Un juez procesó el lunes 17 de septiembre con prisión preventiva a la expresidenta argentina Cristina Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), aunque de momento no será detenida por ser senadora y tener fueros.
Según informaron a Efe fuentes del caso, el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento por «asociación ilícita» contra ella -cuya detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero- y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos.
Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y exfuncionarios que han declarado como imputados «arrepentidos» -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia- y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner.
«Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del estado de derecho», dijo a Efe el abogado de la exmandataria Gregorio Dalbón.
El defensor aseguró que el magistrado -que ya procesó a Fernández en otras causas e incluso pidió su desafuero para detenerla a finales del año, algo que no prosperó- está «comulgando con las corporaciones mediáticas» y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir «persiguiendo a la líder de la oposición».
Según informó el juez a finales del pasado mes, en bases a sus investigaciones llegó a la conclusión de que Kirchner y Fernández fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido, los «verdaderos beneficiarios» de la supuesta red de sobornos llevada a cabo durante sus Gobiernos.
El caso surgió por las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
Este material apunta a la existencia de una «organización delictiva» conformada por funcionarios públicos y comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, Fernández, y el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido, durante los Gobiernos de ambos.
Bonadio cree que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, «en la mayoría de las oportunidades», en vehículos conducidos por Centeno.
«A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios», que «finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita»: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.
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