Trabajadores de 6to Poder quedan en un limbo

El pasado lunes más de diez funcionarios de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo acompañados de la Policía Nacional Bolivariana se personaron en la sede del grupo 6to poder. Traía con ellos una medida de incautación  de bienes firmada por el juez Ali José de la Rosa Álvarez. Procedieron a desalojar las oficinas del medio.

Desde entonces, los trabajadores del rotativo no saben qué pasará con su empleo o quién pagará la siguiente quincena. Se trata de 7o puestos de trabajos directos y alrededor de 140 familias las que se benefician de la nómina de la Corporación Cachamaure, la administradora que lleva las marcas 6to Poder, El Heraldo, El Comercio, revista U-sex y 6to Poder Libros. Así lo afirmó Adrián Altuve, director editorial del grupo.

«Quedamos 70 trabajadores, incluyéndome, sin empleo, sin trabajo. Sin ningún tipo de respuesta ni por parte del Ministerio Público, del Ministerio del Trabajo, ni por parte de nadie. No hemos tenido respuesta de ningún ente que vele por los trabajadores. Son 70 empleados directos y 140 familias que están quedando prácticamente en la calle.»

Los trabajadores tampoco se explican la relación entre el caso de Leocenis García, acusado y detenido por delitos de legitimación de capitales, y esta medida, pues el periodista no es dueño de la Corporación Cachamaure. Sobre García pesa una medida de congelamiento de sus bienes que fue acordada por el Tribunal 30º de Control del área metropolitana de Caracas, pero esta no procede sobre las patentes del medio, equipos tecnológicos, cuentas bancarias y otros activo de Cachamaure.

Entre los bienes decomisados también se encuentran una laptop, una tablet, un casco para cubrir manifestaciones y una carcasa de la cámara GoPro, entre otros bienes que pertenecían a los trabajadores que hoy se encuentran en un limbo.

«Nuestra línea editorial siempre ha estado en el medio», señala Adrián Altuve , quien invita a navegar en la página web del semanario para comprobarlo. En ese sentido, descarta que se trate de una medida contra la línea editorial.

«Siempre hemos sido un semanario abierto a las líneas de investigación, a las lineas críticas. Todo el que se acerca a nosotros se le abren las puertas. Yo creo que apelar a que sea una medida sentimental, no lo creo. Me gustaría saber qué pasó, me gustaría que la fiscal, el juez o alguien dentro de la Asamblea Nacional, le explique a estos 70 trabajadores que se encuentran en el aire y sin un medio en el bolsillo, por qué cierran a este medio de comunicación».

Las oficinas están tomadas por 2 funcionarios del Sebin que se encuentran apostados en la entrada del edificio. Algunos de los trabajadores siguen trabajando desde sus casas, al menos quienes se encuentran detrás de las presentaciones web. Trabajan por que creen en sus productos, aunque no se sepa quien firmará el cheque de la próxima quincena.