Zonas de paz: el imperio de la delincuencia

“Desde hace 16 años en las Brisas de El Paraíso, específicamente, no habíamos tenido un momento de zozobra como el que se vivió el lunes. Era como si estuviéramos en una zona de guerra… tanquetas por todos lados. Lamentablemente, los niños estuvieron cerca de ahí… que yo los vi, con mis propios ojos, no sabían si subir o bajar, la gente no hallaba para dónde agarrar, si iban a trabajar, a los que tienen sus bodegas no les permitieron abrirlas. Estábamos cada uno dentro de sus casas en una sola zozobra, se escuchaban los tiros, el helicóptero a cada rato pasaba, se escuchaban detonaciones de tanta magnitud que la gente decía que estaba en una guerra”.

Las palabras corresponden a un ciudadano que habita en el sector Brisas de El Paraíso, en la Cota 905, quien ofreció su testimonio sin identificarse para un reportaje hecho por el equipo de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática.  En el llamado “Operativo Protección y Liberación del Pueblo”, desplegado en varios puntos del país y que llegó a la Cota 905, dejó un saldo de 14 presuntos antisociales fallecidos, 134 personas detenidas y la recuperación de 20 vehículos, 12 armas cortas, dos armas largas, dos granadas fragmentarias, según el parte oficial.

Esta barriada es una de las llamadas “zonas de paz». «La paz del señor pran, del señor delincuente que lidera un sector, bajo la tutela del Ejecutivo», según denuncian los criminólogos Javier Gorriño y Fermín Mármol García.

“Algo nunca visto en el mundo. Existen cosas parecidas, sobre todo cuando hay adelantos de la libertad en diferentes sistemas penitenciarios, donde hay libertades vigiladas, es decir, que el Estado pone en una semi libertad al reo, pero durante esa semi libertad es vigilado, para evitar que vuelva a delinquir. Hoy día, con un grupo de delincuentes, con tan solo haber dicho que se van a regenerar, que no seguirán en el delito, quizás por haber entregado una que otra arma, posiblemente vieja, sin usar, le han dado a una cantidad de dinero para que se dediquen a una actividad lícita, sin ningún tipo de control del Estado, y además de eso les han dicho que en esa zona no puede ser controlada por las autoridades policiales”, indica Gorriño.

“Lo que aconteció en la Cota 905 es la necesidad que tiene el Estado venezolano de controlar espacios territoriales que habían sido cedidos por el propio país y a su vez tratar de monopolizar la violencia, que es una obligación de todos los estados modernos. Venezuela tiene sitios donde la autoridad no puede estar presente, sitios donde la autoridad no puede desplegarse y a su vez sitios controlados por personas que tienen suficientes armas ofensivas para contrarrestar la acción del Estado. Lo del lunes es una demostración de fuerza, una demostración de poder, una demostración de que hay autoridad más efectista, que efectiva”, califica Mármol León.

“Zona de paz” para que ciudadanos se sometan al control del hampa

El legado que el Gobierno ha dejado en barriadas como la referida, es de incertidumbre y miedo, para el ciudadano común que han visto disminuir sus derechos a la libre circulación y a la vida, por la presencia de bandas armadas, incluso con recursos castrenses, como granadas.

Quienes padecen esta situación, se sienten atrapados en la violencia que se enquistó y legitimó en años de la gestión Chávez-Maduro:
“¿Qué vivimos humildemente en los cerros? Sí, pero nuestros padres se sacrificaron, nuestros padres son profesionales, muchos muchachos que se están perdiendo justamente por eso, porque los padres ya no tiene cómo sujetarlos dentro de sus casas, porque necesitan su espacio. Y entonces, por muy bien que salgan a divertirse, cuando regresan se encuentran con la muerte encima, o porque a estos señores no les da la gana de que ellos estén dentro de su ámbito, porque ellos son dueños del terreno. ‘No camines por aquí porque por aquí no puedes caminar, porque este terreno es mío’, una cosa así dicen ellos. No les veo el motivo por el cuál ellos nos cercenan a nosotros que nosotros podamos caminar libremente por nuestra zona”, dijo el residente de la Cota 905.

