Luego de Estado Delincuente, libro publicado en 2013, en el que Carlos Tablante y Marcos Tarre explicaron cómo la institucionalidad venezolana fue tomada por militares y civiles, funcionarios, empresarios y mafiosos, para convertir al país en un santuario del crimen, los autores presentan El gran saqueo, una obra que pretende ilustrar cómo ese Estado delincuente ha servido también de estructura para la que constituye su mayor operación delictiva: el gran saqueo de una nación entera durante una bonanza petrolera
La Fuerza Armada se ha convertido en el partido político que controla 92% de la economía del país, asevera Carlos Tablante quien presentará este viernes 27 de noviembre el libro que ha escrito junto a Marcos Tarre: El gran saqueo (Editorial Melvin).
Tablante de largo recorrido político, ex gobernador de Aragua, ex diputado, ex senador constituyente y ex ministro de Estado Presidente de la Comisión Nacional Antidrogas, dice que no solo la Tesorería General de la República, que es la oficina de compra y pagos del país, la controlan los de uniforme militar, sino también otras entidades claves de la nación, para configurar un régimen militar en el poder absoluto en Venezuela. “Además 50% de los gobernadores, 15% de los alcaldes, 5% de los diputados de la Asamblea Nacional –incluyendo su presidente- así como muchos de los funcionarios del servicio exterior son militares. El partido militar es el que domina a Venezuela”, resume.
El autor considera que señalar que Venezuela es una “Narcoestado” sería simplificar un problema que tiene raíces más variadas y profundas más allá del tráfico de drogas. Para el político, el delito fundamental que ha enfermado al país es la corrupción y la impunidad. La obra trata de descubrir las tramas que involucran a la nomenclatura y a sus “cómplices necesarios” en lo que califica como “el saqueo de unos 250.000 millones de dólares” del erario público.
Entre esos cómplices cita una lista de civiles y gente de negocios, entre quienes enumera al banquero Víctor Vargas, a quien ubica como negociador de la antigua Cadena Capriles, así como Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Mariano Díaz, actuales dueños del canal de noticias Globovisión. Esas operaciones -dice Tablante- le han servido al chavismo para silenciar a los medios y a la opinión pública. De esta forma, no hay presión social para que los delitos como el robo al erario público sean investigados, y reine la más absoluta impunidad.
“Estamos frente a un conjunto de redes de corrupción que se han adueñado del país. El propio presidente Nicolás Maduro cuando asumía el cargo como mandatario hizo un llamado de emergencia para enfrentar el problema y pidió poderes especiales. Dijo que la corrupción se estaba tragando a la Revolución, pero además de recibir esos poderes, no ha hecho nada al respecto”, destaca Tablante, quien firma el libro junto a Marcos Tarre.
Ambos autores ya lanzaron en 2013 el volumen Estado delincuente (Editorial La Hoja del Norte) con prólogo del ex juez español Baltazar Garzón. Un libro “más técnico” sobre la estructuras del poder en Venezuela. Cada cierto tiempo, dice Tablante, surge una serie de casos que conmueven al país y ponen en evidencia el deterioro y degradación política.
La investigación
Tablante y Tarre, junto a un equipo de investigadores y periodistas que forman parte de cuentasclaras.org, son quienes han estado tras el material del este libro. “Todo inició con la denuncia de los casos del presunto lavado de dinero por parte de funcionarios venezolanos en la Banca Privada de Andorra”. Esa sección del libro ha sido llamada “Las revelaciones de Andorra”.
Tablante afirma que la Banca Privada de Andorra “es un banco boutique especializado en personas con cuentas mayores a un millón de euros. La institución financiera tenía en Venezuela -un país con un control de cambio-, una oficina en el Centro Comercial Tamanaco. Allí captaba el dinero de altos funcionarios del gobierno y los llevaba a Panamá a otra de sus oficinas que se especializaba en ofrecerles un paquete para legitimar el dinero relacionado con actividades criminales, tanto de corrupción como de narcotráfico”.
