¿Cuáles son los celulares más robados en Venezuela?

Otra de las consecuencias de las distorsiones económicas que sufren los venezolanos es la escasez de equipos telefónicos de última generación y los altos precios que tienen los pocos teléfonos que llegan al país, importados a tasa de dólar libre. Esta situación ha generado un incremento de robos y hurtos de estos aparatos por parte de grupos delictivos que los “cazan” para comercializarlos.

Los diversos modelos de la coreana Samsung se han convertido en los teléfonos más apetecibles para los delincuentes, por ofrecer grandes avances tecnológicos, pero sobre todo porque pueden ser “liberados” fácilmente para utilizarlos con las distintas operadoras del país.

Un jefe policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Ciminalísticas, que solicitó mantener su identidad en el anonimato para evitar represalias por parte de la directiva, explicó que el problema es que, como ocurre con otros delitos, la cifra negra es superior a la oficial, pues no todas las personas a quienes le hurtan o le roban un celular acuden a las oficinas policiales a denunciar los casos.

“Los teléfonos Samsung son un cheque al portador. Esos son los que más buscan los delincuentes en este momento porque son los más costosos. El iPhone, si se lo roban, sólo les puede servir para vender las piezas como repuestos, mientras que el Samsumg lo desbloquean, o muchas veces ya está desbloqueado y sólo deben cambiar la línea y volver a la configuración de origen y listo, tienen un teléfono nuevo”, explicó el jefe policial.

El funcionario indicó que, en estos momentos, los ladrones de teléfonos celulares saben que el equipo más económico -dentro de la gama de los teléfonos inteligentes- cuesta por lo menos 50.000 bolívares, lo que revendido en el mercado negro les reporta una ganancia importante.

El abogado y criminalista Luis Izquiel señaló que la incidencia de este delito es una consecuencia más de las limitaciones en la calidad de vida que ha sufrido el venezolano en los últimos años, a consecuencia del fracaso de los múltiples planes de seguridad implementados por el Gobierno y el crecimiento de los índices delictivos.

“El ciudadano sabe que no puede estar ostentando objetos costosos, ni equipos de última generación, porque por cualquier lado le aparece un ladrón. Estos teléfonos inteligentes los roban mucho y también los hurtan con destreza, pero la mayoría de las veces sorprenden a las personas en lugares donde se sienten más confiados de sacar los aparatos, pensando que allí no se los van a quitar”, señaló el experto.

Las estimaciones más conservadoras hechas por los expertos en materia de seguridad, señala que por cada cinco teléfonos celulares que son denunciados como robados, hay otros cinco que no son reportados.

“Muchas personas toman la previsión de esconder los teléfonos cuando está en la calle, los ponen en silencio o no responden si les suena cuando van por la calle, pero entonces llegan a lugares como las universidades, restaurantes, tiendas y lo sacan, confiados de que allí no se los van a quitar, y no piensan que en la Venezuela de ahora, en cualquier lugar puede haber un delincuente esperando la oportunidad para actuar. También sigue sucediendo en las colas en la autopista, porque sobre todo las mujeres, se confían y sacan su teléfono, sin pensar que los motorizados andan cazando”, explicó Izquiel.

Es por ello que el experto recomienda a los ciudadanos estar siempre alerta a su alrededor, antes de hacer uso de sus equipos celulares, y a evitar adquirir teléfonos muy costosos que sean apetecibles para los grupos delictivos.

Pasan los años y nadie resuelve

En Venezuela, fue a partir de 2009 y 2010 que la situación con los con los entonces populares BlackBerry comenzó a ser un tema de seguridad ciudadana, pues para ese entonces eran los equipos más modernos y buscados por la delincuencia.

Fue entonces en 2011 cuando desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, en trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se acordó la creación de una normativa técnica para el registro y bloqueo de equipos de telefonía móvil que fueran reportados como hurtados o robados.

En aquel momento, uno de los promotores de la iniciativa fue el ex diputado Ricardo Sánchez, que para ese entonces aún militaba en las filas de la oposición venezolana.

Esa norma fue publicada en la Gaceta Oficial número 39.759 y, entre otras cosas, contemplaba que las operadoras de telefonía móvil del país debían elaborar un registro de todos los códigos IMEI de los teléfonos que fueran reportados como robados, para su bloqueo definitivo, con el fin de evitar que fueran reactivados.

Esta normativa publicada por Conatel obliga a las teleoperadoras a actualizar diariamente el registro de las códigos IMEI, que es básicamente la “huella digital” del equipo, con el fin de que una vez que sea reportado como robado, no pueda ser activado con otra compañía telefónica.

“Lo que está pasando es que en lugares como Catia o Sabana Grande vas con el teléfono y consigues tiendas donde te los desbloquean por un precio muy por debajo de lo que cuesta el equipo, entonces hay todo un mercado informal que se presta para la comisión de ese delito, y lo peor, es que como pasa con muchos otros temas, nadie le presta atención”, advirtió Izquiel.

 El problema es la informalidad

En Venezuela también existe una Ley Especial Contra los Delitos Informáticos que contempla, en su artículo 7, una pena de hasta 8 años de prisión y 800 unidades tributarias para quien “destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías de información o cualquiera de los componentes que lo conforman”.

Además, la pena se puede aumentar hasta 10 años de prisión cuando la destrucción, el daño o la modificación se realice “mediante la creación, introducción o transmisión, por cualquier medio, de un virus o programa análogo”.

Sin embargo, la existencia de esta ley no ha evitado la proliferación de establecimientos que se dedican al desbloqueo, mediante el uso de programas que permiten modificar el código IMEI de los equipos para que puedan ser reutilizados.

Otro de los factores que ha incidido es la importación sin control de equipos celulares, pues para que un usuario pueda hacer el bloqueo del teléfono en Venezuela, lo debe haber adquirido con alguna de las tres operadoras telefónicas que hay en el país.

“Sucede que la gente viaja y compra los teléfonos liberados para que puedan usar las líneas venezolanas, pero esos teléfonos no aparecen registrados dentro de las compañías locales, entonces cuando se los roban, sólo pueden bloquear las líneas, porque en muy pocos casos el dueño del teléfono sabe el código IMEI”, comentó el funcionario del Cicpc.

El jefe policial además advirtió que en el caso de los equipos denunciados las personas sólo acuden a las policías cuando se trata de los teléfonos corporativos que le son asignados en las empresas donde trabajan, cuando los tienen asegurados, o cuando durante el robo los delincuentes se llevan algún otro objeto de mayor valor. “Es importante que la gente denuncie, porque también sucede que esos mismos equipos que les roban los utilizan para cometer otros delitos”, dijo.