EEUU incluye a la Venezuela de Maduro entre violadores de Derechos Humanos

En su informe anual sobre Derechos Humanos en todo el mundo, correspondiente a 2014, EEUU remarcó además «los abusos» por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela durante las protestas del pasado año entre febrero y mayo con «detenciones arbitrarias, tortura y encarcelamiento de los manifestantes».

Asimismo, el reporte denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro «arrestó y encarceló a varias figuras de la oposición, bloqueó medios de comunicación, e intimidó a periodistas mediante el uso de amenazas, multas, tomas de propiedades, regulaciones hechas a medida e investigaciones criminales».

Entre los opositores detenidos, el Departamento de Estado citó a Leopoldo López, Enzo Scarano, y Daniel Ceballos; y afirmó que «sus juicios han sido regularmente retrasados».

Reiteró que la corrupción y la impunidad son «preocupaciones serias» en el seno de las fuerzas de seguridad de Venezuela, y apuntó que «a veces se habían tomado medidas para castigar a funcionarios de bajo rango por los abusos, pero pocas investigaciones se había adoptado contra altos cargos gubernamentales».

Asimismo, las acciones del Gobierno «impidieron el disfrute de la libertad de expresión y restringieron las libertades de prensa» en Venezuela, según el informe.

Por eso, EE.UU. aplaudió «la continuada fortaleza y valentía mostrada por los activistas pese a las crecientes restricciones, acoso y encarcelamientos en su pacífica búsqueda de la dignidad y la libertad».

Cuba y Venezuela son los dos únicos países del continente dentro de una veintena de naciones citadas como las menos respetuosas con las libertades en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado, que en su última edición incluía a Ecuador en esa categoría y, en esta ocasión, no cita a ese país andino.

Desde hace al menos una década, tanto Cuba como Venezuela aparecen año tras año en la «lista negra» del informe, cuya edición de 2014 se envió hoy al Congreso para que los legisladores lo tengan en cuenta a la hora de conceder o no ayuda exterior a los países.

Ni el proceso de acercamiento diplomático de EE.UU. con Cuba ni la perspectiva de un probable anuncio inminente sobre la apertura de embajadas evitaron que el Departamento de Estado señalara al Gobierno de Raúl Castro por su persistente «intimidación» a la disidencia pacífica y restricción de la libertad de prensa.

«Relacionarnos con Cuba no es lo mismo que respaldarla, eso debería estar claro», dijo hoy a periodistas el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para de Derechos Humanos, Tom Malinowski.
El informe denuncia que Cuba registró el año pasado casi 9.000 detenciones «arbitrarias y de corto plazo», la cifra más alta en los últimos cinco años.

También afirma que el Gobierno cubano «usó amenazas, asaltos físicos, intimidación, contra manifestaciones violentas organizadas por el Gobierno contra la disidencia pacífica, acoso y detenciones para restringir los derechos de expresión y asamblea».

No obstante, reconoce que, después del anuncio sobre la normalización de relaciones bilateral en diciembre, Cuba liberó a 53 individuos considerados «presos políticos» por EE.UU. e indicó su apertura a invertir más en telecomunicaciones, «lo que abre la posibilidad de un mayor acceso a Internet en el futuro».

Una vez que se restablezcan formalmente las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba, quedará por delante un proceso más largo para normalizar por completo los lazos, en el que el diálogo sobre derechos humanos será con toda seguridad el punto más tenso.

En México, el Departamento de Estado destaca como principales problemas la corrupción y «la implicación de la Policía y los militares en graves abusos», que en muchos casos quedan impunes, y expresa su preocupación por el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero) en septiembre de 2014.

A Colombia, por su parte, le afectaron en 2014 «la impunidad, la ineficacia del sistema judicial, los desplazamientos forzosos, la corrupción y la discriminación» contra los afrodescendientes.

En el caso de Ecuador, el documento destaca la «falta de independencia judicial» y las restricciones a la libertad de expresión y prensa, bajo la ley de comunicaciones de 2013.

En Bolivia, el informe critica la «extendida corrupción y la ineficacia del sistema judicial», y en Perú destaca el tráfico de personas, la corrupción y la impunidad.

En el apartado de Centroamérica destaca Honduras, donde hay una «impunidad generalizada» debido a la corrupción y la debilidad del sistema judicial, además de homicidios «arbitrarios» cometidos por las fuerzas de seguridad y duras condiciones en las cárceles.

También en Guatemala y en El Salvador hay «una corrupción generalizada», igual que en Nicaragua, donde a EE.UU. le preocupa además la emisión de «políticas sesgadas para promover la dominación de un solo partido».

Respecto al Cono Sur, el informe destaca en Paraguay la impunidad en el sector judicial y las «duras condiciones» en las prisiones, mientras que en Uruguay lamenta el «grave» hacinamiento en prisiones por el excesivo tiempo de encarcelamiento sin juicio.

En Argentina, las principales violaciones son la «tortura» por parte de las policías provinciales y las «duras» condiciones en prisión, y en Chile el informe apunta a la «discriminación» contra indígenas, mujeres y el colectivo de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT).

En República Dominicana, la mayor preocupación de EE.UU. es la «discriminación» contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes, según el informe.