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Oposición siria denuncia bombardeos rusos y del gobierno contra hospitales

La Comisión Suprema para las Negociaciones de la oposición siria acusó hoy a las fuerzas aéreas de Rusia y de Siria de bombardear hospitales y escuelas en las provincias septentrionales de Alepo e Idleb esta semana.

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La Comisión aseguró que «los bombardeos salvajes de Rusia y el régimen (del presidente Bachar al Asad)» son «un acto inhumano e inmoral para lograr objetivos políticos y presionar a las comunidades locales revolucionarias», en un comunicado emitido desde su sede en Arabia Saudí.

Según la nota, los ataques buscan matar, expulsar de ese territorio o someter por la fuerza a los sirios, y decenas de miles de personas ha tenido que abandonar sus hogares desde la semana pasada por la ofensiva militar del Gobierno en la provincia de Alepo.

Asimismo, el comité negociador condenó el «silencio internacional sobre estos bombardeos contra personas e instalaciones civiles por parte de las fuerzas del régimen y sus aliados».

Al mismo tiempo, señaló que «negar la posibilidad de defenderse a los sirios es una participación en el crimen contra el pueblo sirio», el alusión a la negativa internacional de ofrecer armas a los rebeldes.

También llamó a la comunidad internacional a que detenga los bombardeos y garantice que los edificios civiles no son atacados, y a apoyar el envío de ayuda humanitaria y el acceso de la misma a todas las localidades necesitadas.

Por otra parte, los negociadores de la oposición dijeron que «no hay posibilidad de negociar con una parte que comete los crímenes más salvajes sin ninguna responsabilidad legal, moral o humana», en referencia a la próxima ronda de contactos con el Gobierno sirio que está prevista a finales de febrero en Ginebra.

El pasado día 15, cuatro hospitales fueron blanco de bombardeos en el norte de Siria, en los que murieron al menos 30 personas y de los que activistas y ONG culparon a la aviación de Rusia y las fuerzas del régimen de Damasco.

La ONU condenó esos ataques y denunció que decenas de miles de personas se han quedado sin atención sanitaria tras la destrucción de los centros, dos de ellos apoyados por Naciones Unidas y otro por Médicos sin Fronteras.

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