Crímenes sin Castigo: El último vuelo de Emtrasur

El 5 de mayo, un juez de la corte del Distrito de Columbia (EEUU) ordenó la confiscación definitiva del Boeing 747-300 Dreamliner, perteneciente a la estatal venezolana Emtrasur.

Hasta la primera semana de agosto, el jet registrado con las siglas YV-3531 permanecía estacionado en un hangar del terminal aéreo Ezeiza de Buenos Aires, en atención a una orden emitida por el juez Federico Villena, a instancias del Departamento de Justicia de EEUU. Según el rotativo argentino La Nación, para entregar el aparato a los norteamericanos hace falta una autorización presidencial.

En este caso, competería al actual mandatario Alberto Fernández, cuya afinidad con el régimen de Nicolás Maduro lo llevó a retirar la denuncia por presuntos crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, consignada durante la gestión de su predecesor, junto a representantes de otros cinco países, en lo que se ha conocido como el Expediente Venezuela.

Sin embargo, la Casa Rosada ha procurado mantener cierta distancia con respecto al expediente ventilado en el juzgado de Lomas de Zamora. En fin de cuentas, el Ejecutivo argentino no desea ser tachado de complacencia con el terrorismo, en especial mientras adelanta negociaciones para refinanciar su deuda ante el Fondo Monetario Internacional.

Gracias a documentos consignados en las investigaciones a Emtrasur, tanto en Argentina como en EEUU, ha sido posible conocer algunos detalles sobre el origen de la aeronave, el uso que tuvo hasta el momento de su retención y, en general, sobre el modo como se manejan las empresas pertenecientes al actual gobierno venezolano.

Intermediario árabe de Dubai

La aeronave foco de este litigio fue fabricada en 1986. Para el momento de su retención, en junio de 2022, ya tenía 36 años. Según el portal Planespotters, durante su vida útil este aparato perteneció a las empresas francesas Unión de Transports Aériens y Air France. Luego, pasó a manos de la compañía armenia Blue Sky. En agosto de 2007, esta empresa hizo un contrato de leasing sobre este aparato con Mahan Air, una estatal iraní incorporada en 2011 a la lista de organizaciones sancionadas por el Departamento del Tesoro, por “proveer apoyo financiero, material y tecnológico a la Guardia Revolucionaria de Irán”, también llamada Fuerza Quds. Esta sería la entidad que maneja las relaciones entre el régimen islámico y la organización armada Hezbollah.

Una declaración consignada por el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Adam Mastrianni, revela que en julio de 2021 este avión fue adquirido por Conviasa (la casa matriz de Emtrasur), mediante un “acuerdo de compra” entablado con la empresa Lance Tech General Trading LLC, registrada en Dubai. Los registros de comercio de este emirato indican que se trata de una corporación dedicada esencialmente a la distribución de materiales electrónicos.

Para ese momento, indicó el agente, el 747 ya tenía más de año y medio en tierra, debido a “preocupaciones por el mantenimiento”.

El precio pagado por Conviasa por este aparato fue ocho millones de euros. La entrega formal se produjo en octubre.

Puente a Teherán y Moscú

La solicitud de confiscación de la “aeronave-objetivo” (como la llaman en el expediente estadounidense) fue formulada por el Departamento de Justicia ante el juez de Columbia G Michael Harvey, que dio luz verde al procedimiento el 19 de julio de 2022. El 11 de agosto de ese año, la nave era inspeccionada por el juez Villena y el agregado policial de EEUU en Argentina Ricardo Hernández.

Villena dejó constancia de que los estadounidenses no confiscaron ninguno de los objetos que permanecían en el aparato.

El argumento legal invocado por los estadounidenses para la retención del 747 fue el incumplimiento de una “orden temporal” emanada del Departamento de Comercio de EEUU, que impedía a Mahan Air cualquier “transferencia de custodia y control” del jet a terceros, más aún tomando en cuenta que Conviasa también es una empresa sancionada por Washington, por proveer apoyo y soporte logístico a un gobierno señalado de graves violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía. La referida orden podía ser suspendida, siempre y cuando se solicitara una autorización específica. Pero la gestión nunca fue realizada.

Los movimientos del jet eran permanentemente monitoreados por los organismos de seguridad estadounidenses. La solicitud de confiscación suscrita por el agente del FBI consigna toda una historia de vuelos desde y hacia países considerados retadores o enemigos abiertos de Washington.

El 19 de febrero de 2022, la aeronave de carga cubrió la ruta Caracas-Teherán. Lo mismo que el 13 de marzo, el 17 de abril y el 21 de mayo. Tres días después, despegó de la capital iraní a Moscú, para regresar al día siguiente. Para ese momento, habían transcurrido tres meses desde que las tropas rusas invadieron a Ucrania.

En marzo también se hicieron vuelos desde la capital iraní a Belgrado, y de allí a Cabo Verde. Esta información fue obtenida gracias a un “mini diario” encontrado durante una de las inspecciones a la cabina del piloto.

La lista de vuelos priorizada por el agente solo incluye a los lugares vetados por la administración de Washington. Mientras estuvo en poder de Emtrasur, el jet también cubrió rutas a La Habana, Managua y Querétaro. De igual forma fue visto en Ciudad del Este (Paraguay) y Aruba.

Para el momento de la confiscación, la nave tenía más de siete meses en poder del gobierno venezolano. Aún así, era piloteada por Gholamreza Ghasemi, descrito por el FBI como un ex comandante de la Fuerza Revolucionaria Iraní.

