La decisión de un tribunal militar venezolano, emitida en octubre de 1980, absolvió a los cuatro acusados de dinamitar, el 6 de octubre de 1976, un avión de pasajeros de Cubana de Aviación en el que viajaban 73 personas. El atentado aconteció en el mar Caribe, cerca de la isla de Barbados. La aeronave había despegado inicialmente del aeropuerto internacional de Maiquetía. Como reacción ante el dictamen judicial, el gobierno cubano retiró a su personal diplomático acreditado en Caracas.
La sentencia absolutoria se habría basado, al parecer, en un supuesto informe de Scotland Yard. El organismo de inteligencia británico aseguraba que la bomba había sido colocada en la bodega de equipajes, a la que no tuvieron acceso los acusados en Barbados, donde el avión había realizado la única escala en su periplo hacia La Habana.
Anticastristas reconocidos
Los inculpados por este caso fueron el cubano Orlando Bosch, reconocido militante anticastrista, considerado el «cerebro» de la operación; Luis Posada Carriles, también de origen cubano a quien la policía había llegado por las declaraciones de dos venezolanos: Freddy Lugo y Hernán Ricardo. Según las acusaciones, estos últimos fueron quienes colocaron la bomba por encargo de Bosch y Posada.
La periodista venezolana Alicia Herrera había revelado en México que los cuatro inculpados recibieron ayuda de policías y políticos desde la llegada al poder del Gobierno socialcristiano de Luis Herrera Campins. Durante largas entrevistas mantenidas en la cárcel con los acusados, la periodista pudo ganarse su confianza y conocer en detalle algunas de sus actividades.
Freddy Lugo y Hernán Ricardo habían sido apresados en Barbados. Las autoridades concedieron la extradición solicitada por el Gobierno venezolano, presidido en ese momento por Carlos Andrés Pérez. Cuando se produjo la sentencia absolutoria, Pérez y otros dirigentes de Acción Democrática fueron críticos de tal decisión, postura a la cual se sumaron eminentes juristas venezolanos.
La reacción de Fidel
Durante la celebración del vigésimo aniversario de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, Fidel Castro, en un discurso pronunciado ante cerca de un millón de personas, culpó directamente al gobierno de Herrera Campins, como máximo responsable de las fuerzas armadas venezolanas: «Es evidente, es incuestionable y es conocido», dijo, «que el fiscal del tribunal militar recibió instrucciones superiores para solicitar la absolución de los asesinos».
Castro consideraba entre los responsables del siniestro al fiscal castrense, a jueces jueces militares y al propio gobierno venezolano. Afirmó que si Venezuela no respetaba las leyes internacionales y liberaba a los cuatro acusados, no podía quejarse si Cuba irrumpía violentamente en la Embajada venezolana en La Habana y sacaba por la fuerza a veintiún ciudadanos cubanos en ella asilados.
Réplica venezolana
José Alberto Zambrano Velazco, para entonces canciller de Venezuela, acusó al gobierno cubano de ser incapaz de entender un principio democrático como el de la “separación de poderes”. Manifestó que el gobierno de Venezuela había reiterado siempre su condena al terrorismo, añadiendo que, a diferencia de Cuba, su país actuaba en el marco de un Estado de derecho, cuya base fundamental la constituye el respeto a las decisiones judiciales. Dirigentes de la oposición venezolana consideraron que la sentencia podía estimular los sabotajes aéreos.
Relaciones en vilo
Al respecto, el ex presidente Carlos Andrés Pérez aseveró que ningún país puede fijar condiciones a Venezuela para restablecer o normalizar relaciones. El presidente Herrera Campins no podría normalizar relaciones con Cuba sobre la base del castigo a los indiciados por la voladura del avión cubano, siendo una cuestión estrictamente judicial. Pérez consideraba que no era eso lo que Cuba le estaba planteando a Venezuela. Y calificaba como «una vergüenza para nuestro país” que pudieran ser liberados quienes cometieron “tamaño crimen de lesa humanidad”.
En ese contexto –acotaba Pérez–, Cuba debía contar, desde luego, con la seguridad de que en Venezuela se haría justicia. Sin embargo, tenía que respetar el hecho de que los tribunales son independientes. Pero el país se conmovió cuando un Consejo de Guerra, en el que un fiscal había pedido “treinta años para estos criminales”, terminó dictaminando la absolución, a pedido de ese mismo fiscal.
Incidentes en la Embajada
En marzo de 1980, seis personas irrumpieron en la embajada de Venezuela en La Habana, a bordo de una camioneta. Testigos presenciales informaron que los policías de guardia ante la Embajada venezolana se limitaron a disparar al aire, dado que el vehículo pasó la puerta, que estaba abierta.
