¿Venezuela vive una transición después del 3 de enero?

¿Qué condiciones mínimas deben cumplirse para afirmar que un país está en una verdadera transición hacia la democracia? Esta pregunta flota en la discusión pública digital entre venezolanos ubicados en distintas latitudes. Partiendo de esa inquietud y usando el libro de Bitar y Lowenthal como referencia, tratamos de construir una aproximación a partir de experiencias previas en otras realidades que ayuden a mirar el presente venezolano.

En este libro hay tres ideas fuerza centrales: las transiciones no son lineales ni exprés, requieren priorizar la recuperación institucional sobre la justicia inmediata, y dependen de pactos y el uso estratégico de instituciones existentes. Estas premisas, delinean un marco mínimo para evaluar si un país avanza hacia la democracia o permanece en un limbo autoritario, una discusión más que apropiada en nuestro país tras el 3 de enero de 2026.

Ciertamente, no hay manuales universales ni recetas mágicas; cada nación construye su ruta con actores locales que, pese a las divisiones, deben encontrar bases de convivencia tras períodos dictatoriales. Esta noción es crucial para establecer una condición mínima: una transición genuina requiere evidencia de movimiento con decisiones desde el poder, no se trata de declaraciones retóricas.

En su análisis de casos exitosos, los autores ya señalados colocan a los casos de Chile, Polonia o España, como modelos de transición que combinaron paciencia y estrategias para ir erosionando al poder autoritario «paso a paso». Sin esta dinámica de erosión progresiva, no se puede hablar de transición; solo de estancamiento o simulación. Obviamente en Venezuela apenas han transcurrido seis semanas del 3 de enero y como sociedad nos falta camino por recorrer.

En general el libro deja evidencia que las transiciones no suelen hacerse desde afuera, sino que la construyen actores locales comprometidos. Las transiciones son obra de ciudadanos que «se niegan a irse a otro lugar» y buscan convivencia democrática en su propia tierra.

Una condición mínima, que se extrae del libro, es la presencia de una oposición unificada o al menos coordinada, capaz de negociar sin fragmentaciones que beneficien al régimen. Esta condición pone de relieve la ausencia de espacios hoy en Venezuela para que las voces disidentes construyan acuerdos internos mínimo o tracen estrategias conjuntas.

La transición democrática exige un tejido social activo, con sociedad civil, partidos y elites económicas alineadas en metas comunes. Ausente esto, el proceso se estanca, siendo diversos los casos de procesos prodemocracia inacabados ya que los dictadores se atrincheraron ante divisiones opositoras.

La segunda idea fuerza radica en la priorización de la recuperación institucional sobre la justicia inmediata. El libro deja en evidencia que las heridas de la represión no se curan de la noche a la mañana; primero se recuperan espacios democráticos e institucionales, y luego un sistema judicial saneado establece la rendición de cuentas, bajo un marco de Estado de derecho. Es difícil de digerir, pero una clave en cualquier transición es entender que los más peligrosos violadores de derechos humanos deben contar con el respeto a sus derechos básicos. Ningún proceso político basado en la venganza terminará aportando bienestar democrático.

Esta secuencialidad es una condición mínima inescapable: nadie en el poder se somete voluntariamente a juicios, por lo que exigir castigo simultáneo a la transición bloquea el espacio de negociaciones. En varios casos, especialmente Brasil resalta según los autores, tuvo lugar una transición negociada, en la cual la dirigencia prodemocracia «metió en el congelador» el tema de la justicia para facilitar el cambio político.

Garantías de no persecución inmediata fueron clave para que las dictaduras (con todos sus represores detrás) cedieran, como en Sudáfrica o España. Aplicado a contextos actuales, esto implica que una transición real debe evidenciar reformas que fortalezcan instituciones –como un poder judicial independiente o un parlamento plural– antes de procesos que sienten en el banquillo a los responsables de crímenes, por más graves que sean. Se trata de priorizar el salto político para el cambio democrático, como primer paso.

Este enfoque, que destacan los autores, no implica impunidad perpetua. Una vez restablecida la democracia, se dan pasos para sancionar violaciones pasadas a derechos humanos, en algunos casos incluso con acompañamiento de expertos internacionales.

Pero ignorar esta prioridad puede perpetuar autoritarismos, ya que «nadie entregaría su espacio de poder si sabe que irá de la mano de su encarcelamiento».

La tercera idea fuerza es el uso estratégico de instituciones existentes y la formación de pactos inclusivos. El libro destaca el caso español, donde se emplearon leyes del franquismo –como la Ley de Sucesión de 1947– para allanar el cambio, combinado con negociaciones secretas e inclusión de diversas fuerzas políticas, tras bambalinas.

Esta aproximación gradual es una condición mínima: las transiciones requieren aprovechar rendijas en el sistema autoritario, cuando no sucede una demolición abrupta que trastoque todo el orden autoritario. Si es este el escenario, según los autores, la estrategia que ha demostrado éxito para alcanzar una transición es la construcción de pactos que conduzcan a nuevas dinámicas, aunque no lleven de inmediato al cambio total.

Una condición en el proceso gradualista, aquel que sucede cuando el poder sigue siendo ejercido por la estructura autoritaria, pero se abren puertas a transformaciones, es la existencia de acuerdos verificables –como leyes de reforma política o amnistías condicionadas– que expandan paulatinamente espacios democráticos.

Sin pactos que conduzcan a reformas y con una oposición dividida, la experiencia de otros países demuestra que sale fortalecido el régimen autoritario. El inicio de un proceso de cambios -y esto es algo que queda claramente establecido en el estudio de casos de los autores- no conduce de forma automática a una transición.