Ghasemi declaró en el juzgado argentino que pertenecía a la nómina de Emtrasur desde marzo de 2022. En su celular, encontraron guardados logotipos de la estructura armada, así como del general de división Qasem Soleimani, máximo jefe de la Fuerza Quds, ultimado en enero de 2020 cerca del aeropuerto de Bagdad. Este hecho fue reivindicado por la administración Trump.

“Es considerado un héroe en mi país, y tiene una aprobación del 98 % de la población (…) Luego de ser asesinado por un ataque aéreo estadounidense es muy común que circulen fotos suyas y que incluso en las fotos de perfil de las redes sociales se muestren fotos de Soleimani”, afirmó Ghasemi.

Operaciones en cash

La permanente necesidad de pasar inadvertido en los radares financieros estadounidenses llevó a Emtrasur a ejecutar la mayor cantidad posible de operaciones con divisas en efectivo. Esta práctica suscitaba recelos de los prestadores de servicios en los distintos países, más acostumbrados a los pagos con transferencias.

“Los gastos operativos se materializan, con relación a los viáticos, en efectivo. Y con relación a los otros puede ser mixto, depende de las condiciones que acepte o no la persona que nos prestó el servicio, de donde este se ubica. Si es un prestador que está en Venezuela y si acepta pagos en efectivo se le paga en efectivo”, declaró en el juzgado argentino el gerente general de Operaciones de Emtrasur, capitán retirado (Aviación) Víctor Manuel Pérez.

Pérez, además, afirmó que la estatal de carga ocasionalmente busca la cooperación de empresas privadas nacionales para que hagan los pagos mediante transferencia a compañías en el exterior. Esta forma de triangulación, por ejemplo, fue aplicada para la compra del combustible con el que se surtiría el avión en Uruguay. Como se recordará, las autoridades aeronáuticas de ese país impidieron el acceso del jet, y fue necesario devolverse a Argentina, justo antes de la retención de la nave.

El manejo de grandes cantidades de efectivo suscitó preocupación entre los tripulantes, puesto que no había un lugar donde ocultarlo con seguridad.

“Nosotros estábamos viendo la posibilidad de comprar una caja fuerte para el avión. Porque así sea que uno lleva cinco mil o 10 mil siempre está la posibilidad de que alguien se los robe. Hemos llevado desde 10 mil dólares hasta más, porque uno paga viáticos a pilotos, y un piloto por diez días se puede llevar siete mil dólares. Alguna vez hemos tenido que pagar combustible en efectivo. Este avión carga hasta 150 toneladas de combustible”, explicó.

En agosto de 2022, Maduro condicionó la reanudación de las conversaciones en Ciudad de México a la liberación de los 19 tripulantes del jet (cinco iraníes y 14 venezolanos), así como también a la entrega de la aeronave. Ya en noviembre, el juez Villena había otorgado medidas que suspendían la privación de libertad para los ocupantes. Pero el eje central de la acción judicial, que es el aparato, continúa en poder de las autoridades. Solo una “solución política” del mandatario argentino impedirá que esta nave sea entregada a los norteamericanos.

Breves

-El nuevo director de la Policía Nacional, general de brigada (GN) Rubén Darío Santiago Servigna, prohibió a todos los jefes de unidades de ese cuerpo la asignación de funcionarios para la custodia de las estaciones de servicio. Según este oficial, que ostenta en la PNB el grado de “comisario superior”, el único que puede autorizar este servicio es el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos. La circular, divulgada a partir del lunes 7 de agosto, advierte que el incumplimiento de esta decisión acarreará sanciones administrativas y disciplinarias.

El emplazamiento de agentes de este cuerpo, así como de la Fuerza Armada Nacional, fue decisión del propio régimen. Pero pronto estos uniformados se hicieron partícipes de los sistemas de concusión. De ello, hay numerosas evidencias en audio y video. Ahora, la vigilancia de los expendios de combustibles quedará bajo la responsabilidad de agentes municipales y estatales, de los serenos privados y, desde luego, los colectivos armados (bandas armadas civiles vinculadas al chavismo) que han encontrado en este sector una fuente más para asegurarse una caja chica.

-Con el nombramiento del nuevo director general, (GB Rubén Santiago Servigna), la plana mayor de la Policía Nacional quedó conformada de esta manera: comisario mayor José Miguel Domínguez, subdirector; comisario jefe Tania Mujica, secretaria general; general de división (GNB) Frank Morgado, jefe de la Inspectoría, y el comisario mayor Luis López, jefe de Operaciones.

Domínguez, conocido como Miguelito, también está al frente de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET, antigua FAES). Allí lo acompañan el comisario mayor Carlos Calderón y el comisario jefe Florencio Escalona.

Tanto Domínguez como Calderón fueron sancionados por el Departamento del Tesoro en 2019. El último, además, aparece señalado en informes de la misión de determinación de hechos de la Organización de Naciones Unidas por presuntos delitos de lesa humanidad, mientras se desempeñaba en la jefatura de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

El grupo táctico de la PNB (Uote) es comandado por el inspector jefe Fray García; el comisario general Richard Contreras está al frente de Delincuencia Organizada, y Richard Centeno en la Unidad contra el Terrorismo y la Subversión. En Antidrogas está el coronel de la Guardia Nacional Elio Malpica, y el comisario Leonel García en Inteligencia Estratégica.