Un equipo de siete periodistas fue galardonado este viernes con el Premio Breach-Valdez de periodismo y derechos humanos por un trabajo de investigación titánico sobre las fosas clandestinas en México, pero el júbilo se quebró por el asesinato de un periodista mexicano perpetrado este jueves.
El premio, lanzado el año pasado por las Naciones Unidas y la agencia de noticias AFP, fue otorgado al trabajo «A dónde van los desaparecidos: El país de las 2.000 fosas», una plataforma interactiva que los ganadores elaboraron para que familiares de desaparecidos en México tengan más elementos para exigir a autoridades la localización de sus seres queridos.
Alejandra Guillén (36 años), Mago Torres (41), Marcela Turati (45), David Eads ( estadounidense de 39), Erika Lozano (27), Paloma Robles (32) y Aranzazú Ayala (29) trabajaron junto con 15 colaboradores durante más de un año y medio en la pieza periodística que suma el número de tumbas ilegales descubiertas entre 2006, cuando se militarizó la guerra contra las drogas en México, y 2016, año de inicio de la investigación.
Uno de los objetivos fue proporcionar a los familiares de los más de 40.000 desaparecidos en México una herramienta para que puedan llegar a las fiscalías y decirles ‘ustedes están negando esta fosa, pero sí existe y aquí puede estar mi familiar que estoy buscando’, explicó Turati.
Según el gobierno mexicano, se localizaron en la última década unas 1.100 fosas clandestinas, y hay alrededor de 26.000 cuerpos sin identificar en servicios forenses.
El trabajo, que consta de un mapa y un sitio web con varios reportajes sobre las fosas, muestra la evolución en el tiempo de la guerra contra las drogas. En 2006 había dos fosas, y al año siguiente saltan a 100 y ya no hemos bajado de 250 fosas halladas por año, destacó la periodista.
«¿Por qué los perpetradores comenzaron a ocultar los cuerpos de manera sistemática y extendida si estos crímenes quedan impunes?», fue una de las preguntas que motivaron la investigación, dijo Alejandra Guillén al recibir el premio.
«Pero seguimos sin respondernos esa pregunta», continuó Guillén, para quien México es un país de fosas, es una gran fosa clandestina.
La realización del trabajo, basada en cifras de las fiscalías requirió enfrentar grandes obstáculos en el acceso a la información, a toda una burocracia que oculta datos relacionados con las fosas clandestinas y por momentos, añadió Guillén, provocó al equipo escalofríos en el alma al constatar la barbarie.
A pesar de que en México existen leyes de acceso a la información, 8 de los 32 estados del país se negaron a dar información, concluyó Guillén, una periodista asentada en Guadalajara, la segunda ciudad en importancia de México que tiene altos índices de desaparición de personas.
El trabajo se enmarca en la militarización de la guerra contra el narcotráfico que lleva más de 10 años y detonó en una ola de violencia que se cobró ya la vida de 250.000 personas, además de las decenas de miles de desaparecidos, según datos oficiales.
El gremio periodístico también se se vio afectado por esa virulencia criminal.
La organización de defensa de la libertad de prensa Artículo 19 denunció en su informe 2018 que 99% de los casos de los más de 100 periodistas asesinados en México desde 2000 continúan impunes.
Sólo en lo que va del año asesinaron a cuatro periodistas. El último fue Telésforo Santiago Enríquez, que dirigía un programa de radio en una comunidad indígena de Oaxaca, localizado en el sur del país y fue sorprendido el jueves, un día antes del Día Internacional de la Libertad de Prensa, por hombres armados en un camino de su localidad.
«En los espacios radiofónicos, Santiago Enríquez exponía su análisis y crítica del quehacer gubernamental, y recién denunció públicamente a las autoridades municipales por supuestos desvíos de recursos», señaló en un comunicado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman) al condenar el crimen.
Santiago Enríquez, asesinado a balazos, había sido amenazado en una llamada telefónica de las que recibía al aire durante el programa.
El 3 de mayo 2018, la primera edición del Premio Breach-Valdez fue otorgado a la periodista Daniela Rea, en el marco del primer aniversario de los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach (23 de marzo) y Javier Valdez (15 de mayo), quien fue colaborador de la AFP. Ambos crímenes siguen impunes.
La ONU, la AFP, la universidad Iberoamericana, la UNESCO y las embajadas de Francia y Suiza son los promotores del premio, que cuenta con un jurado formado por Daniela Rea, José Reveles, Premio Nacional de Periodismo por trayectoria 2018, y la viuda de Valdez, Griselda Triana, entre otros.
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