a 20 salarios el monto máximo de ingresos que puede percibir una familia para optar a créditos hipotecarios, con recursos de la cartera de crédito obligatoria de la banca, a través del programa gubernamental 0-800 MIHOGAR, que según el gobierno está dirigido a la clase media.
El gobierno amplió el monto para que las familias puedan acceder a los créditos hipotecarios otorgados a través de la Ley de Política Habitacional. Sin embargo, el tope del préstamo es de apenas Bs 500.000, lo cual apenas cubre el costo de la cerámica para la cocina.
Adquirir un techo propio se ha convertido en una misión difícil de cumplir. Una vivienda en Caracas puede costar desde Bs. 4,5 millones hasta 100 millones.