Provea denuncia riesgo de más ejecuciones extrajudiciales
La ONG exige a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo investigar la actuación de los cuerpos de seguridad
Venezuela
Para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), las características del operativo de seguridad, realizado por el Gobierno en las últimas horas, sugieren un uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de medios letales por parte de la fuerza pública.
Como se conoce, el Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, ofreció este lunes un balance en torno a la acción policial ejecutada en Caracas, en el cual señaló que 14 personas habían perdido la vida en un presunto enfrentamiento con efectivos de seguridad en el barrio San Miguel, ubicado en la cota 905 de la capital, en el marco del recién bautizado “Operativo Protección y Liberación del Pueblo”, desplegado en varios puntos del país.
“Hemos recuperado 20 vehículos, los miembros de la banda los usaban para fines de extorsión, hemos recuperado 12 armas cortas, 2 armas largas, 2 granadas fragmentarias, hemos detenido 134 personas”, informó González López, sin dar mayores detalles sobre cómo tal armamento se encontraba en manos de presuntos antisociales.
Para PROVEA, si bien el Estado tiene responsabilidades en promover políticas para mantener la seguridad ciudadana y proteger a la ciudadanía de los delitos cometidos por terceros, cualquier iniciativa debe respetar los Derechos Humanos. “El ‘Operativo de Protección y Liberación del Pueblo’ abre las puertas a la legitimación de las ejecuciones policiales, que sólo en 2014 cobraron la vida de 189 personas, la mayoría de ellas a manos de cuerpos de seguridad de ámbito nacional como el CICPC y la PNB”, señala la ONG, en su remitido a los medios.
Provea exigió a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo iniciar una investigación sobre la reciente actuación de los cuerpos policiales. Asimismo, exigió al Ejecutivo Nacional el desarrollo de planes y políticas de seguridad ciudadana sobre la base del más amplio consenso y en estricto apego a los estándares de protección de los Derechos Humanos.