“La gente que no es delincuente y vive allá, pues tiene que sobrevivir en ese estado de delincuentes. Lo mismo que tú agarraras un ciudadano común y lo metieras en una prisión y le dijeras: ‘usted tiene que vivir allí. Tiene que adaptarse a las normas de esos criminales, porque son las que imperan en esos territorios’. Es una situación sumamente delicada, porque en esas zonas conviven delincuentes, que son los dueños, digamos, de esos sectores, con personas que no lo son y que nada tienen que ver con el asunto”, indica Gorriño.

Verdaderas “embajadas” del poder delincuente
En las llamadas zonas de paz había sido prohibida la presencia policial: “Seguramente ellos habrán dicho que las policías los acosan y el ministerio del ramo ha prohibido la entrada a esos sitios de la policía. Se han convertido en embajadas. Ellos saben que pueden actuar a sus anchas, que controlan ciertos delitos, el robo de carros, el enfriamiento de vehículos. Quizá, otro hampón se lo roba y lo lleva a su zona, porque son lugares en donde no entra la policía. Hay tráfico de drogas, en fin, algunos actos ilícitos que le permiten, con la anuencia de que no entra la policía”, señala Gorriño.

“Hay dos consecuencias claritas. La delincuencia se lo ha dicho al público, se lo ha dicho a la policía y al Gobierno: ‘Esto es nuestro, aquí mandamos somos nosotros, quienes hacemos justicia somos nosotros’. Se sabe que allí hay carros solicitados. Que nadie puede ir si no pagando a la banda de delincuentes. O sea, es un territorio del delito. Diseñado y además puesto por el Gobierno para que sea un territorio del delito, donde dominen los delincuentes”, denuncia el experto.

El poder acumulado por los señores de estas zonas de paz, se produce por el debilitamiento en las intervenciones de los organismos de seguridad. “Han enfrentado a los organismos policiales con bastante fuerza, no están desarmados, poseen tecnología. Mientras, en el municipio Libertador han llegado a ofrecer la destitución de los funcionarios policiales que habían ingresado a esas zonas de paz”, dijo Gorriño.

Microestados de la violencia
El abogado y criminólogo, Fermín Mármol García, sostiene la tesis de que las denominadas “zonas de paz” son tan solo uno de los tipos de microestados dominados por la violencia en el país: “La ciudadanía está sufriendo con rudeza la presencia de micro estados dentro del estado venezolano. Se han constituido micro estados que son la demostración de un gobierno que ampara la impunidad y que tiene mucha corrupción”.

“En este país existen microestados que llamamos los colectivos armados y violentos. Están presentes en el 10 por ciento de las parroquias del país. En este país tenemos 1.500 parroquias y en 150 parroquias del país hay asentamientos de colectivos armados y violentos, que tienen dominio territorial y que imponen su ley con ideología. El segundo microestado que podemos identificar es un paramilitarismo rural, como es el Frente Bolivariano de Liberación, que domina el eje Apure, Barinas y Táchira; ese grupo también coloca en zozobra a la gran familia venezolana de la región occidental”, señala Mármol García.

Pero la cuenta no termina aún: “Un tercer microestado, lo conforman los pranes, la república de los pranes que se ha apropiado del 70 por ciento, al menos, del sistema penitenciario venezolano, con un agravante, no solo controlan el interior de las cárceles, donde hay trata de blancas, extorsiones, sicariato, tráfico ilegal de drogas, que han permeado parte del tejido social. Aquí en las barriadas hablamos de fiestas pagas, y de las fiestas que se van a hacer en el interior de las cárceles. En las barriadas hablamos inclusive del dominio de los pranes con bandas criminales que ya tienen asentamientos fuera de los reclusorios”.

