El escándalo de Volkswagen

El fraude masivo orquestado por Volkswagen trasciende los 482.000 vehículos vendidos en EEUU, toda vez que la compañía alteró con premeditación los resultados de los controles anti-polución a través de un software que fue instalado en 11 millones de vehículos diésel en todo el mundo, de tal forma que al momento de la revisión su desempeño se ajustara a los límites permitidos.

El aumento en la emisión de gases de efecto invernadero agrava el calentamiento global y altera la atmósfera y los océanos, reduce la nieve, derrite los glaciares y provoca un aumento del nivel de ríos y mares, con los consiguientes desastres naturales que dejan a su paso irreparables pérdidas humanas y materiales. De hecho, el nivel del mar ha subido una media anual de 3,2 milímetros desde 2010.

La industria automotriz es una de las principales causas de los gases de efecto invernadero que ponen en peligro la vida en el planeta y mientras la humanidad no avance hacia nuevas formas de transporte colectivo, ésta amenaza lejos de ser conjurada se agravará cada vez más. El escándalo de Volkswagen no solo daña el prestigio de una empresa emblemática del Made in Germany, sino que ofrece nuevos argumentos para arreciar la crítica a la industria automotriz como un sector hipócrita e indolente ante los problemas ambientales que amenazan a la humanidad. Recordemos que las autoridades ambientales de EE.UU. sancionaron hace un año a Kia y Hyundai por subestimar el consumo de carburante de sus vehículos y por violar las reglas al emitir más contaminantes de los certificados.

A las transnacionales de la industria automotriz no les agradan los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero, toda vez que restan potencia a los vehículos diésel y disminuyen su atractivo en el mercado. Uno de cada siete empleos en Alemania está relacionado directa o indirectamente con el automóvil, sector que factura en el país 250.000 millones de euros. Las pérdidas de Volkswagen son ruinosas. Solo en los primeros dos días del escándalo perdió 26.500 millones de euros.

Las potencias y el protocolo de Kyoto

Desde 1970 hasta 2000, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron 1,3 % cada año. A partir de entonces y hasta 2010, el aumento anual subió a 2,2 %, mostrando una persistente tendencia al crecimiento. Si en el corto plazo se lograra detener las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de las emisiones acumuladas se prolongaría durante décadas.

A diez años de la entrada en vigencia del protocolo de Kyoto, el acuerdo internacional para reducir los gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático, todavía no muestra grandes resultados. El protocolo tenía un plazo hasta 2012, pero la ausencia de compromisos por parte de los grandes países industrializados obligó a una prórroga hasta 2020.

El Protocolo estableció una reducción en el período de 2008-2012 de al menos el 5,2% de las emisiones respecto a los niveles de 1990. Pero al no contar con el firme compromiso de los grandes contaminadores que van desde potencias consolidas como Estados Unidos, Canadá y Japón, hasta las potencias emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no se pudo estabilizar el clima en el planeta.

En 1997 las grandes potencias fueron responsables de más del 50% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y en la actualidad representan cerca de un tercio de las emisiones mundiales. Pero el aumento de los últimos 20 años se genera sobre todo en las economías emergentes, particularmente en China que es el principal contaminante del mundo. Por lo tanto, aunque en las potencias tradicionales las emisiones se han reducido, esto  no ha sido suficiente para compensar el aumento en las potencias emergentes. China es responsable de la mitad del uso de carbón en todo el mundo y las acciones globales para luchar contra las emisiones de gases están siendo sobrepasadas por la instalación de plantas que utilizan carbón como combustible.

Las emisiones de CO2 en Venezuela

Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero alcanzaron niveles sin precedentes entre 2012-2014. Según datos del Banco Mundial, Agencia Internacional de Energía (AIE), PNUD y la CEPAL, en Venezuela las emisiones de CO2 por habitante son las más altas de América Latina, debido en gran medida al consumo desmesurado de gasolina, cuyo bajo precio estimula su despilfarro y derroche. Ya en el año 2010, las emisiones por el consumo de combustibles fósiles superaron las 6.9 toneladas de CO2 por habitante, muy superiores a las de otros países de la región: Argentina, 4.5; México 3.8; Brasil 2.2; Perú 2.0; Colombia 1.6. En 2015 los precios de la gasolina se mantienen congelados y el número de vehículos en circulación ha aumentado, con el agravante de que a raíz de la crisis eléctrica, desde el año 2010 se han venido instalando nuevas plantas termoeléctricas basadas en la quema intensiva de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero.

Esto es totalmente contradictorio con el Objetivo N° 5 del Plan de la Patria que plantea la defensa de la vida en el planeta. Un gobierno coherente con este objetivo está llamado a adoptar acciones eficaces para reducir considerablemente las emisiones de CO2 provenientes del consumo de combustibles fósiles. Esto implica aplicar al menos las siguientes medidas:

• Sincerar el precio de la gasolina para evitar su consumo desmesurado.
• Desautomovilizar las ciudades a través del aumento del transporte colectivo.
• Sustituir termoeléctricas por fuentes de energías renovables eólica y fotovoltaica.
• Reforestación neta positiva que no solo compense las áreas deforestadas sino que sobretodo aumente la superficie sembrada.

Estas líneas de actuación permitirían desautomovilizar las ciudades y avanzar hacia un nuevo modelo de transporte colectivo en armonía con la naturaleza, al contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y facilitar un aumento en la absorción y retención de los mismos.