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Justicia de Estados Unidos decidirá destino del muro de Trump

La construcción del muro sur, un intento del presidente de Estados Unidos de Donald Trump para detener al narcotráfico y la inmigración ilegal, está bajo la mira por supuesto desvío de fondos

Un constructor estadounidense trabaja en el muro en la frontera entre Estados Unidos y México
AP |EFE
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Los abogados de varios estados y Organizaciones No Gubernamentales de Estados Unidos pidieron una pronta decisión sobre el muro con México.

La justicia debe decidir sobre la legalidad de los fondos destinados por el gobierno de Donald Trump a construir la barrera sur, un proyecto que está en marcha.

El abogado de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, Dror Ladin, pidió a la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones que lleva el caso que tome una pronta decisión.

El jurista espera que una decisión rápida, en caso de un fallo favorable a sus intereses, puede impedir se avance en la construcción.

En la vista del martes, el abogado acusó al gobierno de apurar la construcción del muro para ganar tiempo ante una sentencia que dicte que los fondos se están usando de forma ilegal.

Ladin aseguró que, en caso de que así sea, desde su organización pedirán que se derribe lo que se haya construido hasta el momento.

«Estamos yendo a contrarreloj para prevenir daños irreversibles a la Constitución, el medio ambiente y las comunidades fronterizas por parte de la obsesión xenófoba de Trump con el muro», afirmó.

Agregó: «Si las cortes permiten que el presidente se salga con la suya con este abuso de poder, otros le seguirán sin que se pueda impedir».

El precedente

En julio, en una ajustada votación, los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo se impusieron a los cuatro progresistas.

El fallo dio un visto bueno temporal al gobierno para la utilización de 2.500 millones de dólares de las arcas del Pentágono para la renovación del muro fronterizo.

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La partida era para la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones de dólares que Trump desvió bajo la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur.

Es este desvío de fondos lo que los demandantes alegan que es ilegal.

Consideran que el Ejecutivo no puede modificar una decisión tomada por el poder Legislativo, ya que fue el Congreso el responsable de aprobar el presupuesto federal.

La decisión del Supremo, no es definitiva, y solo tumba la prohibición de que el gobierno use los 2.500 millones para la construcción del muro como lo ordenó un tribunal inferior.

Sin embargo no se somete a juicio la legalidad de la desviación.

Aunque por el momento el Ejecutivo puede proceder con la construcción sigue pendiente de la decisión final que tome el Noveno Circuito de Apelaciones.

Si se llega a hallar ilegal la desviación del presupuesto se obligaría a parar las obras.

Es previsible, especialmente dada la decisión de julio, que en caso de que el Noveno Circuito falle en contra de los intereses de la Casa Blanca, esta lleve el caso al Supremo para zanjar el caso de forma definitiva.

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