La campaña no se detiene en Cataluña

¿Por qué en los ayuntamientos? Porque desde el 22 de septiembre hasta la fecha, 874 municipios catalanes se han pronunciado a favor de la consulta. Se trata de 92,3% de los ayuntamientos de Cataluña, que aprobaron mociones de apoyo a la ley que acaba de suspender el Tribunal Constitucional.

Las mociones en efecto dominó fueron una iniciativa promovida por la Asociación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios por la Independencia. El porcentaje restante es de ayuntamientos donde gobiernan fuerzas en contra de la consulta o en contra de la independencia (que no son conceptos autoexcluyentes), como el Partido Popular de Catalunya, el Partido Socialista de Catalunya o Ciutadan’s.

El mismo día que el president de la Generalitat, Artur Mas, presenta el “libro blanco” de la “transición nacional”, donde se reúnen las características de una posible Cataluña independiente; el Tribunal Constitucional (TC) de España suspende el decreto de consulta que Mas firmó el sábado. De hecho, el tribunal no hace más que poner en marcha las sugerencias que el domingo dictaminó por unanimidad el Consejo de Estado, órgano consultivo de la Moncloa. Todo, mientras el presidente Mariano Rajoy volvió de China.
En menos de un fin de semana, la meta de votar el 9 noviembre se transformó de lema de marchas y slogan de campaña, a espejismo en el desierto. Esa fecha fue escogida en diciembre de 2013, con el apoyo parlamentario de los partidos del bloque soberanista: la izquierda republicana, la izquierda ecologista, la izquierda catalanista y el partido de gobierno, una coalición de centro-derecha catalana.

Hasta este lunes, el plan A del soberanismo catalán era previsible. Piden al Congreso de los Diputados, en Madrid, la transferencia de competencias para hacer un referéndum (8 de abril). Les dicen que no. Aprueban una ley de consultas –no refrendarias, no vinculante– para poder medir el pulso en Cataluña (19 de septiembre). Les acaban de decir que no.

¿Y quien les dice que no? El mismo Tribunal que suspendió una declaración de soberanía aprobada por el Parlament (23 de enero). Lo curioso es que entonces, el Tribunal dijo que era inconstitucional definir el pueblo de Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano». Pero que no lo era el “derecho a decidir” en el marco de la ley. De allí que apostaran por una ley de consultas a la catalana.

De momento, Cataluña y su relación de encaje con España tienen un problema social, atascado en un debate jurídico, a la espera de alguna solución política.

La prensa local observa tres posibilidades, dos de las cuales implican elecciones plebiscitarias. Una: van todos en bloque con el compromiso de hacer una declaración unilateral de independencia. Dos: van por separado. Y tres: Artur Mas decide agotar la legislatura, en 2016, en la soledad de la frustración. Pero son escenarios avanzados. El verdadero dilema del momento es ¿obedecer o no obedecer al Tribunal Constitucional?

Todos los esfuerzos se concentran en la fecha acordada: 9 de noviembre. Antes de eso, las fuerzas del “mejor unidos” intentarán sacar músculo alrededor del 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Ese día, Societat Civil Catalana, una organización que debutó en abril de este año, convoca una manifestación “por la España de todos” en Plaza Catalunya.

Mientras tanto, el conflicto de competencias sigue en vilo. Por un parte, el Tribunal impugna la convocatoria. No la desecha, la mete en el congelador: “Debiendo el Tribunal ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses”, según se lee en la providencia. Por otra, admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por Madrid, dejándole un plazo de 20 días a los catalanes, para hacer las alegaciones convenientes. Y en la Plaza Sant Jaume, donde está el Palau de la Generalitat, un marcador sigue en cuenta regresiva.