La ONU renovó mandato de la Misión de Verificación: ¿qué significa eso para Venezuela?

La Misión fue creada el 27 de septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos. Su mandato original consistía en investigar las presuntas violaciones graves de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014, con especial atención a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, y determinar si esos hechos podían constituir crímenes de lesa humanidad.

A diferencia de la Oficina del Alto Comisionado, que combina monitoreo con asistencia técnica al Estado, la Misión es un órgano de investigación independiente, sin consentimiento del Estado concernido, integrado por expertos que no forman parte del personal de la ONU.

En la votación de este martes 6 de octubre, la resolución obtuvo 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones, el mayor respaldo registrado desde la creación de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en 2019. La prórroga, de dos años, permite que ambos mecanismos continúen documentando violaciones a derechos, prestando asistencia técnica y evaluando si los cambios políticos anunciados en el país se traducen en garantías reales para los venezolanos.

Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Laboratorio de Paz, calificaron la renovación como un respaldo a las víctimas y un freno a la impunidad. La delegación venezolana ante el Consejo, en Ginebra, tomó nota de la resolución y señaló que el texto había reducido elementos confrontacionales respecto de versiones anteriores, aunque insistió en que los mecanismos extraordinarios no deberían prolongarse de forma indefinida.

En sus informes previos, algunos de ellos voluminosos y con amplia documentación, la Misión ha presentado patrones de actuación de fuerzas de seguridad, órganos de inteligencia y el sistema de justicia. Ha descrito cadenas de mando que vinculan detenciones selectivas, uso de centros de reclusión y decisiones judiciales con políticas de alto nivel. Ha registrado casos de tortura en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), así como la utilización del sistema penal para neutralizar opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Uno de sus hallazgos recurrentes es la ausencia de investigaciones internas efectivas y la existencia de un aparato judicial que, según los informes, ha contribuido a la impunidad. Estos documentos han sido citados por la Corte Penal Internacional en el marco de su examen preliminar y posterior investigación sobre Venezuela, y han servido de base para decisiones de terceros países sobre sanciones individuales y solicitudes de extradición o cooperación judicial.

El impacto de la Misión no se limita a la producción de informes. Ha recopilado y preservado testimonios, documentos y material audiovisual que las víctimas y sus abogados pueden utilizar en procesos posteriores tanto dentro como fuera de Venezuela. Organizaciones venezolanas señalan que la existencia de un mecanismo internacional reduce el riesgo de que los archivos se pierdan o se manipulen.

Al mismo tiempo, las conclusiones de la Misión han alimentado debates en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, manteniendo el tema de Venezuela en la agenda multilateral incluso cuando otros asuntos regionales lo desplazaban.

La Oficina del Alto Comisionado, por su parte, ha mantenido un mandato de asistencia técnica y monitoreo. Tras un período de restricciones de acceso, el diálogo se reanudó tras la caída de Nicolás Maduro. La resolución renovada le encarga seguir prestando cooperación, vigilar la situación y prevenir nuevas violaciones. Ambos mecanismos son complementarios: la Misión prioriza la investigación y la rendición de cuentas; la Oficina combina observación con apoyo técnico a instituciones que el Estado acepte reformar.

Para las víctimas y sus familiares, la continuidad de ambos mandatos significa que sus casos no quedan automáticamente archivados por el cambio de contexto político, con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

La Misión deberá presentar nuevos informes en las sesiones del Consejo previstas para 2027 y 2028. Esos documentos servirán para evaluar si las reformas anunciadas se traducen en investigaciones independientes, reparaciones y garantías de no repetición, o si se limitan a gestos de corto plazo. Organizaciones como Laboratorio de Paz han señalado la imperiosa necesidad de desmontar el aparato institucional represivo que permitió las violaciones a los derechos humanos durante los años de Maduro en el poder.

Finalmente, el aumento a 25 votos a favor, el más alto desde 2019, indica que un número creciente de Estados considera que la situación venezolana sigue requiriendo supervisión internacional. El liderazgo regional lo ejercieron países de las Américas, entre ellos Chile, que presentó el proyecto en nombre de un grupo que incluye a Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, con apoyo de Estados europeos, africanos y asiáticos.

Las abstenciones de Brasil y México eran esperables por las posiciones de cercanía o ambigüedad que tuvieron los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Scheinbaum con el gobierno de Maduro, en su momento, pero lo más llamativo fue el voto de abstención de Bolivia, cuyo presidente Rodrigo Paz, cuando aún no había llegado al poder, fue un abierto crítico del chavismo en el período madurista.