Familiares e integrantes de la Asamblea Nacional (AN) exigieron justicia este lunes al cumplirse un año de la muerte del concejal Fernando Albán, quien, consideran, fue asesinado mientras estaba bajo custodia del Sebin, en contra de la versión de "suicidio" de la Fiscalía chavista.
La organización no gubernamental e independiente 14Lawyers publicó este viernes una investigación multimedia sobre las arbitrariedades que ha cometido el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) contra las personas que han manifestado su oposición al régimen de Nicolás Maduro.
La Unión Europea (UE) sancionó este viernes a siete miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas por la tortura y muerte del militar Rafael Acosta Arévalo y está dispuesta a adoptar más medidas para fomentar una "transición negociada" en el país latinoamericano.
Dos militares venezolanos fueron condenados este martes a más de seis años de prisión por la muerte de Rafael Acosta, un capitán de la Armada fallecido bajo arresto por torturas, un caso que generó amplia condena internacional.
Con vigilancia y miedo, Cuba ayudó a Venezuela a rediseñar sus fuerzas armadas y el servicio de inteligencia militar. La agencia de noticias Reuters reveló cómo dos acuerdos permitieron a La Habana redefinir la seguridad venezolana desde 2008.
El exgobernador de Guárico fue capturado junto a su hijo, Carlos Manuitt, y un hermano, Alberto Martínez Camero. La policía judicial de Costa Rica decomisó armas de fuego y documentos de identidad durante la detención
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela se ha convertido en un cuerpo del horror, denunció este 19 de julio la abogada y activista venezolana Tamara Sujú, que celebró las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra cuatro jefes militares venezolanos.
Delsa Solórzano, diputada y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, dijo que las vidas de los tres militares y el ciudadano detenidos en las instalaciones de la DGCIM “están en riesgo”, recordando que fue ahí donde hace unas semanas murió el militar Rafael Acosta Arévalo
Fin del cuento. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue enterrado en la parcela número 12 del Cementerio del Este, con presencia de cinco familiares y con profusión agentes vestidos de civiles, ya que se trató de una “inhumación controlada” por órdenes de un tribunal, según indicó el abogado Alonso Medina Roa. Su esposa, Waleswka Pérez, le hablará ahora “con la emoción apretando por dentro”, según recomienda Rubén Blades hacer con los desaparecidos en su célebre canción homónima, mientras el caso pudiera estar ocultando una compleja trama de torturas y complicidades que, además, no es la primera vez que es denunciada
En las cárceles del Estado venezolano se han registrado más de 250 casos de tortura a los presos políticos, entre los que hay civiles y militares, denunció la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Diputados de la Asamblea Nacional, representantes de ONG y familiares de presos políticos se concentraron frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con la finalidad de denunciar las torturas y violaciones de Derechos Humanos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro
El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, instó este lunes a la Unión Europea (UE) a imponer sanciones selectivas contra los responsables de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo cuando estaba detenido y bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro.
El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, denunció este viernes la detención de dos miembros de su equipo de seguridad y alertó de que pueden estar "siendo torturados"
El general Cristopher Figuera, el ex jefe máximo de la temida policía política de Venezuela,Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (Sebin), concede una nueva entrevista, esta vez al diario español El País, desde su exilio en Estados Unidos. Con conocimiento de causa revela y confirma lo que ya ha sido denunciado reiteradamente por defensores de los derechos humanos: las torturas son una práctica sistemática en los organismos de seguridad del Estado, y el concejal opositor Fernando Alban no se suicidó, sino lo lanzaron desde una ventana en un edificio oficial.
La familia del fallecido capitán de corbeta de la Armada venezolana expresó su deseo de realizar los actos fúnebres en la ciudad de Maracay, pero por orden del Tribunal 36 de control penal fueron realizados en el Cementerio del Este, en Caracas
Varias ciudades del interior de Venezuela acataron este viernes 5 de julio el llamado del líder de la Asamblea Nacional (AN) y presidente interino del país, Juan Guaidó, a manifestar en las calles para exigir justicia por los casos de torturas y violaciones de derechos humanos con ocasión de un nuevo aniversario de la firma del acta de independencia.
El jefe de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por más de 50 países, llamó este viernes a los ciudadanos a manifestarse en las calles para recuperar la independencia, en el día que el país celebra 208 años de la firma del acta de independencia en 1811.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este jueves al régimen de Nicolás Maduro a acabar con las graves vulneraciones de derechos humanos en Venezuela, en un informe que se publica tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michele Bachelet.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) responsabilizó este jueves al Estado venezolano por la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo y por la pérdida de visión del joven Rufo Chacón Parada. Asimismo, aseveró que no consentirá "la manipulación, el disimulo y la atenuación de estos graves hechos".
Con la imputación de dos agentes de la Dgcim (Dirección de Inteligencia Militar) con la calificación de “Homicidio Preterintencional Concausal” por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, mientras estaba recluido en la sede del organismo, el Estado venezolano intenta evadir la responsabilidad en los delitos de tortura y homicidio que llevaron a la muerte de este militar, según lo explica el abogado, Gonzalo Himiob. El informe de 2018 de la ONG, Casla, con más de 500 casos de tortura documentados, concluye que en “Venezuela se ha instalado un sistema torturador que se dirige desde el Poder Ejecutivo”.