Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional (AN), aseguró este sábado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene preparada una sentencia que busca destituir a la directiva del parlamento.
Durante una concentración opositora en Caracas que exigió al Consejo Nacional Electoral cumplir con los plazos legales y realizar un referendo revocatorio a Nicolás Maduro este año, Ramos Allup advirtió que la AN desacatará un fallo del Supremo de esa naturaleza.
Advirtió ante periodistas que los cargos de la directiva parlamentaria no fueron electos por una “mafia judicial”, sino por el pueblo.
“En la AN no vamos a a acatar ninguna decisión judicial que viole la Constitución porque nosotros estamos por encima de cualquier cosa, que esa mafia judicial que viola sistemáticamente”, aseguró el presidente de la AN.
También aseguró que el TSJ está preparando una autorización al CNE para imponer trabas a los requisitos, firmas y plazos del revocatorio.
Según Ramos Allup, la presidenta del Supremo, Gladys Gutiérrez, “vive en un fuerte militar, en Fuerte Tiuna, en una vivienda que le asignó el Ministerio de la Defensa”.
“Los otros zánganos y zánganas de Sala Constitucional han pedido formalmente vivienda en ese fuerte (…) En qué país del mundo la presidenta del TSJ tiene el arrojo, la devergüenza, el descaro, de vivir en un fuerte militar, en un cuartel”, afirmó.
Una nueva norma del CNE, a solo cinco días de terminar la inscripción de los testigos de mesa de los partidos, dificulta ahora la estrategia de la oposición. A última hora se cambian las reglas del juego
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, países del G7, cuestionan, además, que el CNE haya retirado la invitación a la UE como observadores de las presidenciales
Otras misiones internacionales sí podrán ser parte de los observadores durante las elecciones, pero no la Unión Europea. La negativa es una ratificación a la posición que tomó Elvis Amoroso, presidente del CNE, el pasado 13 de mayo cuando la UE expresó que mantendría las sanciones contra algunos funcionarios del Gobierno de Maduro
