Panamá establece nuevo trámite migratorio con un costo de 1.250 USD ¿Quiénes pueden aplicar?

El pasado viernes, 14 de marzo de 2025, entró en vigor en Panamá un decreto ejecutivo firmado por el mandatario José Raúl Mulino, que busca documentar la presencia de migrantes en el istmo, en un momento en el cual parece haber concluido el paso migratorio masivo por la selva del Darién, según las cifras del propio gobierno panameño, una situación de movilidad humana que tuvo su pico más alto en 2023.

El gobierno de Mulino aprobó un nuevo mecanismo llamado “permiso de protección de seguridad humanitaria”. Este permiso, que será válido por dos años y prorrogable hasta por seis años adicionales, va dirigido específicamente a aquellos extranjeros que están dentro de Panamá por más de un año y que están sin documentación, permisos o visas. El nuevo mecanismo, según el gobierno, permitirá a estos migrantes regularizar su situación y obtener una visa de trabajo.

El permiso no beneficiará a migrantes que hayan ingresado en un lapso menor a un año. Este plazo de permanencia, de al menos 12 meses en Panamá, es un requisito que apunta a regularizar a quienes ya están en territorio panameño y no persigue promover que lleguen nuevos migrantes, un asunto en el cual ha hecho énfasis Mulino desde que fue candidato presidencial el año pasado. Panamá no debe recibir más migrantes, según el mandatario, quien asumió el poder el 1 de julio de 2024 para un período de cinco años.

El trámite del nuevo visado migratorio y laboral tendrá un costo de 1.250 dólares por persona, mientras que cada prórroga será de 450 dólares. El gobierno aclaró que el dinero recaudado por este permiso será destinado a planes de ayuda social y sanitaria, que justamente son usados por los migrantes.

El último censo nacional realizado en Panamá, en el año 2023, determinó que la población total de este país, bisagra entre Sudamérica y Centroamérica, era de 4,2 millones de personas, con un total entonces de 249 mil extranjeros.

No hay cifras, sin embargo, sobre el volumen de migrantes que no tienen documentación y que optaron por permanecer en territorio panameño, en lugar de proseguir la ruta masiva hacia México y Estados Unidos, en los últimos dos años.

El tránsito de migrantes, sin documentación y en condiciones económicas precarias, a través del Darién creció de forma exponencial. En 2020, la cifra fue de 8.594 y saltó a 133.653 un año después. En 2022 se contabilizaron 248.284 personas que cruzaron a pie la peligrosa selva que separa a Colombia de Panamá y en 2023 fue el año de un flujo que lucía imparable: 520.085 personas.

En medio de la campaña electoral del año pasado, Mulino hizo la promesa que cerraría el paso de migrantes por el Darién, cosa que parecía imposible por las características propias de una zona selvática. Sus decisiones de realizar vuelos de deportación desde Panamá (con ayuda de EEUU), así como el cierre de pasos y el establecimiento de controles migratorios para las personas que salían de la selva, a lo que se sumó en la campaña electoral estadounidense el duro mensaje del entonces candidato Donald Trump en contra de la migración, generaron una caída del 40% en 2024 en el paso por el Darién, en comparación con 2023.

La semana pasada, al hacer un balance de dos meses y medio de 2025, el propio Mulino sostuvo que el flujo migratorio por el Darién había caído en 98%, en comparación con similar período de 2024.

Las políticas migratorias de Panamá

Más allá del paso masivo por el Darién, y la respuesta reciente del gobierno para regularizar la presencia de migrantes sin documentación o visado, varios gobiernos han ensayado medidas para acoger a la migración.

De acuerdo con los datos de la plataforma R4V, que reúne los esfuerzos de las agencias especializadas de Naciones Unidas: ACNUR y OIM, hasta el mes de diciembre de 2024 unos 58.000 venezolanos se contabilizaban como migrantes en Panamá.

Al llegar al poder el presidente Laurentino Cortizo (2019-2024), quien antecedió a Mulino en el poder, su gobierno eliminó el programa llamado Crisol de Razas, destinado a regularización de la presencia migratoria en el país. En julio de 2023, la presidencia de Cortizo creó un permiso temporal de protección, que apuntaba a darle marco regular a la presencia de extranjeros con más de un año y sin visado. Entonces, según organizaciones panameños especializadas, se había creado un cuello de botella entre 2019 y 2023 con miles de migrantes con documentos vencidos y sin un programa al cual acogerse.

La Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), de la que el actual presidente de Panamá fue ministro de Seguridad, creó el programa Crisol de Razas. Mediante este programa los migrantes en situación irregular obtenían un permiso provisional de permanencia en el país.

El Crisol de Razas fue prorrogado en 2015 por el entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), quien otorgó un permiso de temporal migratorio de seis años a cerca de 39 mil extranjeros que iban a entrar en la ilegalidad. Esto benefició entonces a miles de venezolanos.