Conocido como el «caso del maletín», la investigación iniciada tras el secuestro de ese dinero sin declarar se convirtió en un escándalo político y judicial en Argentina.
El propio Wilson y fiscales de Estados Unidos apuntaron que el dinero procedía de Venezuela, presuntamente destinado a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández en 2007, una acusación que siempre fue negada por los gobiernos de Caracas y Buenos Aires.
Casi diez años después y cuando la Corte Suprema acaba de dejar sin efecto el cierre de la causa, Rivas Diez recordó en una petición al juez Pablo Yadarola que el dinero se encuentra «a la orden del tribunal», depositado en el estatal Banco de la Nación Argentina.
La fiscal pidió que el magistrado requiera al Ejecutivo «que individualice cuál sería el mejor destino de los referidos fondos, teniendo en consideración la finalidad de bien público» establecida en el Código Penal argentino.
Según la página web de las fiscalías, Rivas Diez también pidió que «se publique el destinado asignado a los dólares», para que se garantice «la transparencia de los actos de Gobierno».
Para la fiscal, el dinero debería tener «un destino de bien público», como salud, educación, prestaciones para la niñez y/o la tercera edad, entre otros.]]>