“El cuarto microestado es el que componen las megabandas criminales, una estructura delictiva que no conocíamos los venezolanos, que irrumpió en el año 2012. Actualmente hay al menos seis megabandas en el país. Y un quinto tipo de microestado, lo conforman los pseudos sindicatos de la construcción, que tienen acoquinado el sistema de construcción del país. Son gente que se hace pasar por sindicalistas, pero son miembros de bandas criminales que extorsionan, amedrentan y tratan de dominar a los constructores en Venezuela”, denuncia el abogado y criminólogo.

Misión vivienda: permeada por el poder de pran
“Todos estos sistemas delictivos que tiene Venezuela han tenido control territorial, han tenido a parte de la población dominada y muchos de estos microestados tienen dominio en las estructuras de la gran misión vivienda. Es conocido como ya alguno de estos edificios tienen los nombres de las cárceles, desde el punto de coloquial. Los mismos habitantes dicen: ‘yo vivo en el Rodeo I’ , ‘yo vivo en Rodeo II’, ‘yo vivo en la PGV’, ‘yo vivo en Tocorón’. ¿Cómo es posible que los propios habitantes le den ese nombre a esas viviendas de interés público? Es la demostración de que tenemos allí la figura del pran reinando, andando, fuera de las cárceles, ahora, en bienes inmuebles”, señala Mármol García.

“¿Cuál es el antecedente de esto? Las invasiones, las invasiones de propiedad horizonal, las invasiones de edificios, que también tenían un gran pran dominando quiénes entraban y quiénes podían salir de ese edificio”, agrega el experto en seguridad.

Soluciones: voluntad política
Estima Javier Gorriño que para subsanar los índices delictivos no son válidos operativos ocasionales, como los realizados en Navidad o en momentos determinados, sino aplicar un plan para enfrentar el delito que incluya elementos tales como la prevención social: “La actuación que tiene el Estado, la ONG, con este muchacho que se va yendo de la escolaridad, que poco a poco se va dedicando a no hacer nada y se va acercando a la banda”, y la previsión situacional: “Tú ves a un policía en esta esquina y no va a haber delito”, este último factor, indica, ha sido debilitado por la escasez de policías: “Solamente el 30 por ciento de nuestros municipios están cubiertos por policía municipal”.

“Con relación a la investigación del delito, sabemos que hay carencia de funcionarios de investigación criminal, aparte de déficit de muchos recursos en cuanto a la investigación criminal. Cuando nosotros no tenemos prevención, investigación del delito ni penitenciarismo, tenemos que tener la inseguridad que tenemos. Eso obviamente no lo vamos a curar con pañitos calientes como son los operativos y con algún sistema de operaciones policial además cojo”, acota Gorriño.

“Debemos imitar, emular las políticas públicas asertivas de otros países latinoamericanos. Yo creo que el ejemplo de Brasil, con la administración de Luiz Inácio Lula Da Silva, y el ejemplo de Colombia, con Álvaro Uribe Vélez, pueden servir para Venezuela en la construcción de unas políticas públicas asertivas, porque no se trata de si eres de derecha o de izquierda, se trata de si va a haber una casta política que va a colocar a la seguridad ciudadana como una de las prioridades”, acota Mármol García.

“Los presidentes marcan la pauta prioritaria de las políticas públicas. Necesitamos a un presidente, que si bien debe enarbolar la bandera de la paz, la convivencia ciudadana, las buenas costumbres, también enarbole la bandera del respeto irrestricto a la autoridad, del respeto a las leyes. Una mano muy dura y muy justa contra el crimen y la violencia”, agrega el abogado Mármol García.

El ciudadano que nos declaró en el anonimato también propuso a las autoridades un cambio en sus prioridades: “El Gobierno nos manda a nosotros a organizarnos como consejos comunales, pero quedamos en un segundo plano. Nos quitan el poder de ser ciudadanos. ¿Cómo es que van a insertar a estos señores a la sociedad, sin llevarlos a una desintoxicación de la droga que se usan o evaluar cómo es que los pueden insertar a la sociedad? Ni siquiera aplicaron una operación desarme ni nada por el estilo, que eso deberían haberlo hecho”.

Reportaje del equipo de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)