Salud

En 2017 aumentó en 100 % la cifra de desnutrición aguda en niños menores de 5 años

La organización no gubernamental Provea presentó su informe anual. La alimentación y la utilización de este derecho como "forma de control social", según se desprende del documento, fue uno de los puntos más resaltantes.

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FOTOGRAFÍA: ARCHIVO EL ESTÍMULO

El informe señala que 9 de cada 10 personas no pueden pagar su alimentación diaria y 8 de cada 10 declararon haber comido menos por no contar con suficientes alimentos.

Aproximadamente 1,8 millones de venezolanos están en situación de hambre y 8,2 millones de personas ingieren dos o menos comidas al día. A eso se le suma que, según Caritas, en 2017 aumentó en 100 % la cifra de desnutrición aguda en menores de 5 años. En 2016 era de 8 % y el año pasado se ubicó en 16,2 %.

Susana Raffalli sentencia que el carnet de la Patria es usado como una herramienta de control social y que el gobierno ha «violando pactos económicos» y ha incurrido en una «violación masiva de derechos».

Para ella, fue un plan articulado desde hace tiempo y anunciado en el Plan de la Patria de 2017- 2021.

Asimismo hace énfasis en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) cuyo aumento de cobertura-60 %- «nones despreciable» aunque ha aumentado el tiempo en el que llegan y disminuido el contenido de las cajas.

Considera que este aumento busca un mayor control, citando frases de Nicolás Maduro al respecto. Además, relaciona el trabajo de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (Ubch) que «han dotado a los Clavo de una plataforma de propaganda e ideologización» mediante la formación de «comunicadores clap».

La creación de un plan de vulnerabilidad nutricional por parte del gobierno es, para Raffalli, el reconocimiento, a medias, del problema que existe.

Y es que, para que una nación se considere en «seguridad alimentaria» debería contar con una oferta alimentaria (disponibilidad/ persona/día) de 110 % como también lo establece el Instituto Nacional de Nutrición. Actualmente esos recursos son inferiores a 95 %, relata Raffalli.

«La desnutrición escaló a una emergencia humanitaria», dice mientras pide un minuto de silencio por todas las victimas de la «privación alimentaria». Victimas no solo desnutridas sino también aquellas que han tenido que incurrir en «sexo transaccional» para obtener alimentos.

En cuanto a las protestas, Provea sostiene que 2017 fue el año de mayor número de manifestaciones superando las más de nueve mil que se registraron en 2014. Más de 150 fueron por alimentos.

Mitomanía de Estado

Desde Provea señalan que el gobierno de Nicolás Maduro y que definen como una «dictadura», padece de una «mitomanía de Estado» al ofrecer cifras quede nones corresponden con la realidad sumado a la ausencia de datos.

En 2017, Se contabilizaron, al menos, 15 asesinatos de sindicalistas y denuncias de trabajadores de más de 80 organismos que dijeron haber sido amenizados y acosados en el marco de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Esto en materia de derechos laborales. En cuanto al derecho a la Salud, Provea registra 9.662 denuncias por violaciones a este derecho.

Algunas cifras que maneja la ONG de enfermedades que ya habían sido erradicadas y que reaparecieron, son : 1040 casos por difteria; 773 casos de sarampión y 400 mil de malaria.

Finalmente, Provea hace un llamado de atención ante la «respuesta represiva» que ejecutó el Estado durante los casi cuatro meses de protestas que culminaron con más de cien muertos y 3.811 heridos.

Provea también logró individualizar 101 victimas de torturas y 539 victimas de tratos crueles o degradantes.

En el caso de allanamientos, Provea contabiliza 2.559 casos. Las detenciones masivas también fueron registradas. Un aproximado de 2.477. Asimismo, aseguran que se cometieron 2.902 violaciones a la libertad personal. De ese número, 191 % ocurrieron en El contexto de las manifestaciones.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad registro 9.787 protestas durante 2017, el equivalente a 27 protestas diarias.

Ante estos registros, Provea califica como «grupo de exterminio» a la Policía Nacional Bolivariana, recordando que hubo 397 denuncias de violaciones al derecho a la vida y 359 casos que denominan «ejecuciones».

Exigen la renuncia de Nicolás Maduro a quien responsabilizan de liderar una política de Estado que viola los derechos humanos.

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