El magistrado Fernando Rodríguez, designado por el propio Donald Trump, bloqueó cualquier deportación desde el sur de Texas, basada en esa ley. "La administración no tiene autoridad legal, en virtud de la ley de enemigos extranjeros, para detener a extranjeros venezolanos, trasladarlos dentro de Estados Unidos o expulsarlos del país", dijo
Un juez federal de Texas consideró este jueves 1 de mayo «ilegal» el uso que el presidente estadounidense Donald Trump hace de una ley de 1798 para deportar a presuntos pandilleros venezolanos.
El magistrado Fernando Rodríguez, designado por el propio Donald Trump, bloqueó cualquier deportación desde su distrito del sur de Texas de presuntos miembros de la banda Tren de Aragua en virtud de la Ley de enemigos extranjeros de 1798.
La Corte Suprema y varios tribunales de distrito han paralizado temporalmente las expulsiones en virtud de esta ley alegando falta de garantías procesales, pero Rodríguez es el primer juez federal que considera que su uso es «ilegal».
El 15 de marzo Trump invocó esta ley para enviar a presuntos pandilleros venezolanos a una megaprisión de El Salvador, que se prestó a encarcelarlos a cambio de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.
Hasta ese día la ley solo se había usado en tiempos de guerra, sobre todo para confinar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
Trump estima que el Tren de Aragua está involucrado en «acciones hostiles» y «amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos». Según la Casa Blanca el «régimen hostil» del mandatario venezolano Nicolás Maduro mueve los hilos.
«El presidente no puede declarar sumariamente que una nación o gobierno extranjero ha amenazado o perpetrado una invasión o incursión depredadora en Estados Unidos», concluyó el juez Fernando Rodríguez en su dictamen de 36 páginas.
«Permitir que el presidente defina unilateralmente las condiciones en las que puede invocar» la ley «y luego declarar sumariamente que esas condiciones existen, eliminaría todas las limitaciones a la autoridad del poder ejecutivo«, añadió el magistrado.
La invocación de la ley por parte del presidente «excede el alcance legal y, como resultado, es ilegal», dijo el juez.
La administración no tiene autoridad legal, en virtud de la ley de enemigos extranjeros, «para detener a extranjeros venezolanos, trasladarlos dentro de Estados Unidos o expulsarlos del país», zanjó.
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