La ruptura con España anunciada por el parlamento catalán se encuentra lejos de consumarse, pero, a un mes de las elecciones legislativas españolas, permite al jefe de gobierno Mariano Rajoy erigirse como garante de la unidad del país.
La resolución, aprobada el lunes por la mayoría independentista, asegura que el parlamento catalán ya no se somete a las decisiones de las instituciones españolas y fija un límite de 30 días para empezar los trabajos parlamentarios de creación de una hacienda y seguridad social independientes.
Se trata de una declaración sin precedentes pero, también, sin efectos jurídicos por el momento. «Todo este acuerdo que aprobamos ayer está condicionado a la constitución de un gobierno», reconoció Raúl Romeva, diputado de la coalición independentista Juntos por el Sí.
La coalición, que aglutina partidos de derecha a izquierda, ganó las elecciones pero para investir a su candidato, el actual presidente en funciones Artur Mas, necesita a la izquierda anticapitalista CUP, que le negó este martes su apoyo.
«Hasta que no haya gobierno, las medidas que aprobamos ayer no entran en vigor», insistió Romeva, un día después de lanzar este proceso para constituir en 2017 una república independiente en esta región nororiental de España.
Pese a la ausencia de consecuencias directas, el gobierno de Mariano Rajoy respondió con celeridad anunciando un recurso ante el Tribunal Constitucional, que podría suspender la resolución esta misma semana y emprender sanciones contra aquellos que lo desacaten.
Incluso, el ejecutivo español se plantea aplicar un artículo de la Constitución española que permitiría suspender la autonomía regional y su ministro de Hacienda amenazó con cortar la financiación a Cataluña, con graves problemas de liquidez.
Todo ello ocurre a 40 días de las elecciones legislativas del 20 de diciembre, en las que Rajoy, en el poder desde 2011, espera revalidar su mandato ante la competencia del partido socialista y la emergencia de nuevos partidos como Ciudadanos (centroderecha) y los antiliberales de Podemos.
Cataluña marcará parte del debate de estos comicios y Rajoy, tras conseguir forjar un frente antisecesión con socialistas y Ciudadanos, intenta erigirse como principal garante de la unidad nacional.
«Mientras yo sea presidente del gobierno, nadie romperá la unidad de España», dice repetidamente Rajoy ante un electorado que todavía no percibe claramente los beneficios de la recuperación económica en un país con una tasa de desempleo del 22%.
Su Partido Popular, amenazado por el auge de Ciudadanos, «ha comprobado que el discurso económico no funciona y ha activado el plan B: se rompe España», indica el profesor de ciencias políticas Antón Losada.
«La gente vota al gobierno cuando hay crisis», coincide el politólogo José Ignacio Torreblanca, aunque subraya que Rajoy podría verse penalizado por su inacción hacia Cataluña durante su mandato, en el que se multiplicaron los apoyos independentistas.
En cualquier caso, Torreblanca recomienda una respuesta «moderada» y «proporcional» porque «los independentistas quieren construir una nación sobre la base de este conflicto» con Madrid.
– Precipicio –
Pero la ruptura de España se antoja aún lejana por las discrepancias ideológicas en el seno independentista, que además carece de apoyo firme entre los catalanes (52% no votaron por ello).
Estas diferencias se plasmaron en la primera votación para investir como presidente a Artur Mas, que no consiguió este martes el necesario apoyo de la CUP para salir escogido.
Estos lo rechazan por su liberalismo y la mancha de corrupción en su partido y reclaman un presidente que genere mayor consenso entre el independentismo.
«Vemos a un pueblo representado con su diversidad y sus antagonismos, y no queremos apagarlos bajo una sola voz», dijo su portavoz Antonio Baños.
El jueves se celebrará una segunda votación pero su posición difícilmente cambiará. «Sin investidura, no hay gobierno definitivo y consecuentemente el proceso queda encallado», advirtió Artur Mas.
«Los independentistas conducen al país al precipicio y ni siquiera son capaces de elegir al conductor», criticaba el diario catalán El Periódico.
El objetivo es llegar a un acuerdo antes de las legislativas del 20 de diciembre. Tampoco pueden retrasarse mucho más porque si no hay acuerdo antes del 9 de enero, la ley obliga a convocar unas nuevas elecciones regionales que los independentistas quieren evitar a toda costa.