La entidad “en Panamá tenía una serie de empresas asesoras que actuaban de fachada para estas cuentas (compañías que ofrecían servicios de contadores y abogados que actuaban como mediadoras para legitimar esos capitales ilegales). Una vez que el dinero pasaba por Panamá tenía como destino el principado de Andorra, donde a raíz de una investigación que realizó La Guardia Civil española contra la mafia rusa y china, encontraron que funcionarios venezolanos contaban con depósitos que alcanzaban la cifra de 4 mil millones de dólares”.
Según el departamento de Tesorería de Estados Unidos (FinCen), 2 mil millones de dólares de esos fondos estaban relacionados con corrupción en Pdvsa. “Cuando comienza a investigarse el nombre detrás de las cuentas, uno que nos llamó la atención fue el del capitán Carlos Aguilera quien tenía una riqueza de 90 millones de euros. Aguilera fue director de la Disip, presidente del Fondo de Jubilación de los empleados públicos y forma parte del círculo cercano de (Diosdado) Cabello”, dice el autor en alusión al poderoso presidente de la Asamblea Nacional. Otro nombre que les llamó la atención al equipo de investigación de El gran saqueo, fue el de Diego Salazar, quien es primo hermano de Rafael Ramírez y durante más de 10 años manejó la Unidad de Seguros de Pdvsa.
Tablante afirma que Salazar contaba con más de 300 millones de euros en la Banca Privada de Andorra que fueron congelados por las autoridades europeas, quienes le exigieron que explicara de dónde obtuvo esos fondos. Entre sus alegatos señaló que él representaba a las empresas chinas que contrataba Venezuela a través del Fondo Chino del cual su primo (Rafael Ramírez), formaba parte del comité ejecutivo. “De modo que entre primos se pagaban y daban el vuelto”.
De Alejandro Andrade a Carlos Erik Malpica Flores
En el capítulo “Codicias sin fronteras”, el autor asegura que Maduro se dio cuenta del poder excesivo de los militares y los quiso desplazar. Es por ello que Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la Primera Dama, Cilia Flores, hoy ocupa el cargo de Tesorero de la República de Venezuela y es además administrador de las finanzas de Pdvsa.
Antes de Malpica Flores, la Tesorería estuvo durante el gobierno de Chávez y Maduro en mano de oficiales. “Comenzó con Carmen Meléndez (Almirante), quien luego fue Ministra de Defensa y ahora es candidata a diputada por el PSUV en Lara. Después vino el teniente Alejandro Andrade, luego el general Rodolfo Clemente Marco Torres, después Claudia Patricia Díaz -Sargento técnico y enfermera de Chávez- y antes de Malpica Flores, la almiranta María Elisa Domínguez Velasco”. Tablante dice que aunque Malpica Flores no es militar, continúa haciendo los mismos negocios irregulares que hacía Andrade pero a través de otros operadores.
Las cárceles como estructura paralela al Estado
“El país es un Estado donde la institucionalidad se perdió”, resiente el escritor. Pone como ejemplo El Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, ubicado en el estado del cual fue gobernador entre 1990 y 1996. “En Tocorón es público y notorio que la gente vaya a pagar por el rescate de sus vehículos o de personas. Hacen la cola para ingresar y la guardia lo sabe. No es un secreto que los pranes (delincuentes jefes del penal) han asumido el control de las principales ciudades del país. No se sabe cuántas bandas son, pero hay miles y el resultado es letal: nadie lo puede ocultar que hay más de 25 mil homicidios al año”, dice.
Al hacer la denuncia, no teme en mencionar que la delincuencia está en manos de quienes gobiernan a Venezuela. “Al Secretario de Seguridad Ciudadana de Guárico (Richard James), lo acaban de destituir porque era el informante de El Picure”, el jefe de una banda que controla el sur de Aragua y Miranda, parte de los estados llaneros y del oriente del país. “El Picure le pagaba unos cien mil bolívares semanales a este general para que dejaran a la banda actuar impunemente y desplazarse por la región de manera libre”, relata Tablante y afirma que muchos otros casos similares existen hoy en el país.
