Maduro puede ser arrastrado por un choque de poderes, prevén juristas

El escenario actual amenaza convertirse en una crisis institucional que sólo podría dirimirse con un adelanto de elecciones, coincidieron varias fuentes no oficialistas consultadas por El Estímulo.

“Hay nada más dos salidas: o se cohabita o se utilizan los mecanismos de solución de controversias, las presiones institucionales que se pueden ejercer para resolver esos conflictos”, señala el abogado constitucionalista Gerardo Fernández.

Esta crisis política se expresa en la negativa anticipada del gobierno de aceptar una ley de amnistía a favor de los presos políticos. Esa fue una importante oferta electoral de los hoy ganadores.

El gobierno además se apresta a agotar todos los poderes especiales otorgados por la Asamblea saliente y nombrar a más de sus funcionarios en sitios estratégicos, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Pero Fernández cree que la ingobernabilidad va a afectar más al propio gobierno que a la nueva Asamblea.

Tras el resultado del 6D pueden darse los escenarios de cohabitación y confrontación, de negociación y de conflicto institucional.

Desde el punto de vista del derecho constitucional existen elementos, fórmulas y medios para ser resueltos. “De eso no cabe la mejor duda”.

El Ejecutivo, con una popularidad cada día en peores posiciones, tiene una debilidad de legitimidad y política muy grandes, porque el país acaba de pronunciarse de una manera contundente.

“Creo que tiene todas las formas de perder acá”, afirma este profesor de derecho constitucional en varias universidades, egresado de la UCAB, y con post grados en la Universidad de Paris.

Desde hace tiempo, en sus artículos ha alertado que en Venezuela el principio de la separación de poderes está en crisis.

“La ausencia de separación entre los órganos del poder público y su “colonización” totalitaria por el régimen, ha sido un factor predominante en los últimos años”, señaló en un texto reciente.

¿Cómo entonces se plantea esa aberración en el escenario actual?

“Si se designan unos magistrados incurriendo en visos de inconstitucionalidad, la nueva Asamblea Nacional en la primera semana de instalación puede revocar perfectamente esas designaciones”, afirma el académico.

“Igual pasa con las designaciones del Poder Ciudadano que se hicieron en el último año porque todas son inconstitucionales”, agrega.

En los nombramientos no se cumplieron con los requisitos, ni con los procedimientos constitucionales. En el caso del Poder Ciudadano se designaron los nuevos funcionarios sin aprobación de las dos terceras partes en la Asamblea Nacional, sino por  mayoría simple de la bancada chavista.

Si se ahora se designan los magistrados de la Sala Constitucional ni siquiera se habrán cumplido los plazos determinados por la ley, explica.

Ese escenario “es un fraude a la Constitución y a la democracia”.

Pero la nueva Asamblea Nacional “tiene potestad para remover con las dos terceras partes” a esos funcionarios y magistrados.

Además, si se plantea alguna crisis con algún ministro o vicepresidente, la Asamblea también puede vetarlos y puede destituirlos con esas tres quintas partes, recalca.

Invocar al demonio y verlo venir

El presidente Nicolás Maduro, así como el capitán Diosdado Cabello, presidente del legislativo hasta el 31 de diciembre, se han declarado contrarios a aceptar iniciativas adelantadas por dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Maduro y Cabello también ratificaron su decisión de adelantar el nombramiento de los 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ya conformado mayoritariamente por abiertos simpatizantes del chavismo.

“La frase Patria o Muerte” ordenada por el difunto presidente Hugo Chávez hasta su propia muerte, ha sido común en los comienzos de cada año judicial. La fachada del tribunal está decorada hoy con pancartas del militar que gobernó el país con absoluto poder personal durante los últimos 17 años. Esta será la trinchera más firme de Maduro.

El jurista Manuel Rachadell, doctorado en Derecho Público y Ciencias Políticas en la Universidad de París y profesor de postgrado en Procesos Electorales y Director de la Oficina Central de Asesoría Jurídica de la UCV, es optimista pese al clima de confrontación.

Cree cuesta arriba que el gobierno pueda nombrar a los 12 magistrados del TSJ y confía en que la lógica política convenza al chavismo de evitar una confrontación perdida con un nuevo poder electo por una avalancha abrumadora de votos.

Al propio gobierno no debe interesarle crear ese conflicto.

“Porque la AN no es cualquier cosa. Puede destituir ministros e incluso al vicepresidente. Puede derogar leyes. Eso crearía una situación política tan grave a la cual se sumaría todo el problema económico del país y no sé si el gobierno esta en condiciones de jugar al conflicto”, opinó Rachadell.

Se pregunta si los jefes del ejecutivo más bien no están aconsejados por el sentimiento de luto tras la derrota.

“Pero realmente soy optimista. Tiene que haber alguien en torno al gobierno que aconseje a esa gente para que no cometan locuras”, dijo.

Lo ideal es que haya complementariedad, equilibrio de poderes y convivencia, en línea con las necesidades de la población, pues las encuestas previas a las elecciones señalaban que la gente común lo que quiere es que le resuelvan sus problemas más apremiantes.

“Por lo menos que prive el respeto y lo que los políticos de antes llamaban la sindéresis”, dice el jurista.

