El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que ha seguido «con atención» la situación de López, que el jueves pasado fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión por haber incitado a la violencia durante una marcha antigubernamental en febrero de 2014.
«Reconocemos y respetamos las facultades que tienen los tribunales de justicia de un Estado soberano», señaló la Cancillería en su comunicado.
«A la vez, esperamos se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar una sentencia de primera instancia», añadió.
El Gobierno chileno también espera que el proceso contra el opositor venezolano se lleve a cabo «con el pleno respeto de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos y consagrados en diversos tratados internacionales que obligan a nuestros Estados».
Chile desea que el entendimiento y el diálogo prevalezcan en Venezuela y que las elecciones parlamentarias de diciembre conduzcan «a la paz social y al consolidación democrática» en ese país, sostuvo el Ejecutivo.