Suiza, Andorra, Panamá: Los refugios de la corrupción rentista

A la luz de los Papeles de Panamá, comienzan a conocerse los casos que involucran a importantes figuras de la economía y políticas venezolanas. De este caudal de información irán surgiendo nuevos nombres de los viejos y nuevos ricos que nacieron al amparo de la corrupción propia de la cultura rentista.
– La impunidad promueve antivalores –
La corrupción es la principal causa de la ineficiencia del presupuesto público, toda vez que un enorme torrente de recursos se pierde por el desaguadero de las adjudicaciones directas, la sobrefacturación, los sobreprecios, el contrabando y la apropiación indebida de fondos públicos. Esto vuelve sal y agua los fondos que se destinan a financiar los programas sociales y las obras de interés nacional.
El Gobierno no actúa con firmeza y mucho menos con eficacia para combatir y derrotar la corrupción. Los frecuentes casos de altos gerentes de Pdvsa, Abastos Bicentenario, Conviasa, militares y funcionarios de ministerios y empresas públicas revelan hasta donde han penetrado las mafias de corruptos que proliferan en el caldo de cultivo de la impunidad. El silencio cómplice en tantos casos de corrupción que han escandalizado a la Nación termina implantando los antivalores que van corrompiendo a toda la sociedad. Solo una batalla frontal contra la corrupción y un castigo implacable a sus responsables podrán erradicar este terrible flagelo que erosiona la integridad ética y moral del país.
– ¿A quién le duele el desfalco de la renta petrolera? –
Cuando el ingreso fiscal de una Nación proviene de los impuestos que pagan los contribuyentes, los gobernantes están sometidos a una enorme presión para rendir cuentas y asegurar un uso eficiente y transparente de esos tributos. Pero cuando las arcas públicas dependen de una renta externa que no la aportan los contribuyentes, su desinterés e indolencia es aprovechado por los gobernantes que no encuentran mayores restricciones para disponer discrecional y arbitrariamente del tesoro nacional. La abundante renta derivada de la explotación de los recursos naturales termina siendo el manantial que alimenta el saqueo de las mafias que asaltan y secuestran los poderes públicos.
A diferencia de los impuestos que si le duelen a los contribuyentes y por cuyo uso exigen cuentas, el ingreso rentístico brinda la fuente de recursos para que el poder se ejerza sin diferenciar lo público de lo privado. Al inyectar a la circulación doméstica la cuantiosa renta que no es fruto del esfuerzo productivo interno, sino que proviene de la explotación de un recurso natural, surge y se expande un desmesurado afán por la riqueza fácil que da origen a las más variadas y asombrosas formas de corrupción.
La apropiación indebida de fondos públicos, la malversación de los presupuestos, el tráfico de influencias, el peculado de uso, el soborno, los sobreprecios, las empresas de maletín, los testaferros, las importaciones ficticias, la deuda externa fraudulenta, la fuga de capitales y muchas otras formas de corrupción se ponen en práctica para capturar la mayor tajada de la renta que sea posible, la cual es depositada en cuentas secretas en Suiza, Andorra, Panamá y los paraísos fiscales que ocultan la identidad de los clientes y no reparan en el origen de los fondos.
– La debilidad institucional –
La corrupción se exacerba ante un círculo vicioso en el que la debilidad institucional permite la concentración de poder en una sola persona, la cual a su vez se resiste a cederlo y prefiere debilitar aún más esas precarias instituciones, hasta que éstas finalmente terminan secuestradas y podridas por el burocratismo y la corrupción. Este flagelo se agrava en presencia de una abundante renta petrolera que permite disimular o tapar los enormes huecos que va dejando la corrupción.
Los gobernantes, al disponer de una renta que no proviene de los impuestos que pagan los contribuyentes, proceden a repartirla sin mayor transparencia. Los políticos populistas, en su afán por aferrarse al poder, conceden toda clase de dádivas a los diferentes grupos de presión económica, política y social, cada uno de los cuales teje su mejor argumento para hacerse merecedor del mayor pedazo de la renta, ofreciendo a cambio su lealtad política y electoral. Así, los incentivos perversos del populismo rentista también corrompen la dignidad de un pueblo a través del reparto de lisonjas y prebendas, exacerbando la cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del trabajo.
La corrupción florece en la debilidad institucional y se agrava por la gran discrecionalidad con la que actúa quien concentra cada vez un mayor poder. Quien administra los recursos públicos actúa sin rendir cuenta ante una débil ciudadanía que no dispone de los mecanismos institucionales para ejercer una eficaz contraloría social. En tales condiciones, es imposible poner bajo el escrutinio de la ciudadanía la forma como se administran los recursos públicos.
Si la gente no tiene la posibilidad de pronunciarse y tomar decisiones en los espacios que le son cruciales para su existencia, entonces no hay vías para que se desarrolle el poder ciudadano. Por eso, un asunto clave en la lucha contra la arbitrariedad y la corrupción tiene que ver con la descentralización de la toma de decisiones. Ningún Estado que pretenda la participación activa y protagónica puede ni debe administrarlo todo. La transparencia en las decisiones requiere un nuevo marco legal e institucional que active crecientes espacios para que la ciudadanía pueda decidir de manera directa y controlar el funcionamiento eficaz de esos mecanismos de decisión que afectan su vida cotidiana.]]>