“Tenemos un juez que ve la pelea, que es el pueblo. No creo que el pueblo vaya a aprobar al gobierno y estar en contra de esa ley (la de amnistía) porque si el presidente no la quiere promulgar la promulga el presidente de la Asamblea Nacional”, dijo.

Si el gobierno logra levantar como única barrera a la sala Constitucional del TSJ para neutralizar a la nueva Asamblea, declarándolas en contra de la Constitución estaría en una situación muy difícil de sostener. “Y luego tendríamos toda la opinión pública mundial, que tiene todos los ojos sobre Venezuela”, opinó.

Recordó que en el pasado el mismo gobierno ha dictado decretos de sobreseimiento y el propio Chávez en su momento fue favorecido por un indulto.

“Una medida generosa de perdón contaría con el apoyo del pueblo y un populismo sin pueblo no tiene vida”, dijo sobre la posible amnistía.

Pero pocos apuestan a que Maduro estuviera dispuesto a abrir las rejas de unos presos liberados por la Asamblea.

“Soy optimista, pero la realidad puede llevar a otro lado. Pero si eso ocurriera esta gente estará cavando su propia tumba”, dice Rachadell.

Aquí no hay salida fácil 

Algunos políticos y votantes más radicales señalan que si Maduro y Cabello desacatan a la AN la conflictividad sólo podría ser resuelta con un mayor avance de la oposición en los otros poderes.

“Hay que tratar de salir de Maduro, pero de forma correcta, con procedimientos constitucionales como es el revocatorio”, opinó este jurista.

“Si hay un conflicto constitucional entre el presidente por un lado y la Sala Constitucional y la Asamblea Nacional, ahí eso lo dirime es el pueblo y es muy probable que salga Maduro como consecuencia de esa confrontación”, dijo.

“No solo se trata de una designación por las dos terceras partes de la Asamblea. Esas personas tienen que cumplir una serie de requisitos. Tienen que ser personas de reconocida honorabilidad, competencia, independencia política. Y los nombres que se citan ahí muchos de ellos no tienen esos requisitos. Incluso hay al menos uno de ellos que tiene prontuario penal, han sido condenados penalmente”, explica.

El diputado saliente y dirigente opositor Andrés Velázquez, de La Causa R dice que si Maduro interfiere con las labores de la Asamblea, habrá que buscar la forma de sacarlo con los medios constitucionales.

“La soberbia y la prepotencia son malas consejeras. El gobierno pareciera no haber entendido eso. No fue cualquier pronunciamiento. La distancia fue de dos millones y medio de votos de ventaja, algo contundente nunca visto”, dice sobre la base política que tiene la nueva Asamblea.

La necesidad de cambio que tiene el país convirtió esas elecciones en un plebiscito.

Al querer nombrar los nuevos magistrados “quieren tener un mayor control político del TSJ para no ser investigados”, afirma.

“La Constitución es muy clara en cómo se nombran los magistrados y ellos están fuera de la Constitución”, recalcó Velásquez.

“Eso lo que indica es una cosa. Tenemos un conflicto de poderes en el país. Eso va para allá, y va a obligar a buscar una solución de raíz en esta crisis”, dice Velásquez.

El dirigente histórico de Causa R no se postuló a la reelección porque tiene entre sus planes lanzarse otra vez a la gobernación del estado Bolívar.

“No podía ser candidato ahora y enero otra vez”, dijo.

Sobre un eventual adelanto de elecciones también de gobernadores (previstas para finales de 2016) dijo: “es posible, todo junto. El gobierno no puede paralizar al país”.

La Asamblea tiene unas atribuciones establecidas en la Constitución, pero si el gobierno no las acata, vamos a un adelanto de las elecciones presidenciales”, dijo Velásquez.

Un reconocido jurista miembro de un despacho de abogados de Caracas destaca las recurrentes evidencias de la confrontación ya en marcha y de la negativa del chavismo a aceptar la separación de poderes.

“El martes en la noche fue una declaración de guerra”, dice el experto sobre las palabras de Maduro desde la tumba de Hugo Chávez.

En ese acto el capitán Cabello dijo que había recibido instrucciones del presidente para traspasar la concesión del espectro radioeléctrico del canal de TV y la radio de la Asamblea Nacional a sus trabajadores chavistas. La orden fue dada de inmediato a Conatel, el regulador del espectro y de las telecomunicaciones.

En política exterior desconoce las atribuciones de la futura Asamblea que se propone revisar acuerdos que afecten los intereses del país.

“Sólo el poder controla al poder”, señala recurriendo a la máxima de Montesquieu para explicar la necesidad de un equilibrio.

“Se va a generar una inestabilidad política e incertidumbre. Y quién a venir a invertir en medio de una confrontación entre ejecutivo y legislativo”, se pregunta.

El diputado saliente Jesús Faría calificó en una entrevista en Globovisión como «una estrategia peligrosa» la intención de la oposición.

“Aquí va a haber un choque de poderes”, debido a que este sector “va con el claro propósito de torpedear” la gestión gubernamental.

“No pueden destituir a ningún poder público sin la autorización de otro poder público (…) Ellos no pueden estar por encima de las leyes”, sentenció.