Cómo perder una guerra avisada

Los problemas de escasez, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción e inflación que el gobierno identifica como expresión de la guerra económica, son atribuidos a los enemigos que pretenden dar al traste con el proceso de transformación. Pero el gobierno no reconoce ninguna responsabilidad en las desviaciones y errores de la política económica. Así, hasta los buhoneros, bachaqueros y raspacupos que se consideran chavistas pero se rebuscan y lucran con los incentivos perversos de la política económica, son considerados como mercenarios al servicio de la guerra económica, sin ser necesariamente enemigos políticos del gobierno.

Para enfrentar la llamada guerra económica, el gobierno lanzó una ofensiva plagada de regulaciones y controles que propician la corrupción, sin comprender que esos flagelos que azotan a la población son la consecuencia inevitable de las desviaciones y errores de una política económica que luce cada vez más agotada e ineficaz. En lugar de corregir las distorsiones fiscales, monetarias, cambiarias y de precios, el gobierno se empeña en mantener una política de contingencia, enfocada en controles, operativos, multas y penas de cárcel, sin mayores actuaciones en materia de políticas macroeconómicas y sectoriales.

En efecto, el gobierno apeló al anclaje cambiario como instrumento de política antiinflacionaria. Si bien esto funcionó en los primeros años, el esquema hizo crisis al caer la renta petrolera y retrasarse la liquidación de divisas. El mercado paralelo capta la demanda insatisfecha y los cazadores de rentas le sacan el jugo a los incentivos perversos que ofrece el régimen de cambios múltiple, al capturar los dólares de Cencoex y Sicad y luego revenderlos más caros en el paralelo. Ante la incertidumbre de no saber a qué tasa de cambio se repondrán los inventarios, se tiende a fijar los precios con base en el dólar paralelo, lo cual anula el efecto antiinflacionario de la política cambiaria y asegura exorbitantes ganancias a quienes resultan favorecidos con la asignación de la divisa a la tasa preferencial.

El control de precios también contribuye a agravar el problema. Al congelar el PVP del producto final pero dejar liberados los precios de las materias primas y demás insumos, los crecientes costos superan los precios controlados y, al provocar pérdidas, se desestimula la producción. Por si fuera poco, los millardarios subsidios a productos de la canasta básica alteran aún más los precios relativos, lo cual empeora el círculo vicioso del contrabando de extracción, escasez, acaparamiento y especulación.

Peor el remedio que la enfermedad

Al no corregir estas desviaciones y errores de la política económica, el propio gobierno crea las condiciones para que se multipliquen los negocios fraudulentos. Son los autogoles del gobierno los que facilitan nuevos ataques de los conspiradores y corruptos. Esto comprueba el agotamiento de los controles de cambio y de precios como instrumentos de política antiinflacionaria y anulan el impacto social del enorme sacrificio fiscal que implica mantener una tasa oficial tan baja, así como cuantiosos subsidios que no han servido para mantener a raya la inflación.

El gobierno confundió especulación con inflación. Al no corregir los desequilibrios macroeconómicos que desquician los precios, atacó el problema como si de un delito se tratara. Sin tener claras ni llegar a comprender las causas del problema, el gobierno se desgasta inútilmente enfrentando sus consecuencias a través de controles, multas y penas de cárcel, sin terminar de corregir las distorsiones derivadas del régimen de cambios múltiples, los rígidos controles de precios y los ineficientes subsidios que estimulan el contrabando de extracción, la escasez, el acaparamiento y la especulación.

La acción más emblemática por lo inocua e ineficaz fue la Ley Orgánica de Precios Justos y la creación de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde). A pesar de toda la expectativa generada, no se pudo contener la inflación. Por el contrario, subió de 56,3% en 2013 a 68% en 2014, y en lo que va de 2015 está corriendo a un promedio de 10% mensual.

Medidas como el racionamiento a través de captahuellas y la compra de productos según la cédula de identidad se quedan en la manifestación del problema, pero no erradican sus verdaderas causas. Para contrarrestar la desenfrenada inflación que devoran los salarios, las personas que viven de un ingreso fijo se anticipan a comprar toda clase de bienes antes de que suban de precio nuevamente.

Lo anterior refuerza las presiones de demanda, agravando aún más la escasez que sirve de caldo de cultivo para las perversas prácticas del acaparamiento y la especulación. Una trampa de la que solo se puede salir si se erradica de una vez por todas los perniciosos incentivos que ofrecen la abismal brecha entre los distintos tipos de cambio, los rígidos controles de precios y los exagerados subsidios que, además, estimulan el contrabando de extracción.

Romper la inercia

Si quieres resultados diferentes haz las cosas de manera diferente. La inercia del Gobierno en materia de política económica complica lo que es fácil resolver. La principal causa de los problemas de escasez, acaparamiento, especulación, contrabando e inflación que azotan a la población está en los desequilibrios macroeconómicos, la falta de políticas agrícolas, industriales y tecnológicas, y la conformación de un clima cada vez más adverso a la inversión productiva.

Estos problemas pudieran comenzar a desaparecer si se unifica el agotado régimen de cambios múltiples, se sincera el precio de la gasolina, se erradica el financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo, se flexibilizan los rígidos controles de precios que desalientan la producción, se substituyen los subsidios indirectos a bienes y servicios por subsidios directos a los hogares pobres, y se reorienta en favor de reactivar la producción nacional los miles de millones de dólares que actualmente se destinan a financiar las importaciones gubernamentales y el gasto militar.