Tan solo en lo que va de año, al menos 1.668 niñas y adolescentes venezolanas han sufrido algún tipo de violencia sexual en Colombia, revela este trabajo de Paula Andrea Jiménez para Laboratorio Migrante
Entre 2019 y 2026, más de 17 mil niñas y adolescentes migrantes y refugiadas venezolanas han sido víctimas de violencia sexual, física, psicológica, negligencia y abandono en Colombia, de acuerdo a cifras consultadas por Laboratorio Migrante al Observatorio Nacional de Violencias de Género de este país.
En lo que va de 2026, con corte al mes de septiembre, 1.668 niñas y adolescentes migrantes, entre 0 y 17 años, han sido víctimas de múltiples violencias en Colombia, es decir, 8 menores de edad por día en promedio. El 56% de ellas convive con el agresor, el 76% de las agresiones se da en la vivienda y el 57% de los casos corresponde a violencia sexual.
Los lugares más letales contra estas niñas han sido la ciudad capital, Bogotá y los departamentos de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Atlántico
Pese al subregistro, los casos de delitos sexuales contra niñas migrantes venezolanas en los últimos tres años han dejado un número alarmante de maternidades forzadas: entre 2024 y 2026 casi 300 bebés han nacido de niñas venezolanas con edades comprendidas entre 10 y 14 años, entre las que hay identificadas 36 indígenas, de acuerdo a información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Sin embargo, a la fecha se desconoce cuántos de estos delitos contra estas menores de edad alcanzaron a ser investigados, cuántos fueron llevados ante la justicia, cuántas de ellas recibieron atención y acompañamiento estatal y qué sucedió con sus bebés.
También se desconoce a cuántas de estas niñas se les garantizó información oportuna y precisa sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), de acuerdo a la legislación actual colombiana o qué barreras enfrentaron. Las vulneraciones y delitos contra los derechos de la infancia y adolescencia migrante forzada en Colombia siguen sin ser abiertamente difundidos o reflejados en las alertas e informes que instituciones del Estado hacen con cierta regularidad.
La violencia contra niñas y adolescentes adopta muchísimas formas y acciones violatorias de los derechos humanos como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la maternidad forzada, pero también con la tolerancia social y naturalización de prácticas violentas y crueles como métodos de crianza y educación.
En el caso de Colombia estas violencias se reproducen en contextos de migración forzada transnacional, conflicto armado y criminalidad, con altos índices de trata de personas para fines de explotación sexual presencial y digital, servidumbre y reclutamiento.
La salud y el bienestar de estas menores de edad se ven profundamente afectadas, al enfrentar severos traumas psicológicos, lesiones físicas, enfermedades crónicas, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual e incluso la muerte.
La vulneración de los derechos fundamentales de estas niñas, quienes desde muy corta edad quedan desprotegidas, las hace enfrentar grandísimas brechas para su desarrollo, quedando atrapadas en ciclos de pobreza y otros patrones de abuso que se repiten en el resto de su curso de vida.
El Observatorio de Violencias que recoge parte de estas cifras aglutina indicadores aportados por diversas entidades del Estado como los ministerios de salud, protección social y justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros.
Sin embargo, desde el tres de enero de 2026, los datos abiertos del organismo que protege a la infancia, ICBF, no se actualizan, fecha en la cual se registraban 2.613 menores de edad migrantes bajo medidas activas tras la vulneración y riesgo de sus derechos (Procesos Administrativos de Restitución de Derechos, PARD) de los cuales 1.542 son niñas y adolescentes, mayoritariamente víctimas de violencia sexual, negligencia y el abandono de sus responsables. -Por: Paula Andrea Jiménez
La nota original está en la web de Laboratorio Migrante
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