El Gobierno sirio del presidente Bachar al Asad y la oposición se reúnen en Ginebra por primera vez cara a cara para comenzar las deliberaciones sobre la futura nueva Constitución para Siria, un proceso que se prevé largo, volátil y con intereses extranjeras acechando.
La elección de los 150 miembros para el comité, repartidos en 50 para el Gobierno, 50 para la oposición y el resto para la sociedad civil, ha sido una ardua tarea de dos años para los rivales en la guerra siria, que comenzó en 2011 y continúa con cientos de miles de ciudadanos muertos y desaparecidos, además de millones refugiados.
Las reuniones auspiciadas por la ONU para llegar a un acuerdo en algún término de esta guerra arrastran muchos años de frustraciones que no han llegado a ningún resultado.
La pregunta es si esta vez se llegará a un proceso que lleve a una transición política de la mano de la futura Constitución.
Jenifer Fenton, la portavoz del enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, indicó que será un comité liderado y dirigido por sirios, y la llave para abrir la puerta a un proceso político más amplio para terminar con el conflicto.
«Es un momento potencialmente histórico (…). El Comité tiene el mandato de preparar y redactar una reforma constitucional para su aprobación pública como contribución a la solución política en Siria», señala la portavoz de Pedersen, el cuarto enviado desde que empezó la guerra en marzo de 2011.
Fenton apunta que el noruego Pedersen «espera que se realicen progresos», aunque esta primera reunión del Comité Constitucional tendrá carácter protocolario e incluirá discursos de los dos copresidentes del comité (uno del Gobierno y el otro de la oposición), tras lo cual empezarán las discusiones de fondo.
El sirio Ali Aljasem, investigador en el Centro de Estudios de Conflicto y consultor para el Dialogue Advisory Group en Amsterdam, prevé que este proceso «va a ser largo, largo, ya que tras nueve años de guerra, el régimen de Al Asad buscará maniobrar y ganar tiempo».
«Si miras al paisaje político y de seguridad, el partido Al Baaz (de Al Asad) es más fuerte que antes de 2011», subraya.
El Gobierno sirio ha destacado en numerosas ocasiones que aceptaría estas negociaciones con la ONU siempre que sean exclusivamente realizadas y dirigidas por sirios, sin que ninguna potencia extranjera interfiera.
Al Asad se encuentra en un momento en el que su figura se ve ensalzada tras el avance de Ejército para expulsar a los que considera «terroristas» en el país, con la principal ayuda de Rusia, que cuenta con una base militar en este territorio y con tropas sobre el terreno.
Uno de los principales problemas que se verán en las deliberaciones, según Aljasem, va a ser la desconfianza.
Las partes «no confían» en lo que se vaya a ir proponiendo para el borrador de la Carta Magna, que sustituirá a la de 2012, redactada tras las protestas que se desataron en el marco de la «Primavera Árabe» en 2011, prevé el experto.
Otra de las cuestiones problemáticas será la «lealtad», pues los del comité «son leales a su pueblo, no a su país», es decir, no existe un «sentimiento patriótico» sino que estarán amparados por los garantes de cada uno.
Del lado del régimen: Rusia, China e Irán; de parte de la oposición: Turquía y Catar, entre otros.
Va a ser «muy difícil el consenso» porque cada una de las partes, con sus respectivos aliados, «tienen agendas diferentes» para Siria, un país que se ha convertido en una guerra de diversas potencias que luchan por el poder y el control del terreno.
En la actualidad, se enfrentan los kurdosirios, apoyados ahora por Damasco y Moscú en el terreno, con los turcos, que lanzaron una ofensiva el pasado 9 de octubre en el noreste del país, lo que podría afectar al desarrollo de las deliberaciones.
Aunque la portavoz del enviado lo tiene claro: «No hay una solución militar a la crisis en Siria».
«Pase lo que pase en el campo de batalla no es lo mismo que encontrar un acuerdo político legítimo que pueda comenzar a superar la desconfianza y las divisiones en la sociedad siria», señaló.
De hecho, lo que se necesita es que «el trabajo del Comité Constitucional vaya acompañado de medidas para reducir la violencia y establecer un alto el fuego nacional, y para ver cambios significativos sobre el terreno», zanja.
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