Las seis personas, cuyas identidades no habían reveladas, eran dos matrimonios y dos niños pequeños, que expresaban su deseo de abandonar Cuba. El suceso se produjo en ausencia del embajador César Rondón Lovera, quien se encontraba en Caracas a la espera de que se resolviera la situación planteada a causa de los nueve refugiados que hasta ese momento permanecían en el interior de edificios diplomáticos venezolanos en la capital cubana.
Las razones de La Habana
Las autoridades cubanas afirmaron que respetarían estrictamente el derecho de asilo, entendiéndose por tal el que amparará a aquellas personas que, en situación de grave peligro de perder su vida o su libertad por motivos estrictamente políticos, acudan a la protección de la representación diplomática. No se considera lícito conceder asilo ni a delincuentes comunes, a desertores o a los que no son objeto de ningún tipo de persecución. El gobierno de Cuba había establecido normas por las que regula la emigración del país, que habían permitido la salida definitiva del territorio de cientos de miles de personas que lo habían solicitado.
Aseguraba el gobierno de la isla no haber concedido el permiso de salida a miles de ciudadanos que no han podido abandonar aún el territorio nacional, debido a que no han recibido las visas de los países respectivos. El gobierno de Cuba tampoco autorizaba la salida del país de aquellas personas que, sin calificar para el derecho de asilo, en vez de gestionar de salida del territorio nacional por las vías legalmente establecidas, acudían al expediente ilegítimo de imponer su permanencia en sedes diplomáticas extranjeras, aun cuando no hubieran accedido a las legaciones de forma violenta.
Crisis de los refugiados
El ministro de Asuntos Exteriores peruano, Arturo García y García, solicitaba la «solidaridad internacional» para resolver el tema de los 6.300 refugiados hacinados en su Embajada en La Habana. El presidente de Venezuela anunció se celebraría en Lima la reunión de ministros de Asuntos Exteriores andinos para buscar una posición conjunta frente a la situación creada en la sede diplomática de su país.
La firme defensa que habían tomado especialmente Perú y Venezuela, con respecto al tema del asilo político, fue una de las razones principales del enfrentamiento de estos gobiernos con el régimen de Fidel Castro, el cual sostenía que el caso era una mera cuestión bilateral cubano-peruana. Tanto Perú como Venezuela matizaron sus posiciones con respecto a una eventual ruptura de relaciones con Cuba. Pero el Gobierno venezolano mantuvo que era el momento de investigar por qué centenares de cubanos decidían emigrar de su país.
Derecho irrenunciable
El ex presidente Pérez expresó que, para superar la situación de los asilados cubanos en la embajada en La Habana, se requería del “interés sincero” que tuviera Venezuela en mantener unas relaciones normales con Cuba. Añadía que en su ejercicio como primer mandatario nacional tuvo problemas con la nación antillana, pero estos nunca significaron confrontación entre los dos países, ni mucho menos que Venezuela renunciara a la defensa del derecho de asilo de quienes lo solicitaban ante la Embajada venezolana en la capital cubana.
La adquisición de los F-16
A mediados de 1980, el Comando General de la Fuerza Aérea venezolana comunicó a la opinión nacional la intención de adquirir -para modernizar su parque de armas- la última versión de aviones de cazabombarderos producida por la industria aeronáutica estadounidense. Entre los argumentos esgrimidos estaba la seguridad de la República, en riesgo por el potencial de la aviación cubana, que tenía como base aérea el aeropuerto de Grenada. Esta isla caribeña, para el momento, era gobernada por Maurice Bishop, quien tenía afinidad ideológica con el gobierno castrista cubano y con la Unión Soviética. Ello constituía una potencial amenaza al territorio nacional, que representaba un peligro especialmente para las instalaciones petroleras y la capacidad del Estado de continuar siendo un abastecedor confiable de petróleo, en caso de una agudización de las tensiones en el Caribe.
Se descartaba otras alternativas en cuanto al equipamiento, por cuanto la adquisición del F-16 significaba poseer un instrumental con vigencia operacional hasta fines del siglo XX. Con este argumento, se inició una negociación que culminó con la adquisición de 24 unidades F-16 y de los aviones HAWK por parte de la Fuerza Aérea.
La posición de EE UU
En el Congreso de Estados Unidos, el Partido Republicano defendía la decisión del gobierno de Ronald Reagan, argumentando el carácter de exportador de armas de la URSS y la conducta de Cuba en el Caribe. Lo hacía frente a una débil oposición demócrata, que solo se presentó el reparo del significado de esta venta en relación con una posible carrera armamentista en Latinoamérica. El Senado aprobó la venta el 5 de febrero de 1982, en previsión de un ataque castrista en el Caribe y aduciendo que la URSS repartía MIG-23 entre sus países amigos en la región.
