A 10 años del Arco Minero del Orinoco: seis principales impactos según Provea

Hace 10 años, el 24 de febrero de 2016, se promulgó el Decreto Nro. 2.248 que creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero”. Con esa decisión, según el expresidente Nicolás Maduro, se buscaba abrir la puerta a inversores internacionales para impulsar la «minería artesanal» en la zona sur de Venezuela.

Durante esta década, Provea ha hecho seguimiento exhaustivo a la situación a través de reportes y acompañamiento a las comunidades que habitan las zonas afectadas. A propósito del lanzamiento del «Plan Oro» por parte de la presidenta interina Delcy Rodríguez, esta ONG presenta un balance con las múltiples consecuencias de la explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO).

6 principales daños del AMO en 10 años según Provea

• Graves afectaciones a los derechos a la salud de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana.
• Un severo impacto en el medio ambiente en regiones especialmente frágiles y refugio de una amplia biodiversidad.
• Fragmentación de los territorios con la falta de titulación y reconocimiento respectivo.
• Desintegración comunitaria y organizativa, debido a la creación de organizaciones paralelas inducidas por el gobierno nacional o local y por instancias paraestatales.
• Cambios en los modos de vida propios resultado de los patrones extractivos que han emergido a raíz de la minería legal e ilegal, derivados de la ejecución de la “Zona de Desarrollo Estratégica Nacional Arco Minero del Orinoco”.
• Aumento de asesinatos de defensores indígenas quienes han sido custodios de sus hábitats ancestrales y tradicionales, de la naturaleza y del territorio nacional, y serias amenazas a los derechos a la vida e integridad personal de las personas que habitan estos territorios, derivadas del aumento exponencial de la violencia debido al auge minero.
• Registro de la muerte de más 390 indígenas yanomami como consecuencia de los brotes de malaria.

Algunas sugerencias frente al «Plan Oro»

Provea señala en su informe que con «el Arco Minero del Orinoco se transgredió abiertamente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho humano a un medio ambiente sano».

Frente a las decisiones de Rodríguez, la ONG insta a tres principales acciones:

• Impulsar procesos de demarcación, auto-demarcación y entrega de titularidad de tierras a los pueblos indígenas.
• Respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada y a la asociación autónoma de los pueblos y organizaciones indígenas.
• Paralización de los proyectos de mega-minería en el marco del Arco Minero del Orinoco, hasta tanto no se realicen, adecuadamente, los estudios de impacto ambiental y la consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas afectados.

Más información sobre este informe

El informe de Provea fue elaborado en colaboración con las organizaciones Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI), Centro de Estudios por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA). Programa de Promoción de los Derechos Indígenas en Venezuela Wayamoutheri.

Puedes leerlo aquí: «Hace 10 años el lanzamiento del Arco Minero del Orinoco extinguió la institucionalidad ambiental en Venezuela«