La acusación que tiene a Dilma Rousseff al borde de perder la presidencia de Brasil afirma que, bajo su responsabilidad, el gobierno maquilló las cuentas públicas y autorizó gastos sin el aval del parlamento.
Según la oposición, Rousseff violó la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que viola la Constitución y es penalizado con la destitución y ocho años de inhabilitación política.
Los maquillajes se habrían efectuado a través de «pedaladas» fiscales (como se las denomina en portugués), un mecanismo usado por el Tesoro Nacional para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones.
Según la acusación, esa práctica permite mejorar de forma engañosa las cuentas del gobierno federal, elevando el gasto público para financiar los programas sociales, antes de su reelección en 2014. Y a la postre, precipitaron la crisis económica del país.
El gobierno indica que los casos que se tomaron en cuenta para este proceso conciernen operaciones que no estaban directamente bajo la responsabilidad de Rousseff, sino de algunos de sus ministros o titulares de otras instituciones.
La denuncia presentada por grupo de juristas, y admitida por el Congreso, se basa en «la toma de créditos vedados de instituciones financieras públicas, sin la respectiva contabilización, lo que imposibilitó que la población tuviera la exacta dimensión de la real situación económica y financiera del país».
«Las operaciones constituyeron un fraude y fueron perpetradas para engañar a la población», agrega.
Rousseff y su Partido de los Trabajadores (PT) aducen que su gobierno «no ha sido el único» en recurrir a estas pedaladas.
Según los cargos, Rousseff dictó tres decretos y amplió gastos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso.
El texto de la acusación señala que la mandataria debe ser juzgada por «la emisión de decretos que abrieron créditos suplementarios sin la debida autorización del Congreso Nacional, en afrenta a la separación de poderes que marca la Constitución».
Los créditos, siempre según la parte acusadora, violaron la ley presupuestaria y están vinculados al otro crimen de responsabilidad, una categoría que solo es válida para funcionarios públicos.
El oficialismo replica que se trató de una práctica corriente de todos los gobiernos federales y de los estados y municipios de Brasil, pese a la aprobación en el año 2000 de la ley de Responsabilidad Fiscal, y que todos empezaron a respetar esa norma solamente a partir del año pasado.
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