La adquisición coincidió con un incremento en las tensiones internacionales entre el Este y el Oeste, que habían tenido su repercusión en las relaciones La Habana-Caracas, especialmente por la actitud de Venezuela frente a la guerra civil en El Salvador. Venezuela apoyaba al gobierno socialcristiano de José Napoleón Duarte. A ello se sumaba el caso de los presuntos culpables de la voladura del avión cubano. Esos factores colocaban a Venezuela en una posición muy cercana de EE UU en la subregión, y por lo tanto acentuaban la credibilidad de una eventual amenaza cubana.
Vencimiento del Protocolo de Puerto España
En 1981, el gobierno de Luis Herrera Campins informó a Guyana que no renovaría el Protocolo de Puerto España, suscrito en 1971. Mediante ese acuerdo, se había suspendido las negociaciones sobre el territorio Esequibo, reclamado por Venezuela. Se retomaría de inmediato el Acuerdo de Ginebra. El presidente Herrera Campins aseveraba que se había propuesto al gobierno de Guyana la negociación como el “mejor camino” para tratar de llegar a un arreglo práctico sobre la controversia.
Entre las previsiones adoptadas por Caracas estaba acentuar el conocimiento entre los países latinoamericanos –y particularmente entre los caribeños– de las razones venezolanas para la reclamación territorial. Asimismo, se contemplaba desarrollar una acción divulgativa del problema entre el grupo de países no alineados y africanos. En lo interno, se contempló desarrollar la región fronteriza y proyectar sus beneficios sobre la “zona en reclamación”, lo mismo que ofrecer mayor asistencia a la población amerindia.
Cuba-Guyana
El gobierno cubano exhibió siempre una clara posición de apoyo a Guyana, solidarizándose con las acusaciones del presidente Forbes Burnham contra Venezuela. Este trataba de presentarla como un coloso regional, obsesionado con la idea de establecer un centro neocolonialista a expensas de Guyana. En enero de 1981, los dos países firman un acuerdo por el cual la primera respalda y defiende la “actual integridad” territorial guyanesa. Cuba reiteró apoyar totalmente el derecho de la República Cooperativa de Guyana a que su integridad territorial fuese respetada y a impulsar su propio desarrollo económico, político y social.
El acuerdo cubano-guyanés ratificaba los principios acordados en la Sexta Conferencia Cumbre de los Países No Alineados, desarrollada en septiembre de 1979 en La Habana. Tales principios enfatizaban en el rechazo al neocolonialismo. Geopolíticamente, Cuba contaba con el permiso del gobierno de Georgetown para utilizar el aeropuerto en el reabastecimiento de aviones que transportaban tropas cubanas a Angola.
Señalamientos contra Venezuela
En mayo de 1981, el diario oficial cubano Gramma editorializaba que el gobierno actual de Venezuela sostenía inocultables posiciones neoimperialistas y que, en el ejercicio de la rapiña territorial, no escondía sus aspiraciones expansionistas sobre Guyana y otros estados vecinos. Destacaba que el asunto le incumbía a Cuba por su posición principista frente a todo acto de injusticia que pusiera en peligro la soberanía e integridad de un “Estado hermano” y la paz de la región. En este sentido, se justificaba el apoyo cubano a la “integridad territorial” de Guyana, expresado en el cruce de comunicados entre las cancillerías de ambos países.
Burnham llegó a manifestar tener que “estar preparados para lo peor», al plantear una eventual invasión por el Ejército venezolano del territorio de Esequibo. En su criterio, el argumento según el cual Venezuela nunca ha utilizado las armas contra otro país, carecía de sentido, «porque si nos invaden repetirán que han entrado en un territorio que históricamente les pertenece».
Postura de los No Alineados
El presidente Herrera Campins había iniciado contactos para pulsar la postura de los integrantes del Movimiento de los No Alineados en cuanto al ingreso pleno de Venezuela a la organización. En septiembre de 1982, el canciller Zambrano Velazco dirige una nota diplomática al canciller cubano Isidro Malmierca Peoli, quien presidía el grupo de naciones, solicitando la adhesión de Venezuela como miembro de pleno derecho, para “cooperar en la promoción y observancia de los principios del Movimiento”.
Para aceptar la presencia de Venezuela en el grupo, Guyana exigía que se avalara un pronunciamiento formulado por el canciller Jackson, en el cual solicitaba que Venezuela renunciara expresamente al “uso de la fuerza” en la búsqueda de un arreglo práctico de la disputa con Guyana por la región del Esequibo, de conformidad con el Acuerdo de Ginebra. El petitorio también incluía el compromiso de Venezuela de no frustrar el desarrollo económico de la excolonia británica.
El 14 de febrero de 1983, el canciller Zambrano Velazco dirige comunicación al canciller cubano Raúl Roa, denunciando que la causa de la suspensión de la solicitud de ingreso obedeció al uso indebido de la regla de consenso por parte de Guyana, con el fin de obtener “ventajas improcedentes e inaceptables”.
