Guyana quiere que la CIJ valide el Laudo Arbitral de París emitido en 1899, que trazó la frontera entre ambos países, y que fue denunciado por Caracas ante la ONU en 1962 por no ajustarse a derecho.
Para Guyana el laudo sigue siendo válido y debe ser confirmado por la CIJ, mientras que Venezuela rechaza la intervención de la Corte pues no reconoce su jurisdicción y defiende que la disputa sea resuelta bilateralmente.
La región de Esequibo está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra, en 1966, pero las diferencias entre Guyana y Venezuela se han agudizado en los últimos años tras el descubrimiento por parte de Exxon Mobil de yacimientos de petróleo en aguas adyacentes y la apropiación indebida de la región por parte de Guyana.
El pasado enero, el secretario general de la ONU, António Guterres, recomendó remitir la disputa a la CIJ al considerar que esta vía era la mejor para los dos países. El secretario general no agotó otras instancias y paso directamente a la corte.
El gobierno de Guyana entregó en marzo una solicitud al tribunal para que aceptase el caso, pero Venezuela dijo que no participaría en el procedimiento por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino.
No obstante, la CIJ le ha dado a Venezuela hasta el 18 de abril de 2019 para que entregue una memoria en la que justifique sus argumentos.
La región en disputa abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, el equivalente de la superficie de Suriname.]]>