La conocida defensora de los Derechos Humanos fue detenida el 9 de febrero y es actual víctima de lo que se conoce como "desaparición forzada breve". Tarek William Saab dijo que estaba siendo investigada por presunta conspiración de magnicidio
El 9 de febrero a las 5 am, organismos de fuerza policial del gobierno detuvieron en el aeropuerto de Maiquetía a Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidente de la ONG Control Ciudadano y, desde entonces, se desconoce su paradero.
A este hecho se le denomina «desaparición forzada breve», según las Naciones Unidas, y constituye una violación al debido proceso, al derecho a la defensa y es una violación a los Derechos Humanos. Sin embargo, es una práctica constante en el actual gobierno.
El fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, confirmó tardíamente la detención de Rocío San Miguel, exactamente 50 horas después del arresto. Lo hizo por su cuenta en X.
«El Ministerio Público #informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios; así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal ( Táchira ) y otras entidades del país», expresó.
Sin embargo, no informó sobre su paradero, desconocido por su defensa y sus familiares, pero remató con la frase «como siempre, apegados a lo establecido en nuestra Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos», algo que, precisamente, ONG internacionales y nacionales acusaron de no estar cumpliendo.
«Sus familiares y su defensa no han sido oficialmente informados de su paradero ni han tenido acceso a ella. Este patrón de crímenes de Estado ha sido usado sistemáticamente y es una de las líneas de investigación actual de la Corte Penal Internacional», manifestó el periodista Luis Carlos Díaz en sus redes sociales.
Rocío San Miguel tiene amplia trayectoria en Derechos Humanos e incluso es una de las pocas abogadas especializadas en la defensa de los Derechos Humanos de los militares. Se encontraba en el aeropuerto con su hija. Desde 2012, ambas tienen medidas cautelares de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a los constantes ataques y hostigamiento que ha recibido.
«Rocío es una persona muy importante en la sociedad civil venezolana porque dirige desde hace años la ONG Control Ciudadano, encargada de hacer análisis de seguridad y defensa de la Nación. También es conocida por ser una de las personas que le ganó al Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se demostró que se han aplicado medidas de discriminación, persecución y restricción de libertades por razones políticas», detalla Luis Carlos Díaz.
La detención y desaparición de Rocío San Miguel desató, de inmediato, reacciones de la comunidad nacional e internacional.
Amnistía Internacional pidió su «libertad inmediata e incondicional».
«Consecuentes con nuestro mandato exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos», publicó la ONG especializada Provea.
«Exigimos respuesta y atención inmediata del caso a los organismos internacionales de protección y defensa de los DDHH que se encuentran en Venezuela. ¡Ya basta de silencio! Estos hechos ocurren aún con presencia en el país de la oficina del Alto Comisionado de DDHH. Se requiere acción urgente», denunció la opositora Delsa Solórzano.
«Alertamos al mundo que la arremetida represiva del régimen de Maduro continúa», condenó María Corina Machado, principal figura de la oposición de cara a las presidenciales de 2024, pese a una inhabilitación política en su contra por 15 años.
El también líder opositor, Henrique Capriles, denunció en tanto que «una vez más desde el poder sigue la dinámica del terror, la persecución, criminalización y arbitrariedades para neutralizar a quienes piensan distinto».
La retención ocurre en un contexto del anuncio del gobierno venezolano de haber neutralizado cinco «conspiraciones» de magnicidio, en las que la justicia venezolana señala a militares, periodistas y activistas, dice AFP.
Maduro, que debe buscar la reelección este año, denuncia con frecuencia planes para derrocarlo y asesinarlo.
Una de ellas, denominada «Brazalete blanco», en la que supuestamente está involucrada San Miguel, consistía en el ataque de una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para tomar armas y asesinar a dirigentes del chavismo.
Por estas últimas presuntas conspiraciones van 36 detenidos -12 por «Brazalete blanco»- y 22 personas con órdenes de captura, según dijo el fiscal general Tarek William Saab el 26 de enero.
Cuentas de la ONG Foro Penal aseguran que Venezuela suma 261 «presos políticos», entre ellos 18 mujeres y 146 militares.
Con la mira puesta en lo ocurrido durante las protestas sociales de 2014 a 2017, el gobierno anunció que trabaja en un proyecto de ley "contra el Fascismo y el Neofascismo"
En Venezuela la arbitrariedad desde el poder usa el miedo como su arma más eficaz para intentar fomentar la desesperanza, destaca Alí Daniels, al recibir el premio a la Defensa de los Derechos Humanos por su trabajo en la ONG Acceso a la Justicia.
Querían huir de Venezuela, pero no lo lograron. Querían encontrar un trabajo digno pero la mayoría de las ofertas laborales que encuentran en la frontera con Colombia las acercan a la explotación sexual. Están atrapadas en las violencias que sufren quienes sobreviven en los rancheríos instalados en la ribera del río Táchira
