Violaciones y abuso sexual: el Ejército colombiano al banquillo

La conducta del Ejército colombiano, que comenzó a ser cuestionada hace más de una década por las ejecuciones extrajudiciales de civiles, está otra vez bajo la lupa por denuncias de violaciones y abusos sexuales contra indígenas menores de edad que le han puesto la opinión pública en contra.

Las denuncias de los últimos días de violaciones a dos niñas, una de 12 años de la etnia embera-chamí por siete soldados del Batallón San Mateo en el departamento de Risaralda (centro), y de otra de 15 de la tribu nómada nukak makú por dos militares del Batallón Joaquín París, en el Guaviare (suroeste), generaron un rechazo unánime de la sociedad que espera sanciones para los responsables.

Estos casos son la punta del iceberg a juzgar por la revelación que hizo hoy el comandante del Ejército, mayor general Eduardo Zapateiro, de que hay 118 miembros de la institución investigados desde 2016 por denuncias de violación y abuso sexual.

Un oficial retirado dijo a Efe que los casos de abuso no son nuevos y que cree que tienen su origen en «un asunto moral» de una tropa que no está bien instruida en cuestiones éticas y en la «que hay un problema de falta de control (de los soldados) por la dispersión de las unidades del Ejército en muchas partes del país», por el aumento del pie de fuerza, para hacer frente a los problemas de orden público.

Regaños e impunidad

Al igual que en otros escándalos recientes que involucran al Ejército, como el del espionaje a por lo menos 130 ciudadanos, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, en el de las violaciones de las niñas indígenas la respuesta de los superiores es la promesa de castigo a los responsables, generalmente catalogadas como «manzanas podridas» y la reiteración de la política de «tolerancia cero» con quienes falten al honor militar.

Sin embargo, hay quienes creen que los crímenes cometidos por militares no pueden considerarse producto de desviaciones de unos pocos sino que obedecen a un patrón de comportamiento institucional porque no puede explicarse de otra forma la impunidad que suele rodear estos casos.

«No son para nada una rueda suelta, por el contrario, hay complicidad incluso de los superiores porque cuando encuentran que sus muchachos cometen un delito de estos en un territorio son los mismos superiores los que han ido a negociar con las familias (para silenciarlas), que fue lo que pasó en el caso de la niña embera», dijo a Efe la directora de la Corporación Humanas, Adriana Benjumea.

Según Benjumea, los casos de las dos niñas indígenas no son los únicos, pues esa corporación, que lucha por los derechos humanos y la justicia de género, denunció recientemente ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) 47 casos de abuso sexual cometidos contra 39 mujeres en la región de los Montes de María (norte) entre 1983 y 2014, diez de los cuales por miembros del Ejército.

Este jueves la ONG entregará a la JEP otro informe que documenta 21 abusos cometidos en la región del Catatumbo, «de los cuales tenemos también 10 casos cometidos por la fuerza pública», añadió.

A sancionar

La violación múltiple de la niña embera-chamí recibió incluso la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado colombiano «cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables», así como proteger a la menor y su familia.

«En particular, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) han reconocido que la violación sexual de una detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, atendiendo la situación de vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente», señaló el organismo.

Acostumbrado a gozar de amplia aprobación popular por su papel en la lucha contra los grupos guerrilleros, especialmente contra las FARC, hoy convertidas en partido político, al Ejército le ha costado adaptarse al nuevo escenario creado por el acuerdo de paz, que requiere una mayor convivencia ciudadana.

El anterior jefe de esa institución, general Nicacio Martínez, pasó a retiro en diciembre pasado después de una polémica gestión de solo un año en la que salieron a la luz una directriz de esa comandancia que ordenaba a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que incluso para algunos militares podía revivir la práctica de las ejecuciones de civiles conocida como «falsos positivos».

Con esa política, denunciada públicamente en 2008, militares reclutaban con falsas promesas de empleo a jóvenes pobres, incluso discapacitados, en barriadas de Bogotá y otras ciudades y los llevaban a distintos lugares del país donde eran asesinados y luego presentados como guerrilleros muertos en combate para recibir a cambio permisos y premios de sus superiores.

A revisarse

Las violaciones de las niñas indígenas, sumadas a otros escándalos recientes, como el protagonizado a mediados de junio por un recluta que aparece en un vídeo lanzando un perro al vacío desde varios metros de altura en el departamento de Nariño (suroeste), llevan a plantearse la pregunta de si el Ejército necesita una revisión de sus códigos de conducta y de instrucción a la tropa.

«Lastimosamente estos eventos no deberían presentarse pero nos llaman la atención sobre unas fisuras, deficiencias, fallas y correcciones urgentes que se deben hacer dentro de las Fuerzas Militares y de Policía. Esto es un llamado de atención para hacer esos ajustes que las instituciones requieren», dijo a Efe el experto en asuntos de defensa Jaime Polanco, profesor de la Universidad Externado de Colombia.

Con esa apreciación coincide Benjumea, quien considera que «tiene que haber un cambio, una reestructuración» porque el Ejército cuenta con «un protocolo para relacionarse con civiles» que sin embargo no se cumple.

Las manifestaciones de los últimos días frente a unidades militares en rechazo a las violaciones de niñas, aunque reducidas por la cuarentena contra el coronavirus, y el repudio mayoritario en las redes sociales son un mensaje de la sociedad al Ejército de que estas conductas no son admisibles y tampoco la impunidad.