La aprobación de la ley contra ONG ha sido rechazada por varias organizaciones civiles de Venezuela, como Provea e IPYS, quienes expresaron que esta es una forma de "legalizar la persecución a la disidencia"
La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo gobernante, aprobó este jueves 15 de agosto una ley para regular las organizaciones no gubernamentales (ONG), la primera de un paquete legislativo solicitado por el presidente Nicolás Maduro en medio de la crisis generada tras su cuestionada reelección el 28 de julio.
El texto, aprobado por unanimidad, ha sido blanco de críticas de activistas, que aseguran restringirá derechos civiles. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había igualmente pedido a las autoridades frenar la aprobación de «leyes que socaven el espacio cívico y democrático».
#15Ago || Queda aprobada por Unanimidad, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, en su segunda discusión. pic.twitter.com/KpiOIKerW9
— Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) August 15, 2024
La ONG Provea considera que la acción de la AN es una forma de legalizar «la persecución hacia la sociedad civil que han denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en estos tiempos».
«Un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país. Violentando la independencia (fundamental) de la sociedad civil y amenazando con disoluciones y multas millonarias hacia las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos», escribió Provea mediante sus redes sociales.
Mientras #Venezuela sigue en una crisis política por la falta de transparencia del CNE y TSJ, la Asamblea Nacional de Maduro aprueba la Ley contra las ONG. #15Ago
— PROVEA (@_Provea) August 15, 2024
Legalizando la persecución hacia la sociedad civil que ha denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en… pic.twitter.com/ZsRe4hHh9d
Provea alertó a la comunidad internacional sobre la aprobación y expresó que será una forma de profundizar la persecución a las voces disidentes del gobierno de Maduro.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también se pronunció contra la aprobación de la ley: «(…) reiteramos nuestra preocupación por la implementación de leyes que promueven acciones antidemocráticas, que tendrían graves implicaciones para el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación y de expresión en Venezuela».
Relaciones diplomáticas, consulares y económicas con España quedarán suspendidas si Maduro acepta la petición de la Asamblea Nacional, que es una respuesta directa al reconocimiento como presidente electo que dio el Congreso de España a Edmundo González
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había pedido a las autoridades frenar la aprobación de "leyes que socaven el espacio cívico y democrático"
La "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares" fue presentada por Delcy Rodríguez, quien explicó que consta de cuatro capítulos y 30 artículos. Entre las prohibiciones del capítulo dos se incluyó "la constitución de organizaciones sociales o con fines políticos que se fundamenten en el fascismo" y también un apartado especial para regular redes sociales
