Venezuela

Espacio Público condena medidas contra directivos de medios de comunicación

La ONG rechaza esta medida que procura castigar y amedrentar a los medios críticos y reduce la información disponible para todas las personas; exige al Estado venezolano la revocatoria de esa medida por su carácter restrictivo y violatorio de la CRBV y los tratados internacionales de DDHH; y pide a la sociedad venezolana mantener la defensa de la libertad de expresión y solidarizarse activamente con los medios que la ejercen en beneficio de todos.

Publicidad

La Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Público condena la orden de restricción que impide salir de Venezuela a dueños y directivos de los diarios El Nacional, Tal Cual y el portal web La Patilla. Esa solicitud la hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cuando interpuso su demanda por difamación el 23 de abril y la jueza María Eugenia Núñez la emitió.

Un comunicado de la organización aseguró que el procedimiento judicial se «aparta de los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2004 sentenció que ‘no incurre en delito el que reproduce información de terceros’”. Además, alega que no se cumplieron las garantías del debido proceso establecidas por la Constitución Nacional; estas establecen que el juez debió citar primero a los demandados en forma individual para evaluar si la demanda por difamación procede o no para dictar medidas de arraigo en cada caso particular.

El texto afirma que el poder judicial ha mantenido una política de hostigamiento en contra de medios de comunicación y personas que critican al Gobierno. Luego menciona varios casos. Entre ellos el del antiguo dueño del canal de televisión Globovisión, Guillermo Zuloaga (2010), el del periodista carabobeño, Francisco “Pancho” Pérez, y el del periódico -ahora semanario- Tal Cual. Todos plagados por procedimientos legales, como señala el comunicado.

Por otro lado, Espacio Publico señala que «estas acciones judiciales violan el derecho a la libertad de expresión de los venezolanos establecido en la Constitución Nacional y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».

Por último, la ONG establece que:

1.- Rechaza esta medida que procura castigar y amedrentar a los medios críticos y reduce la información disponible para todas las personas.
2.- Exige al Estado venezolano la revocatoria de esa medida por su carácter restrictivo y violatorio de la CRBV y los tratados internacionales de DDHH.
3.- Pide a la sociedad venezolana mantener la defensa de la libertad de expresión y solidarizarse activamente con los medios que la ejercen en beneficio de todos.

Publicidad
Publicidad