María Alejandra Díaz, devorada por el sistema que ayudó a crear

Desde una perspectiva de derechos humanos, cuando una persona es víctima de atropellos o persecución debe ser protegida, incluso si en el pasado esa persona fue en verdad victimario. La abogada María Alejandra Díaz no fue torturadora, obviamente, pero desde posiciones estratégicas defendió, justificó y hasta avaló con su firma acciones que menoscabaron derechos humanos en Venezuela.

Díaz decidió mostrar su vulnerabilidad al anunciar que había salido de Venezuela. Viajó a Colombia con su madre, que requiere cuidados personales. Se puso fin a poco más de un semestre de reclusión en la embajada colombiana en Caracas en espera del salvoconducto para salir de nuestro país.

La imagen que compartió Díaz al momento de irse de Venezuela contrasta notablemente con aquella otra figura combativa, que desde la Asamblea Nacional Constituyente y antes desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, impulsaba acciones que restringían tanto el Estado de Derecho como la libre circulación de informaciones y opiniones en el país.

Encabezando la estratégica Comisión de Justicia de la ANC, electa de forma espuria en 2017 y no reconocida como legitima por más de 60 países, Díaz estuvo involucrada y no como mera espectadora en decisiones muy graves como las designaciones al frente de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, saltándose la norma constitucional que claramente establece que tales nombramientos son competencia de la Asamblea Nacional.

Participó de una “ley” contra el odio, un mecanismo sancionatorio aprobado por una Asamblea Constituyente que permitió atrincherarse a Nicolás Maduro, en lugar de aprobar una nueva constitución. Díaz no fue un actor secundario en aquel engaño. Después de tres años se disolvió aquella ANC que exhibe la nada honrosa condición de no haber aprobado ni siquiera un artículo para una hipotética nueva constitución.

En aquellas sesiones de la ANC, dedicadas a descalificar a opositores, hacer señalamientos sin pruebas y redactar normas restrictivas, y por encima de todo, aquella ANC que fue claramente la apuesta del chavismo en el poder para desconocer la voluntad popular expresada en una Asamblea Nacional encabezada por la oposición desde 2015 gracias al voto mayoritario, en esas sesiones la voz de Díaz fue una de las protagónicas.

Eran sin duda otros tiempos, pero visto en perspectiva, entonces se sembraron en la lógica del poder varios de los factores que luego irían como un bumerang a golpear a Díaz, cuando esta decidió en 2023 y 2024 salir a defender la Constitución de 1999. Lamentablemente para ella terminó siendo víctima del poder omnímodo que ayudó a construir.

Participó en la construcción de un tótem, asumiendo que iría contra otros, pero el poder de este tótem cayó sobre ella y su familia.

Su paso por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) fue muy sonado ya que estuvo a cargo, desde el departamento jurídico, de los diversos procesos administrativos sancionatorios que se abrieron contra Globovisión, cuando aquel canal de noticias era el estandarte de la información crítica y espacio habitual de la oposición dura al chavismo.

Por aquel entonces, siendo yo contratado como asesor externo en mi calidad de experto en libertad de expresión, me tocó estar en diversas sesiones que dirigía una, entonces, agresiva María Alejandra Díaz.

Tras el elevado costo político que en su momento representó para el chavismo el cierre de la señal de RCTV, proceso en el cual Díaz fue actriz de reparto, desde CONATEL se implementó una estrategia que finalmente logró su éxito en contra de Globovisión. Se forzó la venta del canal de noticias y opinión, tras innumerables procesos administrativos y judiciales. No fue necesario cerrarlo para que desapareciese lo que era la última ventana abiertamente crítica en las pantallas venezolanas. En este caso la abogada Díaz sí jugó un papel protagónico.

Como lo sostuve en diversas de las sesiones en las que me tocó exponer ante Díaz y otros altos funcionarios de CONATEL, sancionar a una voz crítica, como lo era entonces Globovisión, significaba un menoscabo en derechos humanos, tanto en la posibilidad de expresarse abiertamente de periodistas y actores políticos, como en el derecho de la ciudadanía a decidir por cuál medio se iba a informar.

Garantizar la existencia de medios críticos era necesario para que las voces disidentes o minoritarias pudiesen expresarse ante un poder que tenía en sus manos infinidad de recursos para hacerlo.

Cuando ella decidió pasar a ser la voz crítica, con banderas que compartí como sus denuncias sobre la insuficiencia del salario mínimo (2023) o el irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas (2024), María Alejandra Díaz terminó siendo víctima del sistema jurídico y mediático que ella había ayudado a erigir. Su revolución la devoró.