El representante especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, Elliot Abrams, dijo que corresponde al representante de Guaidó decidir el momento de la salida de los activistas estadounidenses que ocupan la embajada hace dos semanas.
«Este es un asunto que debería ser discutido entre el embajador (Carlos) Vecchio y las fuerzas de seguridad», dijo Abrams en rueda de prensa en Washington antes de que los activistas celebraran una protesta a la que acudieron unas 60 personas, según los organizadores.
Los militantes de izquierda, que llevan dos semanas durmiendo en la embajada, se agruparon bajo el nombre Colectivo para la Protección de la Embajada (Embassy Protection Collective) y cubrieron el edificio de pancartas que dicen «Las manos fuera de Venezuela», «No a la guerra por el petróleo» y por un gigantesco lienzo amarillo con una bota militar pateando al planeta Tierra con el mensaje «No al golpe».
Desde la ONU, el canciller venezolano Jorge Arreaza, amenazó con acción recíproca si Estados Unidos ingresa a su embajada en Washington.
«Qué locura sería (que EEUU decidiera) ingresar allí ilegalmente. ¿Nosotros hemos propuesto acaso eso en la sede de la embajada de los EEUU en Caracas? Ahora, si lo hicieran ellos tendríamos que pensar como reciprocar en ese caso», dijo Arreaza.
– «Tienen que irse» –
Abrams indicó que es un «territorio soberano venezolano» y dijo que los activistas, que ocupan el edificio con la anuencia de los diplomáticos de Nicolás Maduro, «tienen que irse», pero para Arreaza los grupos se han propuesto «para proteger las propiedades venezolanas».
La sede está cerrada al público, después de que la mayoría de los diplomáticos dejaran el país tras perder su estatuto, cuando Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros países en reconocer a Guaidó como presidente interino.
Ahora del ala norte del edificio de cuatro plantas ubicado en el elegante barrio de Georgetown, cuelga una pancarta en blanco y negro con los ojos del fallecido expresidente Hugo Chávez.
Venezuela, sumida en una debacle económica sin precedentes en la historia reciente de la región, vive desde enero un pulso por el poder entre Guaidó y Maduro, quien cuenta con el apoyo de los militares y de Rusia y China.
Los últimos funcionarios que quedaban oficialmente como emisarios extranjeros, por ser representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), abandonaron la instalación, dijo a la AFP una fuente reservada.
La OEA votó el 10 de abril por 18 votos a favor aceptar al enviado de Guaidó, Gustavo Tarre, como representante de Venezuela hasta que haya nuevas elecciones.
Esa resolución considera que el gobierno de Maduro, quien el 10 de enero asumió un segundo mandato, «carece de legitimidad» y por lo tanto tampoco la tienen sus funcionarios.
El plazo para que la delegación de Maduro abandonara el edificio expiraba este jueves, pero los activistas aseguran que no se moverán.
– Intervenciones en América Latina –
Medea Benjamin, militante de Code Pink, calificó la toma como algo «sin precedentes».
«Creo que nunca antes en la historia de nuestro país personas comunes y corrientes han dicho que no van a dejar que un grupo de personas sin legitimidad vengan y tomen el control de una embajada», dijo durante la protesta.
Benjamin argumentó que el gobierno de Maduro «fue electo, que está en el poder y que es reconocido por la ONU».
«Hay ciudadanos de los Estados Unidos que sabemos muy bien cuál ha sido el resultado de nuestras intervenciones en América Latina (…) y estamos tratando de evitar eso», agregó a la AFP.
David Paul, un enfermero retirado de 69 años, viajó desde San Francisco para participar en la protesta.
«Yo veo que nuestro gobierno está haciendo contra el gobierno venezolano algo similar que lo que hizo contra otros gobierno que están tratando de desarrollar un camino independiente», contó a la AFP, aclarando que no apoya específicamente a Maduro.
Abrams advirtió que no se permitirá «esta violación de la ley».
«Hay un embajador venezolano ante Estados Unidos y él les dijo que tenían que irse», argumentó.
Mara Verheyden-Hilliard, abogada de la Asociación para la Justicia Civil, que fue invitada a hablar por los convocantes, alegó que la presencia de los activistas es legal ya que las personas que han acampado «lo han hecho con la invitación de quienes legalmente están a cargo del edificio».
Para la abogada las personas que duermen en la embajada «han establecido un inquilinato» que es legal «según las leyes del Distrito de Columbia».