La instalación del Parlamento –un hecho que debería ser absolutamente rutinario- pone a prueba la institución del voto y la existencia de la democracia en el país. Mientras las instituciones se preparan para chocar, la FAN asoma como el árbitro en la pelea.
Una cuña del Gobierno de la República Bolivariana destacaba que en revolución “lo extraordinario se hace cotidiano”. Sin embargo, toda la polvareda que se ha levantado alrededor de un hecho tan rutinario en una democracia como la instalación del Parlamento, parece invertir aquel eslogan y demostrar que en el proceso chavista lograr lo cotidiano se convierte en una empresa realmente extraordinaria.
“La primera gran prueba de si es posible o no reformar y democratizar el país por vía electoral es la toma de posesión pautada para este martes 5 de enero”, advierte Ángel Álvarez, doctor en Ciencias Políticas.
Álvarez evalúa los distintos escenarios que pueden presentarse en las próximas horas, a la luz de las declaraciones ofrecidas por el presidente Nicolás Maduro, la reacción de la Unidad Democrática y las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia sobre las impugnaciones de los diputados.
“Si esta toma de posesión es impedida por la fuerza, el mensaje que enviaría el Gobierno es que en Venezuela no hay ya espacio para que la mayoría imponga su voluntad por la vía del voto. Si se permite la instalación pero la oposición admitiera no juramentar a los diputados sujetos a medidas impuestas por la Sala Electoral, la MUD daría una pésima señal que la mostraría incapaz de defender la voluntad popular, con lo cual el voto como instrumento de cambio también quedaría devaluado. Finalmente, si se logra la juramentación de todos los diputados, se estaría dando el primer paso para democratizar y avanzar en ajustes por vía electoral y con respeto de la voluntad popular”, observa el académico.
Aunque dice comprender la “actitud de desacato” de la Unidad Democrática ante el TSJ, el profesor Guillermo Aveledo Coll reconoce que la situación es preocupante. “¿Qué impediría que otros poderes y entes públicos desacaten la autoridad de la AN? El argumento de tener una mayor legitimidad es una pendiente inagotable, puesto que una de las fuentes de nuestra crisis nacional es el desacuerdo sobre la legitimidad del poder”, sostiene el experto en Ciencias Políticas y Estudios Liberales.
A esta hora nadie sabe si todos los parlamentarios podrán sentarse en sus curules para iniciar una nueva legislatura, resalta Luis Gómez Calcaño, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela. Esta incertidumbre abre paso a otro protagonista en escena: la Fuerza Armada Nacional (FAN).
“La MUD ha llamado abiertamente a la FAN a proteger el desarrollo pacífico de la ceremonia. Y este llamado se explica por otro aspecto inesperado del proceso electoral: la percepción (no confirmada) de que el Gobierno se vio obligado a respetar el resultado por la presión directa ejercida por el Ministro de la Defensa y el Alto Mando, opuestos a la alteración o el desconocimiento de la votación”, enfatiza el sociólogo de la UCV.
Gómez Calcaño pone de relieve que “paradójicamente, después de haber luchado durante años contra la fusión entre el partido de Gobierno y los militares, ahora la oposición trata de percibirlos como un actor independiente, capaz de jugar el papel de árbitro y garantizar el respeto a los resultados”.
¿Y después?
Pero la historia no se acaba el 5 de enero. Al contrario, ese día marca el comienzo de un largo camino que los analistas vaticinan estará lleno de obstáculos y tensiones. “El país puede esperar un largo proceso de choque de poderes en el que los problemas principales (abastecimiento, inflación y delincuencia) no serán atendidos por el Ejecutivo pues, como anunció el Gobierno, su prioridad es ‘defender la revolución’, lo que se traduce en impedir el normal funcionamiento de la AN, mediante acciones de calle y la posible convocatoria de un legislativo paralelo no electo e inconstitucional”, opina Álvarez.
Aveledo Coll estima que la línea de confrontación asumida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no traerá alivio a los males que sufre la ciudadanía y solo podría detonar “un conflicto a mayor escala y tenor, que sí le dé la oportunidad de dar al traste con las burguesas instituciones de la Constitución de 1999”.
“El Gobierno redobla su sectarismo político (imponiendo su extinta mayoría para llenar el TSJ, asomando una estructura constitucional paralela e iniciando persecuciones internas) y su manejo ‘dirigista’ de la economía (aumentando impuestos en plena recesión y rehuyendo reformas obvias)”, apunta el catedrático de las universidades Metropolitana y UCV.
Álvarez – profesor del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello- considera que “en medio de un clima que probablemente sea de creciente tensión política y no habiendo arbitraje judicial posible, la balanza se inclinará hacia dónde lo decidan los que tienen en sus manos la garantía del orden”. Es decir: la Fuerza Armada.
“Es muy incierto el panorama para decir con certeza hacia dónde se inclinará la FAN, pero lo que es indudable es que su papel es clave a la hora de que se decida si la AN puede ejercer plenamente sus funciones legislativas, contraloras y de participación popular (convocando a referendos) o por el contrario, si queda anulada como rama del poder público nacional”, concluye.
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