CPI autoriza investigación en Burundi sobre crímenes contra la humanidad

En una decisión tomada a puerta cerrada el 25 de octubre, dicha corte «autorizó al fiscal de la CPI a abrir una investigación sobre los crímenes que son competencia de la Corte que habrían sido cometidos en Burundi o por ciudadanos burundeses en el exterior de su país desde el 26 de abril de 2015 hasta el 26 de octubre de 2017», precisó el comunicado del tribunal con sede en La Haya.
Esta autorización, que sigue al examen preliminar iniciado en abril de 2016 por la fiscal Fatou Bensouda, concierne «principalmente: asesinato, tentativa de asesinato, encarcelamiento o privación grave de libertad, tortura, violación, desaparición forzada y persecución».
Burundi se sumió en una grave crisis desde que el presidente, Pierre Nkurunziza, anunció en 2015 su candidatura a un tercer mandato, que obtuvo tras unas elecciones boicoteadas por la oposición.
La violencia que acompañó a esta crisis dejó al menos 1.200 muertos, miles de detenciones ilegales y torturas, cientos de desapariciones y obligó a más de 400.000 burundeses a abandonar sus hogares, entre abril de 2015 y mayo de 2017, según estimaciones de la CPI.
Burundi se retiró de la CPI el 27 de octubre, pero el tribunal sigue siendo competente para el periodo anterior a esta fecha, cuando el país reconocía su jurisdicción.
El gobierno de Bujumbura denunció inmediatamente la autorización de esta investigación.
«La CPI, corrupta, acaba de dispararse en el pie», reaccionó el responsable de la comunicación presidencial, Willy Nyamitwe, en Twitter.
Pero los jueces insistieron en que Burundi «tenía que cooperar con la Corte en el marco de esta investigación porque fue autorizada el 25 de octubre de 2017, antes de que la salida (del tribunal) entrara en vigor».]]>