Opinión

Y la transición empezó… en Bolivia

La noticia de la excarcelación de la expresidenta interina Jeanine Áñez tuvo un alto impacto noticioso internacional y fue la antesala de la toma de posesión de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia. El país andino, largamente bajo control del Movimiento al Socialismo (MAS), vive el inicio de una transición democrática con un presidente que vivió exiliado en Caracas durante su niñez

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La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, salió de la cárcel en la que permanecía recluida desde hace más de cuatro años luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara la condena en su contra.

Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Esta decisión, tras la elección de Rodrigo Paz Pereira, y sin que éste diera una orden en esa dirección, reitera la condición de presa política que tuvo la Áñez.

La exmandataria fue condenada en junio de 2022 por asumir la presidencia en una cuestionada sesión de la Asamblea Nacional durante las protestas de 2019, que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

Áñez condujo al país en unos meses duros hasta que en 2020, al repetirse las elecciones con Morales exiliado, terminó siendo electo quien era su mano derecha, Luis Arce.

Según analistas, la transición en Bolivia, reflejada por un deseo de cambio que se manifestó en las urnas, se explica de tres formas. En primer término, la lucha interna que en los últimos años protagonizaron Arce y Morales, con la cual el MAS quedó fracturado, permitiendo que este año, por primera vez en dos décadas, no fuese el ganador de una elección boliviana.

Un segundo factor de peso ha sido la economía. El modelo económico del evismo, del cual Arce había sido el arquitecto como todopoderoso ministro de Economía, sencillamente se agotó. Aun así, el nuevo presidente logró conectar mediante las redes sociales con los jóvenes que, hastiados del rifirrafe de los políticos tradicionales, buscaban otra opción.

Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, economista e hijo del controvertido exjefe de Estado Jaime Paz Zamora (1989-1993), asumió el poder por cinco años este 8 de noviembre.

No será fácil desmontar la estructura que dominó el poder en las últimas dos décadas, pero el suicidio político de Arce y Morales dejaron al MAS completamente reducido al punto de que apenas obtuvo dos diputaciones entre 130 curules.

Internacionalmente, el nuevo presidente busca alianzas con «países democráticos» como Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, alejándose del bloque bolivariano. Los países del ALBA, espacio del cual pensaba retirar a Bolivia, se adelantaron y lo expulsaron.

Su primer viaje al exterior como presidente electo fue a Washington. No solo fue para congraciarse con el gobierno de Donald Trump, sino para reinsertar a Bolivia en los entes multilaterales con sede en la capital estadounidense.

Por ejemplo, volver al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Evo Morales en 2008 congeló la participación de Bolivia en estas entidades.

Paz Pereira ha recordado que vivió exiliado en Caracas durante su niñez, cuando su padre era una figura emblemática de la izquierda boliviana y fue perseguido político.

Ha dedicado varios mensajes para confrontar directamente al gobierno de Nicolás Maduro. Y en simultáneo ha difundido mensajes de respaldo y comunicación directa con María Corina Machado. Su propuesta de “capitalismo para todos” ha hecho recordar que en 2012, de cara a las primarias de la oposición, la principal bandera de la ahora premio Nobel era «capitalismo popular».

Las primeras decisiones de Paz Pereira, en la transición que vive ahora Bolivia, delinean una agenda pragmática enfocada en la estabilidad inmediata y una transformación estructural en el mediano y largo plazo.

Su mensaje desde que fue electo ha sido: «La ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, instituciones fuertes, seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada»

Entre las medidas prioritarias, el mandatario se comprometió a resolver la crisis de combustible durante sus primeros días de gestión. Este es un asunto que agobia a los bolivianos y que se achaca a la mala gestión de Arce como presidente.

Aunque son dos líneas estratégicas que apuntan a un cambio radical en el manejo de la administración pública, y por tanto llevará más tiempo implementarlas del todo, el presidente de Bolivia anunció que se pondrá manos a la obra en una nueva visión del Estado boliviano.

Uno de estos puntos es la «Agenda 50/50», una fórmula para descentralizar el presupuesto nacional. El 50% para el Estado central y el otro 50% para departamentos y municipios. Esta propuesta, aplaudida en el oriente boliviano, motor económico del país con su agroindustria y gas, busca redistribuir ingresos fiscales y empoderar regiones autónomas, respondiendo a demandas de las provincias de Santa Cruz y Tarija. Justamente Paz Pereira fue alcalde de esta última durante 10 años.

Un asunto neurálgico de la nueva relación del poder con la gente, y que será políticamente delicado según adelantan observadores, es un replanteamiento profundo de la relación entre los ciudadanos y el Estado. Paz Pereira ha criticado el modelo “masista” de un Estado centralista y con exceso de burocracia que ahoga la iniciativa privada.

«Se acabó la época de vivir del Estado», declaró en redes sociales, instando a los bolivianos a relacionarse con el gobierno «mediante la producción, no la dependencia». Esta propuesta constituye un desafío de envergadura para el nuevo gobierno, dados los largos años de relación clientelar de los ciudadanos, especialmente campesinos e indígenas, con el Estado boliviano.

Si bien no ha dado anuncios de que revertirá las estatizaciones, es un asunto del que ha deslizado frases de este tipo: «No creo en los subsidios: se nacionalizó el gas y no hay gas, se subsidió el diésel y no hay diésel».

Paz Pereira reiteró que llevará adelante un modelo que define como un «capitalismo para todos». Su plan es formalizar a más de cinco millones de trabajadores informales, mediante créditos accesibles e incluirlos en el sistema tributario nacional con un impuesto único por debajo del 10% de sus ingresos. 

El corte a los subsidios clientelares heredados del MAS emerge como el anuncio más controvertido. Su plan incluye limitarlos a sectores vulnerables como transporte esencial y cadenas agropecuarias, mientras libera importaciones y elimina aranceles para bajar precios.

Con 47 de 130 diputados y 16 de 36 senadores, Paz Pereira necesitará coaliciones con exrivales como el expresidente conservador Quiroga, o el empresario Samuel Doria Medina, para aprobar reformas de envergadura como las que se plantea para los próximos cinco años. 

Estas dos figuras, que también adversan abiertamente a Morales y al MAS serán determinantes para la gobernabilidad de la presidencia de Paz Pereira.

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