El abogado defensor de los Derechos Humanos y coordinador nacional de la ONG Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, señala que el Gobierno «no se detiene en callar las voces, angustias y desesperación de un pueblo que tiene hambre, no consigue medicamentos, que es victima de una inflación más alta del mundo , que se le reprime sin piedad , se le detiene arbitrariamente».
«El decreto de gobernadores en prohibir manifestaciones es una respuesta soberbia y malcriada contra la posición asumida públicamente por la fiscal general de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, quien exigió respeto y acatamiento al artículo 68 de la Constitución, que cesen las detenciones arbitrarias con actas policiales sin sustento legal ,uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del estado en las manifestaciones, orden en la investigación penal y manifestó su preocupación por la ausencia de seguridad jurídica en el país».
El ex parlamentario alerta sobre el peligro de la aplicación del Plan Zamora, la actuación de grupos armados y la participación de comando élites como el «Conas», comando contra la delincuencia organizada de la PNB.
«El estado de excepción perpetuo, la resolución administrativa del Ministerio de la Defensa que autoriza a funcionarios militares hacer uso de armas potencialmente mortales cuando algún funcionario está en riesgo durante el control del orden público, constituyen un verdadero ejército de ocupación que no tiene miramientos para actuar ni el mínimo respeto por los derechos más sagrados como la vida, libertad y la integridad física de las personas».
Finaliza afirmando que se viven los momentos más oscuros que viven los derechos constitucionales en el país. «Los gobiernos olvidan que estos crímenes contra los derechos humanos no prescriben y que la justicia internacional tiene el brazo largo; ejemplos hay bastantes».