Venezuela

Comunidad internacional rechaza condena a líder de Voluntad Popular

Human Rights Watch (HRW) consideró la condena impuesta a Leopoldo López "injusta" y a la vez reveladora del "deterioro extremo" que, a su juicio, sufre el estado de derecho en Venezuela.

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Foto: EFE

Expresidentes, gobiernos, legisladores y organismos de derechos humanos de América y Europa rechazaron este viernes con calificativos como «injusta», «infundada» e «infame» la condena a más de 13 años de cárcel impuesta a Leopoldo López por acusaciones ligadas a las protestas de 2014.

«El chavismo se robó a Venezuela (Boliburgueses) y condenan a Leopoldo, qué infamia!», escribió en su cuenta en Twitter el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

Según el exgobernante colombiano, «la esperanza de libertad de Leopoldo está en los días contados que le quedan a la tiranía», en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez, quien gobernó Venezuela entre 1999 y 2013, año de su muerte.

El expresidente del Gobierno español Felipe González, quien meses atrás se ofreció como asesor jurídico de la defensa de López, afirmó hoy que «Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto». Es un país -dijo- en el que el «presidente decide por el Parlamento y por la Justicia».

El líder socialista español aseguró que «sin haber cometido ningún delito, sin ninguna prueba en su contra y sin ninguna garantía en el procedimiento seguido, el Régimen ha decidido una condena por razones políticas» contra López, a quien califica de «rehén político de la República Bolivariana».

Al ser preguntada en una rueda de prensa por la condena de López, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó su «más honda preocupación» y pidió «respeto a las garantías procesales y a la libertad de todos».

Sáenz de Santamaría también expresó su preocupación «por la inestabilidad política y social que sufren los venezolanos» y pidió que las elecciones legislativas convocadas en Venezuela para el 6 de diciembre sean «libres, justas, inclusivas y transparentes».

El Gobierno estadounidense reaccionó inmediatamente a la sentencia, que se conoció el jueves buen entrada la noche, con un mensaje en Twitter de la subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson.

Jacobson escribió el mismo jueves que se encuentra «profundamente preocupada por la condena de @LeopoldoLopez» e hizo un llamamiento «al gobierno a proteger la #democracia y #derechoshumanos en #Venezuela».

Otro expresidente colombiano, Andrés Pastrana, quien en mayo pasado viajó a Caracas para entrevistarse con López, lo cual fue impedido por las autoridades, escribió en Twitter que «injustamente se ha condenado a un gran demócrata de América Latina».

«Presidente Nicolás Maduro su sentencia será dictada el próximo 6 de diciembre», añadió Pastrana, en alusión a los comicios.

La organización Human Rights Watch (HRW) consideró la condena impuesta a López «injusta» y a la vez reveladora del «deterioro extremo» que, a su juicio, sufre el estado de derecho en Venezuela.

Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, «este caso es una farsa» y el juicio estuvo marcado «por gravísimas violaciones» del debido proceso, según señala en un comunicado.

«En un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente», afirma Vivanco.

Junto a López fueron sentenciados por la jueza Susana Barreiros otros tres opositores, acusados como él por delitos vinculados a las protestas de 2014.

Otro organismo de derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), denunció, tras conocerse el resultado del juicio a López, la «absoluta falta de independencia judicial» de Venezuela.

La sentencia se ha emitido «sin ninguna evidencia creíble en su contra» y muestra la ausencia de «imparcialidad judicial» en ese país, señala AI en un comunicado.

«Nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado. Es un prisionero de conciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente», aseveró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

López respondía a los cargos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio con relación a los hechos violentos, que dejaron tres muertos, registrados el 12 de febrero de 2014, al final de una marcha que es considerada el aldabonazo de las protestas de ese año.

La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, expresó en su cuenta en Twitter su solidaridad con López, «un patriota… un luchador».

El candidato a la Presidencia argentina Mauricio Macri, del conservador Propuesta Republicana (PRO), pidió que los presidentes de los otros países del Mercosur (Venezuela es miembro) «intercedan» para que «se asegure su resguardo y libertad (de López)».

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, Aloysio Nunes, dijo hoy a Efe que la condena impuesta a Leopoldo López «compromete la legitimidad de las elecciones».

Senadores y diputados de la oposición uruguaya mostraron su «enfática condena», su «indignación» y «rabia» por la sentencia dictada por la jueza Barreiros, al igual que los eurodiputados de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).

Para la activista venezolana Gisela Parra, exiliada en Miami, queda demostrado que «no hay Estado de derecho en Venezuela, base de la democracia».

En declaraciones a Efe, Parra calificó de «crónica anunciada» la condena de López, y recordó que el oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, ya le había espetado al opositor que «estaba sentenciado a la pena máxima».

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