El verdadero origen de las listas Maisanta y Tascón

Aunque cada vez con menos fuerza, el fantasma de la Lista Tascón asoma con la perspectiva de una nueva elección. Que se haya vulnerado con tanta desfachatez y con tan venenosa intención el registro electoral venezolano no es poca cosa. Ni fue poco el daño que se hizo con el sapeo digital que ejecutó el hoy fallecido diputado exponiendo a los firmantes de la solicitud de revocatorio presidencial de 2004.

Por órdenes de Hugo Chávez, Luis Tascón recibió del CNE las copias de las firmas recogidas por la Asociación Civil Súmate y la Coordinadora Democrática a través de las cuales los ciudadanos ejercían su derecho constitucional a solicitar una consulta revocatoria en contra del mandatario. Un proceso que, recordemos, fue torpedeado desde el directorio del ente electoral, desde el TSJ y por supuesto desde la presidencia de la República.

La Lista Tascón permitió identificar públicamente -mediante los números de cédulas- a quienes firmaron a favor del referendo revocatorio. Y esa información se utilizó en dependencias públicas para empezar a cortar cabezas de opositores empleados en instituciones del Estado.

El caso del despido de Rocío San Miguel, Magally Chang Girón y Thais Peña de sus cargos en el Consejo Nacional de Fronteras por haber firmado a favor del referendo, fue de los primeros en sonar y hasta llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, finalmente, en 2016 condenó al Estado venezolano por violar los derechos políticos y de libertad de pensamiento y expresión de estas personas.

Se sumó luego la criminal herramienta de discriminación y retaliación política llamada Lista Maisanta, que amplió la información de los votantes incluyendo otros datos muy personales solo manejados por el gobierno. Muchos perdieron sus empleos, a muchos les negaron incluso ayudas de entes estatales, hubo gente que perdió contratos y hasta el acceso a ciertas entidades y programas sociales. Allí se acentuó la estrategia oficial que pasó a considerar como enemigo al ciudadano opositor. Y ya sabemos lo que hay que hacer con el enemigo, ¿no?

Eso tuvo un antecedente y punto de partida en el ventajismo electoral de un elemento poco conocido porque quedó eclipsado por el oprobio posterior de la Lista Maisanta, a través de la cual se configuró una especie de apartheid concebido y promovido por Chávez y el chavismo: el paquete informático Batalla de San Inés.

Las Unidades de Batalla Electoral que formaban parte del comando de campaña de Chávez en aquellos años recibieron -según un estimado de la oposición- 14 mil computadoras portátiles para sus labores de movilización y monitoreo a propósito del referendo revocatorio. En mayo de 2005, un reportaje publicado en la sección Expediente del diario El Universal explicó que en esas máquinas estaba instalado el archivo ejecutable “Maisanta”, que formaba parte del paquete Batalla de Santa Inés.

El reportaje, como toda la memoria del diario, se perdió entre el mal manejo y la misión de acabar con El Universal que asumieron sus nuevos administradores desde el día en el que el editor Andrés Mata recibió una oferta que -seguramente- no le convenía rechazar. Pero ese trabajo, en el que se habló por primera vez del “Maisanta”, fue hecho por mí.

Rescatado el texto del olvido, lo que se denunció y analizó estaba contenido en un cd con la versión 1.10 del Batalla de Santa Inés. Ese CD permitía instalar el Maisanta en una computadora y a partir de allí bastaba el dato de la cédula o el nombre de alguna persona para saber si había firmado o no en el revocatorio, si era beneficiario o no de alguna misión, para saber datos de su dirección, su centro de votación y en algunos casos -al menos hasta esa versión- sus números de teléfono.

Además, con un solo click podía agrupar a los patriotas y a los no patriotas de un centro electoral elegido. Es decir, a quienes firmaron para revocar a algún diputado opositor y a quienes lo hicieron para el revocatorio de Chávez.

Esa versión off line del “Maisanta” estaba cargada con la información dada por los venezolanos al registro electoral hasta el año 2004, la data de los firmantes que debió mantener en custodia el CNE y los datos de los beneficiarios de las misiones gubernamentales. Y todo esto se usó, inicialmente, como arma el día de las elecciones para proyectar en cuáles centros haría falta más movilización -¿o trampa?- y para monitorear en el terreno el día del evento electoral si en las filas la gente de la oposición superaba o no a la del oficialismo.

Bastaba con enviar a alguien que simulara trabajar en el centro electoral y anotara los números de cédula de las personas en la cola. Fácil. ¿Alguno recuerda haber dictado su número?

Las riendas del CNE estaban en manos de Jorge Rodríguez y solo el ente electoral podía haber entregado la información a los operadores informáticos. La información incluida en el paquete lo decía: es un “sistema de uso libre”, que «contiene los registros del REP hasta marzo 2004. También las cédulas de personas fallecidas y registradas en el REP» e indicaba dónde actualizar las futuras versiones: “en www.luistascon.com”.

También dejaba claro la razón de su existencia: «Su función es facilitar consultas en forma personal o en grupo de ciudadanos de un centro de votación o cualquier comunidad. Sirve de apoyo a la misión y visión de la batalla de Santa Inés». Y -recordemos- para Chávez el referendo revocatorio de 2004 era la batalla de Santa Inés.

La revisión de aquel CD -hecha con el apoyo de Súmate- no arrojó nombres de sus desarrolladores, pero sí contenía números telefónicos y contactos de distribución para las Unidades de Batalla Electoral. Alguien que atendió el teléfono confirmó que se “elaboró en el Comando Maisanta y se distribuyó entre las UBE”, pero puso en duda la gravedad del asunto con el argumento falaz de que era información que manejaban todos los partidos… como si las organizaciones de oposición hubieran tenido acceso a la base de datos de las misiones.

La madre de todas las listas era esa. Y contenía información sobre más de 12 millones 394 mil personas a la que se podía acceder sin necesidad de conectarse a Internet. Una herramienta concebida originalmente para evitarle una derrota a Hugo Chávez terminó siendo la base de un esquema de terror y persecución. Chávez ordenó “enterrar” la Lista Tascón en 2005, pero la verdad es que no lo hizo por justicia: dio esa orden porque ya no hacía falta. Contaban con un arma más completa. Y la utilizaron contra los venezolanos. Tanto, que los discos compactos con el ejecutable terminaron siendo vendidos por buhoneros en los alrededores del parlamento y los tribunales sin que ninguna autoridad hiciera algo por impedirlo.