El costo de la violencia

La cuenta incluye Bs. 3.300 millones que presupuestó el Gobierno en 2014  para cuidar a la gente, y que salen de los mismos impuestos al ciudadano y del petróleo.

También hay que contar lo que los venezolanos colocan sobre la mesa para intentar escaparse de la delincuencia en un país que se disputa con Honduras y El Salvador el primer puesto como el más inseguro del mundo, según Naciones Unidas y la encuestadora Gallup.
Las importaciones para el sector de seguridad ciudadana también sufren el golpe de las devaluaciones, que han llevado el dólar desde Bs 6,30 hasta 11 y 50, según la tasa de Sicad que toque.

Antes se necesitaban Bs. 63 para comprar $10, ahora se requieren Bs. 500. “La inflación derrumbó el cálculo del presupuesto y se ve claramente que no es suficiente ya sea para la compra de balas o armas”, deduce el economista Santiago Rosas, autor de un informe para la ONG internacional Transparencia Venezuela.

En el Anuario de Mortalidad del Ministerio para la Salud, publicado hasta 2010, las enfermedades del corazón y el cáncer son la primera causa de muerte. Pero la suma de los suicidios, homicidios, accidentes y “el resto de muertes violentas” reveló que la violencia de alguna forma es la principal razón de decesos en el país.

De 2008 a 2010, entre 28.000 y 30.000 fue la mortalidad en Venezuela por causas violentas, superando las enfermedades del corazón, según los propios indicadores oficiales y cálculos de Anitza Freitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

En este caso, la esperanza de vida de 74,4 años recogida en el censo de 2011, tendría que ser recalculada, para descontar los 50,4 años de vida productiva en promedio que se han perdido con los miles de jóvenes, la mayoría varones, muertos en la última década entre los 15 y 24 años de edad.

Bs. 8993 mensuales gana un policía desde enero pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro decretó un aumento y homologó los pagos para los funcionarios en todo el país. La sociedad dispone de 200.000 efectivos, sumando todos los cuerpos de seguridad activos.

A este costo irreparable se agregan las pólizas de seguro para carros y motos, de camiones de cargas y en sistemas GPS para ubicarlos al ser robados. Además se suma la vacuna que deben pagar los jeeps en las rutas troncales a las bandas que controlan los barrios como si fueran pabellones carcelarios; el seguro de los carritos por puesto, los alambres de púas y cercos eléctricos en casas y negocios desde este a oeste y de sur a norte de las principales ciudades, sin distingos de poder adquisitivo. Los secuestros en cualquiera de sus modalidades, sobre todo la exprés, se han visto tanto en Catia como en Chacao. Pero solo muy pocos pueden añadir el pago de una póliza antisecuestro en dólares, así como el blindaje de sus vehículos.

La violencia también frena la creación de empleos formales y paraliza la actividad económica en sitios y horas determinadas. Farmacias, restaurantes, fábricas, consultorios, comercios e industrias ya no contratan personal en horario nocturno o un tercer turno, observan expertos como Víctor Maldonado. Simplemente las noches no son seguras en ninguna parte, por lo cual los comercios dejan de producir y de prestar servicios.

En el más reciente Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, Venezuela estuvo en el puesto 71, entre 186 países, por Indice de Desarrollo Humano. Pero también el 69% de sus habitantes dijo no sentirse seguro de caminar por las calles del país. Muy probablemente porque operan 18 mil bandas, según un estudio citado por el experto Fermín Mármol García. También hay ocho grandes grupos de mafias de crimen organizado, encabezadas por colombianos, mexicanos, italianos y clanes chinos relacionados al lavado de capitales y al narcotráfico que pasa por Venezuela hacia Europa, Centroamérica y el Caribe. “Venezuela es el primer suplidor de cocaína a la Unión Europea”, afirma este penalista.

Hace unas semanas el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, dijo en su rendición de cuentas que en todo 2013 fueron desmanteladas 255 bandas en el país, 1,4% de las que se han cuantificado. Todas estas pandillas les han brindado un modo de vida a unos 72.000 jóvenes que encuentran el camino libre apostando por una vida corta, llena de malas aventuras y con dinero en el bolsillo. La mayoría muere entre los 24 y 25 años de edad, tras 10 años de “carrera” criminal en la que entran adolescentes.

Nicaragua y Haití son los países más pobres de América, pero no los más inseguros. La criminalidad no es un tema proporcional a la pobreza, señalan los expertos

La ONG Observatorio Venezolano de Violencia estima que de cada 10 delitos, 9 quedan impunes, disminuyendo los factores de riesgo para los criminales.
“Los jóvenes se profesionalizan en 10 años, desde los 15 o antes, y a los 24 o 25 años mueren. Es un modo de vida que se vuelve rentable a partir de la impunidad y de la ineficacia del sistema de justicia”, reflexiona Fernando Esquerra de la Asociación Paz Activa.
Por eso, considera que ha aumentado la letalidad de los delitos como los recientes desmembramientos de cadáveres que han ocurrido durante 2014 en Caracas. La necesidad de estos jóvenes de reconocimiento social y poder, desmonta la tesis de que la criminalidad es proporcional a los niveles de pobreza, contrariamente a lo que piensa mucha gente. Hasta estudios como los de la ONU muestra por ejemplo cómo a pesar de que Nicaragua y Haití son los países más pobres del continente y el Caribe, no son los más inseguros del hemisferio.
En la populosa India, Calcuta tiene mucho menos asesinatos que cualquier gran ciudad americana. Esta situación “ha afectado la economía nocturna de las ciudades de Venezuela”, señalaba el experto y abogado penalista Luis Izquiel. “Mientras en otras ciudades dentro de este mismo continente, como por ejemplo Buenos Aires y Bogotá, la gente a las 10 de la noche se está vistiendo para salir a eventos sociales, e Venezuela una gran parte de la población se encierra en sus casas como en una especie de toque de queda. Eso evidentemente tiene una afectación en términos económicos”, expresó.

Es evidente que la criminalidad se mueve un mercado complejo: impunidad, bandas espontáneas y crimen organizado, breve rentabilidad en ese modo de vida, presupuesto ineficiente para combatir la delincuencia, insuficiente presencia policial. Mientras, los venezolanos tratan de lidiar con la inseguridad, sin oportunidades para la juventud, ni resortes institucionales capaces de mejorar las condiciones de vida, potenciar el crecimiento sostenido e invertir en prevención y educación amplia y de calidad. Toda una responsabilidad política y constitucional para quienes administran los recursos del Estado.