Colombia permite de nuevo el porte de armas de fuego a sus ciudadanos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes 8 de septiembre de 2026 el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país, una medida que cambia la política de control de armamento vigente desde 2015.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, principalmente en su cuenta oficial de X, mediante un video y un comunicado en el que afirmó que la decisión cumple con una de sus promesas de campaña. 

Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar.

Las cifras… pic.twitter.com/dsZAshWMWS

— DE LA ESPRIELLA STYLE (@DELAESPRIELLAE) September 8, 2026

De la Espriella informó públicamente que firmó el Decreto 1368: «Deberá restablecerse la eficacia de los permisos individuales para el porte de armas de fuego que se encuentren vigentes…», con el cual se elimina la suspensión general que impedía a los ciudadanos portar armas incluso si tenían permisos vigentes. El anuncio coincidió con la visita diplomática del secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, a Barranquilla.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por El Espectador (@elespectador)

Porte de armas en Colombia

Desde 2015, el porte de armas en Colombia estaba suspendido de manera general, una política iniciada por el expresidente Juan Manuel Santos y mantenida por Iván Duque y Gustavo Petro. La suspensión buscaba reducir la violencia armada y se prorrogó sucesivamente, incluyendo una extensión para todo 2026.

Aunque la tenencia de armas seguía permitida bajo salvoconducto, el porte —llevarlas consigo en espacios públicos— estaba prohibido salvo excepciones especiales autorizadas por las autoridades militares.El marco legal vigente continúa siendo el Decreto Ley 2535 de 1993, que exige evaluaciones físicas, psicológicas, antecedentes limpios y capacitación en manejo de armas para obtener permisos.

Con este nuevo decreto, se modifica esta política y habilita nuevamente el porte legal para ciudadanos que cumplan con las condiciones exigidas por la ley, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre el uso y circulación de armamento en el territorio nacional.